¿Chile y Argentina retoman el tratado minero? Se acerca una reunión clave para el cobre

El 7 de julio de 2026, Chile y Argentina retoman en Buenos Aires las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera (TICM), el instrumento jurídico que desde el año 2000 regula el desarrollo de proyectos mineros en la frontera cordillerana. La cita marca el cierre de un ciclo de gestos diplomáticos iniciado en abril y confirma la decisión de ambos gobiernos de destrabar la institucionalidad que durante años permaneció prácticamente inactiva.

El proceso se aceleró en pocas semanas. El 14 de abril, en el marco de Cesco Week 2026, el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, se reunió con el secretario de Minería argentino, Luis Lucero. En esa instancia, el Gobierno chileno ratificó a Rodrigo Urquiza, encargado de Asuntos Internacionales de Cochilco, como secretario ejecutivo del tratado por el lado chileno. Mas fue explícito sobre el objetivo: "Existen grandes oportunidades de cooperación e integración con Argentina, especialmente en el ámbito minero, y donde nosotros podemos colaborar en temas de conocimiento, logísticos, entre otros", según decaraciones publicadas en Diario Financiero.

Casi un mes después, el 6 de mayo, durante la Expo San Juan Minera 2026, el subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, y Lucero confirmaron la fecha del relanzamiento formal. González sintetizó el espíritu del encuentro: "Observamos la oportunidad de avanzar en importantes desafíos de cooperación e integración en el ámbito minero".

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Cordillera de los Andes, frontera entre Chile y Argentina, escenario del tratado minero binacional.

Imortancia actual del tratado

Firmado el 29 de diciembre de 1997 en San Juan y Antofagasta, el tratado consta de 23 artículos y dos anexos, y se complementó con un Protocolo de 1999. Su función es coordinar aspectos regulatorios, aduaneros, tributarios, laborales y de infraestructura para que un mismo yacimiento o distrito minero pueda operar a ambos lados de la cordillera bajo reglas comunes. La herramienta operativa central son los Protocolos Adicionales Específicos (PAE), que definen condiciones particulares caso a caso para cada proyecto fronterizo.

La urgencia por modernizar su aplicación responde a un cambio de escala en la industria. Donde antes había yacimientos aislados, hoy existen distritos mineros integrados como Vicuña —que combina varios depósitos cupríferos de clase mundial—, además de Los Azules y Lunahuasi. Según especialistas del sector, el principal obstáculo no es la falta de marco legal, sino su aplicación práctica: negociaciones sin plazos definidos ni una ventanilla binacional única.

La sesión del 7 de julio definirá el ritmo real de esta segunda etapa del tratado. Entre los temas pendientes figuran la creación de una ventanilla binacional, plazos administrativos claros y protocolos diseñados para distritos completos, no solo para proyectos individuales. El resultado de ese encuentro será determinante para destrabar inversiones que, en algunos casos, llevan años a la espera de un marco regulatorio que las dos cancillerías parecen finalmente dispuestas a actualizar.