El Gobierno de Mendoza busca modernizar la ley de hidrocarburos y sumar a Vaca Muerta.
Mendoza impulsa una nueva ley de hidrocarburos para desarrollar Vaca Muerta
La iniciativa busca atraer inversiones, recuperar producción en áreas maduras y crear un marco específico para los proyectos no convencionales en Malargüe.
El Gobierno de Mendoza mandó a la Legislatura un proyecto para reformar la ley de hidrocarburos vigente. La idea es reforzar el dominio provincial sobre los recursos, pero puesta al día con los cambios productivos y tecnológicos de las últimas dos décadas, incluida la Ley Bases.
La iniciativa busca sumar herramientas para atraer inversiones, subir la producción en las áreas maduras y abrir condiciones para el desarrollo no convencional de Vaca Muerta en la provincia. La presentó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, en la Cámara de Diputados, junto al presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, y los directores Lucas Erio y Bruno De Pasquale.
"El objetivo es actualizar la norma a las necesidades actuales de una industria que está pasando por una gran reconversión y en la que Mendoza debe proyectarse para los próximos 50 años", dijo Latorre. La funcionaria remarcó que la provincia seguirá con reglas claras y políticas de largo plazo para las empresas del sector.
Dos realidades productivas
El proyecto reemplaza una norma que ya tiene casi 20 años y la adapta a las dos realidades de la producción mendocina. En las cuencas de la provincia hay yacimientos convencionales maduros, donde el desafío es sostener la actividad y estirar la vida útil de los pozos con tecnología nueva.
En la Cuenca Neuquina, sobre todo en Malargüe, el potencial está atado al desarrollo no convencional de la lengua mendocina de Vaca Muerta, que pide inversiones de otra escala y condiciones pensadas para el largo plazo. Son dos lógicas distintas y la ley busca contemplar ambas.
Por eso el proyecto habilita un régimen más flexible para definir regalías, incentivos e inversiones según las características de cada área. También suma de manera expresa la explotación no convencional, actualiza las obligaciones ambientales y prioriza a proveedores y trabajadores locales.
Un nuevo esquema para regalías e inversiones
Uno de los cambios más fuertes está en el sistema de regalías. Hoy la ley fija una regalía general del 12% sobre la producción, con la posibilidad de bajarla hasta el 5% según el proyecto.
La nueva norma propone otra lógica para las futuras licitaciones: la regalía de referencia sube al 15%, pero las empresas podrán ofrecer un porcentaje mayor o menor al presentar sus propuestas. Así, la Provincia podría pedir más en proyectos con mejores números o aceptar menos para destrabar una inversión en campos maduros.
La adjudicación, además, no dependerá solo de la regalía ofrecida: también pesarán el valor total del proyecto, la producción prevista y el monto de inversión comprometido, que tendrá un peso central en la fórmula final.
El texto habilita incentivos para movilizar inversión en áreas donde recuperar producción es más difícil. El Ejecutivo podrá bajar regalías para reactivar pozos inactivos, sumar exploración complementaria o impulsar crudos pesados y proyectos de recuperación mejorada.
En esos casos puntuales, las regalías podrían caer incluso por debajo del 5%, siempre con un fundamento técnico detrás. También se podrá compensar parte del canon de explotación cuando una empresa arriesgue en exploración, si invierte al menos el doble de lo que busca compensar.
Para los permisos de exploración, el canon de una prórroga podrá reducirse hasta un 80%. Son herramientas pensadas para destrabar proyectos que hoy no cierran los números con la normativa actual.
Vaca Muerta en una ley provincial
Otro cambio central es la llegada de las concesiones de explotación no convencional, una figura que la ley de 2006 ni contemplaba. El proyecto habilita que las concesiones existentes se reconviertan a este régimen, siguiendo la legislación nacional.
Esto tiene un peso especial para Malargüe y para la lengua mendocina de Vaca Muerta, donde desarrollar los recursos exige inversiones intensivas, plazos más largos y reglas distintas a las de un yacimiento convencional ya maduro.
El proyecto también endurece las responsabilidades ambientales durante todo el ciclo de vida de un yacimiento, desde la exploración hasta el cierre y el abandono definitivo del pozo.
Las compañías deberán prevenir y mitigar impactos, hacer los monitoreos correspondientes y, si hace falta, recomponer el ambiente. También tendrán que prever el cierre de pozos, instalaciones y ductos, y el saneamiento de los pasivos que dejen atrás.
La ley marca, además, que irse de un área no borra las obligaciones ambientales generadas mientras se operó ahí. Cada dos años, las empresas deberán presentar una Declaración Jurada de Buenas Prácticas, pública, sobre comunidad, ambiente, proveedores locales y seguridad.
Minería e hidrocarburos, un mismo territorio
La iniciativa suma reglas para ordenar la superposición entre derechos mineros y proyectos hidrocarburíferos, algo cada vez más frecuente por el crecimiento de la exploración minera en la provincia.
Como principio, ambas actividades deberán buscar la coexistencia y compatibilizarse a nivel técnico, ambiental y operativo. La superposición de proyectos, por sí sola, no hace caer ningún derecho: las partes deberán intercambiar información y buscar la forma de convivir.
Cuando la convivencia sea imposible o genere riesgos para la seguridad o el ambiente, el Poder Ejecutivo resolverá con intervención de ambas autoridades y previa audiencia a los interesados, mirando las inversiones ya hechas y las comprometidas a futuro.
La reforma cambia también el sistema de multas, hoy expresado en pesos y desactualizado. Las nuevas sanciones tomarán como referencia el precio de la nafta súper y clasificarán las infracciones en leves, graves, muy graves y gravísimas.
El texto fija criterios para graduar cada sanción según la gravedad, el daño generado, el beneficio económico de la empresa y su conducta para corregir la falta. Se crea, además, una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera para financiar inspecciones y fiscalización, que no podrá superar el 0,8% de las regalías.
La autoridad de aplicación seguirá siendo el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, encargada de controlar la producción y supervisar los pozos desde la perforación hasta su abandono definitivo.
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