San Juan: Gualcamayo asegura 20 años más de operación

El proceso que culminó con la renovación de la licencia ambiental del yacimiento Gualcamayo se erige como un caso de estudio en gestión regulatoria dentro del sector minero de San Juan. La etapa de evaluación formal se inició en abril de 2023, ejecutándose estrictamente bajo el marco legal provisto por el Decreto 07-2024. Este marco normativo establece los lineamientos y las exigencias que deben cumplir los proyectos de gran envergadura para asegurar la sostenibilidad y la protección ambiental a largo plazo.

El trabajo fue canalizado y supervisado por la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), una entidad técnica compuesta por expertos de diversas disciplinas. La coordinación de esta compleja instancia recayó en la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM). La eficiencia operativa de estos organismos permitió que el análisis de la documentación y los planes de gestión se completara en seis meses exactos desde la presentación formal. Este cumplimiento riguroso de los plazos reglamentarios no solo demuestra la celeridad del organismo de control, sino también la solidez y la preparación técnica del material presentado por la operadora.

Para un público especializado, este hito temporal es crucial, ya que minimiza la incertidumbre regulatoria y permite una mejor planificación de las inversiones y las fases de desarrollo subsiguientes. La evaluación abarcó aspectos críticos como la gestión de residuos, el uso de recursos hídricos, el cierre de minas y, fundamentalmente, las proyecciones de impacto a lo largo de las nuevas fases operativas.

Carbonatos profundos, un horizonte de dos décadas

La formalización de esta aprobación se materializó mediante la Resolución 596-MM-2025. Esta resolución tiene un impacto directo y transformador en el futuro operativo de la mina Gualcamayo, al otorgar la renovación de su licencia ambiental. El objetivo central de esta renovación es permitir el avance inminente del Proyecto Carbonatos Profundos, una iniciativa estratégica que busca acceder a reservas minerales situadas a mayor profundidad.

El desarrollo de Carbonatos Profundos está proyectado para extender la vida útil del yacimiento por al menos 20 años más. Este horizonte temporal de dos décadas revalida la posición del yacimiento como un actor clave en la matriz productiva regional. Actualmente, el emprendimiento se encuentra en una etapa crítica: la ingeniería y factibilidad técnica y económica. Esto implica que los análisis de diseño, los estudios geológicos detallados, y la evaluación de la rentabilidad del capital están en curso, con miras a la toma de decisión final de inversión.

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La magnitud del proyecto, garantizada por la extensión de 20 años, asegura la continuidad de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, además de una previsibilidad fiscal y económica significativa para las jurisdicciones involucradas. La Resolución 596-MM-2025 es, por ende, una señal de confianza regulatoria hacia la inversión de capital intensivo necesaria para este tipo de desarrollos.

Historial de cumplimiento normativo

La reciente aprobación se inscribe en un largo historial de cumplimiento ambiental por parte del yacimiento. La autorización inicial para el inicio de las operaciones de Gualcamayo data del año 2007, cuando fue aprobada su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) original.

La normativa ambiental minera exige un monitoreo y una revisión constantes. En consonancia con este requisito, la operadora ha cumplido con la presentación de las actualizaciones de su Estudio de Impacto Ambiental de manera bianual. Estas actualizaciones son documentos técnicos exhaustivos que detallan las labores ambientales realizadas en el período precedente y, de igual manera, establecen las proyecciones detalladas y los compromisos para la siguiente etapa operativa del yacimiento.

Este ciclo de actualización bianual es fundamental para asegurar que las prácticas de la mina se adapten continuamente a las mejores técnicas disponibles y a la evolución de los estándares ambientales nacionales e internacionales. El rigor en la presentación y aprobación de estos informes a lo largo de los años fue un factor determinante para la fluidez y el resultado positivo del proceso de evaluación del Decreto 07-2024.