Rafecas archivó la causa del gasoducto: denuncias "apresuradas" e "inconducentes"

El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa abierta tras denuncias presentadas por supuestas irregularidades en la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, al considerar que no se constató ningún delito y que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia la puesta en funcionamiento de la obra.

Rafecas aseguró en su fallo que todos los señalamientos han sido descartados por no ser ciertos, y concluyó que la justicia federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal.

Tras reunir documentación sobre la licitación y consultar con expertos en la materia, el juez concluyó que “sólo queda disponer el archivo de estas actuaciones, sin dejar de mencionar, que este Tribunal ha actuado con la máxima premura en pos de desentrañar los sucesos y arribar a una conclusión”, según surge del fallo de 222 páginas. Rafecas consideró que las denuncias fueron "apresuradas" e "inconducentes".

La investigación se inició tras una denuncia pública de Matías Kulfas en el marco de su salida del gabinete del presidente Alberto Fernández llevada por dirigentes macristas a tribunales. Los denunciantes fueron el abogado Santiago Dupuy de Lome y los diputados de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña y Waldo Wolff.

El magistrado consideró que el proceso de compra de los caños "se viene desarrollando conforme a las normas" después de escuchar a varios testigos entre los que se incluyeron expertos en la materia y el propio Kulfas, quien fue echado del Ministerio de Producción por su denuncia, que involucraba al kirchnerismo en corrupción. No obstante, ante el juez el ex ministro cambió la versión.

Para Rafecas, según fuente de Comodoro Py, la investigación perdió sentido cuando quedó comprobado que los dichos que la generaron "no son ciertos".

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Del archivo de la causa trascendió que el magistrado dejó expresado que “la Justicia Federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal”. Además, se conoció que Rafecas también escribió que su tribunal actuó "con la máxima premura en pos de desentrañar los sucesos y arribar a una conclusión".

Agregó que "en esta causa, tuve plena conciencia, desde el primer momento, de la enorme trascendencia del asunto, de la importancia estratégica que este gasoducto tiene desde el punto de vista energético y para la economía nacional".

Luego advirtió que "si hay algo que nunca debería hacer la Justicia es constituir un factor de distorsión, de entorpecimiento o de interferencia en políticas públicas, cuando sea llamada a intervenir a partir de la formulación de denuncias que, a poco de andar, se revelan como inconducentes para sostener un caso penal”.

El mismo día que Rafecas archivó la causa, la empresa Enarsa firmó la compra de los caños con la empresa SIAT, del grupo Techint, que encabeza Paolo Rocca.

Kulfas dijo antes y después de irse del gobierno que funcionarios afines a la vicepresidenta Cristina Fernández direccionaron la licitación a favor de la empresa de Rocca. Después se desdijo, pero para entonces desde el macrismo ya habían activado la intervención del Juzgado de Rafecas, con Carlos Stornelli como fiscal.