Los Azules, uno de los proyectos mineros de la cordillera.
Argentina y Chile destraban tres megaproyectos de cobre en la frontera y apuntan a reducir la brecha minera con el país vecino.
El mes de agosto cierra con una novedad que sacude a la minería de Sudamérica: Los gobiernos de Chile y Argentina aprobaron protocolos de operación (PAE, Protocolos Adicionales Específicos) para tres proyectos mineros ubicados en la frontera cordillerana. La medida alcanza a Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, en un distrito impulsado por Lundin Mining y BHP, todos emplazados en la cordillera de los Andes, en la zona fronteriza compartida entre la provincia argentina de San Juan y la Región de Atacama chilena.
El marco legal detrás de este avance es el Tratado de Integración y Complementación Minera, un acuerdo firmado en 1997 que se reactivó en julio de 2026 tras décadas de escaso progreso. La Comisión Administradora del tratado sostuvo dos sesiones en poco más de un mes: la primera el 7 de julio en Buenos Aires, y la segunda el 27 de agosto en Santiago. Esta instancia de coordinación había permanecido inactiva desde 2024.
Del encuentro en Chile participaron el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero; el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres; el subsecretario de Minería chileno, Álvaro González, y el director de Integración Económica Latinoamericana y el Caribe, Marcos Stancanelli.
El distrito transfronterizo abarca 35 kilómetros y proyecta más de siete operaciones futuras. Según expuso el vicepresidente de Infraestructura de Lundin Mining, Eduardo Flores, la producción anual alcanzará las 500 mil toneladas de cobre, 800 mil onzas de oro y 20 millones de onzas de plata. La puesta en marcha de José María está prevista para 2030, mientras que Filo Sur comenzaría en 2037.
El ministro chileno de Minería, Daniel Mas, informó este mes que el tratado habilita más de US$20.700 millones en inversiones y suma alrededor de 540.000 toneladas a la producción anual de cobre a nivel global.
Del lado argentino, la cartera de proyectos beneficiados incluye a Los Azules, de McEwen Copper; El Pachón, de Glencore, y Vicuña, el proyecto transfronterizo de cobre de Lundin Mining. Vicuña ya dio señales de que planea utilizar agua desalinizada del Pacífico, un recurso que dependería justamente de la infraestructura chilena habilitada por el tratado.
Dentro del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), los proyectos aprobados representan compromisos por unos US$22.000 millones, según datos oficiales recogidos por Dossierweb. Desde el Gobierno argentino consideran que la coordinación con Chile podría acelerar la construcción de infraestructura, ampliar la participación de proveedores locales y generar empleo calificado en San Juan.
El atractivo central para los inversores radica en la posibilidad de que los proyectos argentinos cercanos a la frontera accedan a puertos chilenos y aprovechen infraestructura vinculada a la mayor industria productora de cobre del mundo, como plantas desalinizadoras. Esto reduce costos, acorta rutas de transporte y facilita la puesta en marcha de nuevas minas.
Lucero remarcó el rol estratégico de la región: "Argentina formará parte de la zona que generará más de la mitad del cobre del mundo. Tengo claro que, de acá a 10 años, tiene que haber maximizado la oportunidad que tiene en el cobre; eso es lo que realmente va a dar vuelta la página, y es un imperativo que tenemos que cumplir", según publicó el medio peruano Energiminas.
Por su parte, González sostuvo: "Con estos protocolos avanzamos desde la reactivación del Tratado hacia resultados concretos", de acuerdo a la misma fuente.
Los datos del Ministerio de Economía chileno, muestran la magnitud de la brecha regional: Argentina exportó minerales por US$6.037 millones en 2025 (6,9% de su comercio exterior total), mientras Chile exportó US$63.000 millones en minería (cerca del 60% de sus envíos externos) y Perú, US$61.000 millones (68% de su total exportador).
En otras palabras, las ventas externas del sector minero de Chile resultan nueve veces mayores que las argentinas, y las peruanas, siete veces superiores.
Pese al avance en los protocolos, ambos gobiernos no fijaron un cronograma cerrado. González indicó a medios locales que no existe todavía un calendario definido para concretar los cambios evaluados.
Cabe destacar que Argentina no registra producción activa de cobre desde el cierre de la mina Alumbrera en 2018, aunque analistas del sector proyectan que los emprendimientos en marcha posicionen al país entre los diez principales productores mundiales para 2030.
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