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Nación decretó el barril criollo a u$s 45 y un freno a los despidos

El nuevo precio interno traerá alivio a la recaudación de las provincias productoras. Las petroleras deberán mantener su plantel al 31 de diciembre de 2019.

Fue un largo reclamo de las provincias petroleras: el presidente Alberto Fernández decretó que el precio del barril de crudo que desde ester martes rige en el país sea 45 dólares. Será así hasta 31 de diciembre, si es que no hay un cambio muy drástico en el mercado internacional. Para las provincias, la definición significa algo de alivio en medio de una caída generalizada de la recaudación, luego de tres meses de reclamos en un contexto de pujas dentro de la industria.

Además del nuevo precio, el decreto 488 fijó tres variables para establecer las retenciones en el sector: si la cotización del barril es igual o está por debajo de 45 dólares, la alícuota será 0%; si es igual o superior a 60, será del 8%. Por encima de 45 y debajo de 60 dólares, las retenciones tendrán un alícuota que irá de 0,53%, por caso en los 46 dólares por barril, hasta alcanzar los 7,47%, si el barril llegara a 59 dólares.

En el mismo decreto, el gobierno nacional también pospuso la suba del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono hasta el 30 de octubre, en un guiño a las refinadoras, que con el nuevo precio podrían ver reducido su margen de ganancias en un contexto de crudo bajo a nivel mundial.

En este contexto, la normativa sostiene que se buscó una relación equitativa de costos y beneficios entre las refinadoras y las productoras y que luego de consultar a los actores del sector, el gobierno nacional "ha concluido que el precio de petróleo crudo que aquí se establece refleja adecuadamente dicha distribución equitativa entre productores y refinadores".

Matías Kulfas on Twitter

En Argentina, el nuevo precio quedó fijado hasta el último día del año o bien hasta que la cotización internacional del crudo Brent supere durante diez días consecutivos al nuevo valor del mercado doméstico, según determina el decreto firmado también por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y su par de Economía Martín Guzmán.

El decreto menciona que la secretaría de Energía de la Nación deberá "controlar el cumplimiento de planes de inversión de las productoras" y que “procuren sostener los niveles de producción declarados en 2019 así como también mantener las fuentes de trabajo y los contratos vigentes con las empresas de servicio regionales”, teniendo en cuenta el actual contexto de la pandemia y el impacto en el sector, con la cadena de pagos rota y unos 25 mil trabajadores en su casa tan solo en la Cuenca Neuquina.

La mediada además establece que las refinadoras y comercializadores deberán adquirir el “total de la demanda de petróleo a productoras locales”, poniendo un cerrojo a las importaciones de crudo en un momento de restricciones del mercado interno y precios internacionales ahora por debajo del valor del barril en Argentina.

El mismo tipo de protección regirá para los “productos que se encuentren disponibles en el mercado interno y/o respecto de los cuales exista capacidad efectiva de procesamiento local”.

Si bien el decreto establece un barril a 45 dólares hasta el 31 de diciembre, el ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación tendrá la facultad de modificar trimestralmente el precio del crudo y de revisar “el alcance de la medida dispuesta sobre la base de parámetros de volumen de producción y niveles de actividad e inversión”.

Sobre este punto, la norma dice que durante su plazo de vigencia, las productoras deberán “sostener los niveles de actividad y/o producción registrados durante el año 2019”, si bien “tomando en consideración” la “contracción de la demanda local e internacional” de crudo y derivados y "mantener la planta de trabajadores y trabajadoras que tenían al 31 de diciembre" del mismo año.

En los argumentos, el texto, entre otras, hace dos citas a la ley nacional 26.741 que declaró de utilidad pública a YPF en mayo de 2012. En una pone sobre relieve el interés público de lograr el autoabastecimiento fijado por esa norma. Y en la otra, la enumeración de los principios de la política hidrocarburífera argentina detallada en esa ley que coloca a los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo de toda la economía, las provincias y regiones.

También el gobierno nacional menciona las anteriores intervenciones del Estado en la gestión Fernández: entre ellas el techo del 8% de las retenciones, los aportes para el pago de sueldos en las empresas (ATP) y la aplicación de licencias no automáticas para importar crudo, motonaftas y gasoil.

Hay además en el texto una definición vinculada a la macroeconomía y la presión sobre los dólares del BCRA: "las empresas productoras no accederán al mercado de cambios para la formación de activos externos ni adquirirán títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera o transferencia de custodia al exterior", establece el decreto.

De este modo termina una larga serie de idas y vueltas entre las provincias, el gobierno nacional y el sector petrolero. Nación intentó buscar un acuerdo con las petroleras y refinadoras el 6 de mayo pasado, a través de una videoconferencia que también incluyó a gobernadores. Sin ese acuerdo, finalmente Nación optó por ayudar a las golpeadas economía de las provinciales.

En marzo las provincias con áreas petroleras habían comenzado el reclamo de un barril a 54 dólares para el mercado interno, cuando la Ofephi, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, con Neuquén a la cabeza, comenzará a promoverlo en medio del derrumbe mundial del barril. Luego se sumaría el freno en el sector cada vez más contundente por la pandemia.

Los nueve dólares por debajo que finalmente consiguieron las provincias serán, también, una señal de precios pero leída en clave de futuro: el incremento de la demanda, es decir, la mayor producción está atada, como en el resto del mundo, a las condiciones de la cuarentena y la actividad económica.

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