Consulta

Mapuches: la consulta, en debate por el gasoducto Kirchner

Neuquén se apura a reglamentar la "consulta indígena" para dar viabilidad al proyecto. Un mecanismo complejo desde lo político y jurídico que nunca se aplicó.

La polémica por el freno al gasoducto Néstor Kirchner, que promete evacuar parte del shale gas que se produce en Vaca Muerta, dejó pendiente un tema que tiene que resolver la provincia de Neuquén: cómo reglamentar la denominada “consulta indígena”, para que haya un marco de acuerdo de convivencia entre las comunidades, el Estado y las empresas de extracción hidrocarburífera.

Hasta ahora, los conflictos se vienen resolviendo de manera informal, como una suerte de costumbre viciosa, expuesta a interpretaciones políticas: los actores indígenas hacen reclamos por daños ambientales -en territorios algunos en discusión- y las operadoras terminan aplacando el debate con una reparación económica.

Mientras, el Estado no puede articular de la mejor manera el proceso de consulta, para aliviar estas tensiones, establecido en el artículo 6 del Convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que nada tiene que ver con indemnizaciones sino que, por el contrario, insta a hacer partícipes a los pueblos originarios de los temas donde el Estado pueda afectarlos.

Este círculo vicioso parece haber llegado a un límite y desde el gobierno provincial se inició una discusión legal con el fin de reglamentar esta consulta, precisamente en este contexto donde el gasoducto de Tratayén a Salliqueló pasará por tierras que la Confederación Mapuche del Neuquén dice que están dentro del relevamiento territorial.

La única comunidad que pasa por esas tierras no tiene aún personería jurídica y se autodeterminó en 2017, que es la Fvta Xayen, la misma que llegó a un acuerdo con el Ministerio Púbico Fiscal luego de una denuncia por usurpación de campos. Los integrantes de esa comunidad reconocieron la falta y no fueron condenados. Sin embargo, aún persiste un conflicto en 200 hectáreas de la familia Galván, muy cerca de la traza del gasoducto. ¿Puede entonces el Estado provincial dar legitimidad a ese reclamo a una comunidad que está reconocida? La respuesta es compleja, porque, en definitiva, pocos quieren el conflicto.

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El gasoducto es considerado por el Estado una obra clave, más allá de la consulta a los pueblos originarios.

El gasoducto es considerado por el Estado una obra clave, más allá de la consulta a los pueblos originarios.

La pregunta también atraviesa por si la consulta indígena es vinculante y si tiene el “poder de veto” de los proyectos que propone el Estado. Y si es así, ¿qué sentido tiene consultar a las comunidades cuando ya hay un tema de fondo no resuelto? Si el Estado nacional tomó la decisión de hacer un gasoducto (que se supone es un interés público mayor no solo a las personas mapuches sino también a la totalidad de los ciudadanos), ¿cómo debería reglamentare esta consulta?

Una mirada legal

Marcela Serrano es abogada constitucionalista de la Universidad Nacional del Comahue y hace poco fue invitada por el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, a través del Instituto de Derecho de los Hidrocarburos a una charla, a propósito del contexto del gasoducto, donde se reflotó el debate sobre cómo aplicar el Convenio 169 de la OIT.

Para que el goce de los derechos de los pueblos indígenas sea eficiente y eficaz, la consulta debe ser previa a la toma de decisión por parte del Estado, para proporcionar el tiempo suficiente para la discusión interna, dentro de la comunidad, y poder brindar una adecuada respuesta a través de una comunicación constante entre las partes”, indicó la letrada a +e.

Indicó que el Estado tiene que tener “un rol activo brindando la información que obre en su poder con aquellos estudios o documentos que pudieran evidenciar los posibles riesgos de la medida en consideración, a propósito del requisito de ser ‘informada’ y debe sustanciarse de buena fe, libre y respetuosa de los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones”.

En este sentido, Serrano describió: "La consulta es un proceso especial y diferenciado cuya finalidad es garantizar la efectiva, libre, informada y previa participación de los pueblos indígenas en el trámite de toma de decisiones administrativas o legislativas que pudieran afectarlos directamente, en materia de recursos naturales existentes en sus tierras, respecto a su capacidad de transmitir sus tierras, para la organización y funcionamiento de programas de formación profesional, en materia educativa y para preservar su lengua indígena (supuestos previstos expresamente con el Convenio 169 OIT)".

No obstante, la consulta indígena no obliga al Estado a vincular la decisión de los pueblos originarios con los intereses mayores, de acuerdo a lo explicado por la abogada. En este caso puntal está el proyecto del gasoducto, pero hay otros, como los temas inmobiliarios que afectan a comunidades en la cordillera neuquina.

"El deber primario estatal es de ajuste o acomodo, aunque dicha flexibilidad se exige a todas las partes involucradas para acomodar o ajustar los distintos derechos e intereses en juego, tanto comunitarios como públicos; y, en defecto de ello o de no arribarse a un consenso entre las partes, el Estado debe adoptar decisiones razonadas y debidamente fundadas que quedarán sujetas a revisión por parte de las instancias administrativas y judiciales correspondientes", indicó.

El tema es más que complejo. Las comunidades, por diferentes conflictos en Vaca Muerta, realizan medidas de acción directa (bloquear un yacimiento, subirse arriba de una torre, cortar rutas), y la consulta pareciera que es una suerte de medicina a algo que en realidad esconde un problema profundo: la falta de decisión del gobierno provincial para poner límites y dejar todo en manos de las empresas petroleras y los acuerdos indemnizatorios temporales.

Si Neuquén reglamenta el proceso de consulta establecido por la OIT, nada garantiza que se terminen los conflictos en las zonas hidrocarburífras. Hay apuro por iniciar el gasoducto Kirchner y colar este mecanismo legal que nunca se usó en la historia.

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