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El sector minero plantea su propio "blindaje"

Funcionarios opinan sobre el contexto actual de esta industria. Los inversores quieren un mejor clima de negocios.

Hernan Dobry - Especial

La llegada de nuevas inversiones mineras al país dependerá de las políticas que adopte el gobierno de Alberto Fernández para darle previsibilidad al sector, del acceso a la compra de divisas y la libertad para girarlas al exterior y del resultado de la restructuración de la deuda soberana, afirman los titulares de Minería de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza, Santa Cruz en exclusiva para +e.

“Se necesita confianza en un marco minero judicial y no administrativo. Seguridad jurídica. Apoyo al inversor – resalta el secretario de Minería y Energía de Salta, Ricardo Alonso -. El valor del dólar, el giro de utilidades y la falta de confianza también nos dejan fuera de nuevas inversiones. Si se cambian las reglas de juego con las retenciones o nueva carga impositiva, eso las desalienta y se van a otros países”.

El secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, Miguel Soler, concuerda y agrega que cada vez “cuesta más atraer inversiones. El tema de la deuda genera más incertidumbre. Hasta que la Argentina no muestre previsión a largo plazo, reglas claras y que no se disparen los costos, no van a llegar”.

La empresa Eramet anunció el miércoles que suspendió su plan de inversión de 600 millones de dólares que tenía previsto realizar en el país para construir una planta con la capacidad de producir 24.000 toneladas de carbonato de litio en el salar Ratones, en la provincia de Salta.

“El contexto en la Argentina y el clima económico más amplio no nos permite en este momento lanzar con serenidad el proyecto”, explicó su CEO, Christel Bories, durante la presentación de sus estados contables en París. La directiva, le he había pedido definiciones sobre la posibilidad de acceder a la compra de dólares y el giro de divisas a Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron durante la gira de Fernández por Francia a comienzos de febrero.

Este es uno de los principales escollos que están teniendo las compañías extranjeras a la hora de decidir si se instalan en el país. Desde el gobierno nacional están al tanto de esta situación y saben de la importancia que tiene el sector tanto como fuente de generación de empleo y divisas por nuevas inversiones y por exportaciones, señala el ministro de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone.

Su desarrollo podría traerle al país fondos por 27.641 millones de dólares, ya que hay diez proyectos de cobre que precisan de 19.255 millones de dólares para su explotación, seis de oro que requieren de 1.390 millones, 14 de plata que necesitan de 2.696 millones y 20 de litio que esperan desembolsos de 4.300 millones para avanzar, según datos oficiales.

Por eso, el Gobierno está buscando crear un marco similar al que planea implementar para Vaca Muerta para “blindar al sector”. “Estamos compatibilizando visiones con las autoridades ambientales, para cubrir con los postulados del presidente de desarrollar la actividad minera en el país. El camino es el de San Juan. El país necesita recursos, pero hay que tener en claro que no podemos impedir la inversión futura”, explica el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel.

Otro problema para las empresas son los cambios en las reglas del juego, en especial en lo que respecta al cobro de las retenciones. Durante el gobierno de Mauricio Macri, habían sido eliminadas y al final de su mandato las subió al 12% con un tope de cuatro pesos por dólar.

Luego de asumir, Fernández las bajó al 8% pero sin límite por lo cual son aún más altas que con la alícuota anterior, señala un ex funcionario de Cambiemos de la Secretaría de Minería de la Nación. “Este es un ejemplo chico de cómo cambiamos. Como país, vamos de un lado para otro y eso te pone un riesgo mayor y te reduce la rentabilidad”, resalta Soler.

El gobierno nacional aún no ha reglamentado esta normativa por lo cual tampoco se están implementando estas modificaciones. Según Esteban Tejada, presidente de la estatal Fomento Minero de Santa Cruz, “esto se va a normalizar pronto ya que las retenciones son necesarias para el ingreso de divisas al país”. Incluso, señala que “están trabajando para bajarlas a niveles de entre el 5 y el 8%.

Si bien estos problemas afectan también a los proyectos que ya están en marcha, la mayoría sigue su curso normalmente. “La industria se está moviendo. Los que ya factibilizaron están trabajando, al igual que algunos de los que están explorando”, destaca Micone.

Soler concuerda, pero agrega que “se han incrementado los costos de producción por la inflación y en ingresar y sacar las divisas, a lo que se le suma la incertidumbre por la caída del precio internacional del litio”.

Por eso, Alonso hace hincapié en que el Gobierno debe hacer todo lo posible para que las empresas que ya están en el país continúen con sus proyectos como lo venían haciendo hasta ahora. “Más que atraer nuevos inversores hay que conservar los que ya tenemos. La Argentina tiene un potencial enorme para salir adelante con la minería. Esperemos que no sea parte de otro sueño fracasado”, concluye.

Provincias con problemas

Mendoza y Chubut están intentando aprobar leyes que permitan el desarrollo de la minería metalífera en su territorio. La primera había logrado pasar una normativa a fines de diciembre de 2019 y el gobierno local debió derogarla una semana después, luego de que grupos ambientalistas movilizaran a la población en las calles de la capital y las principales ciudades.

“Estamos en un estado de recalcular ante una falta de licencia social en algunas partes. Hay que revisar lo que se envió. Fallamos desde la comunicación. La población no entendió los beneficios que tiene la actividad minera”, explica su subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.

La decisión del gobierno de Rodolfo Suárez de dar marcha atrás con la ley luego de las manifestaciones provocó preocupación en las demás provincias, pero especialmente en Chubut, que buscaba impulsar una medida que permitiera la actividad minera metalífera en su territorio.

La administración de Mariano Arcioni quería habilitar la explotación de oro y plata en la zona de la meseta, donde la desocupación llega hasta el 60 por ciento de la población. Debió dar marcha atrás luego de que se conocieran los desmanes que se produjeron en Mendoza.

“Lo que ocurrió paralizó totalmente lo que pensaba hacer el gobierno de Chubut por temor a sufrir protestas similares. Van a tener que esperar un buen tiempo para poder volver a retomar el tema”, concluye el ex funcionario de Cambiemos de la Secretaría de Minería de la Nación.

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