Un proyecto de ley propone que las estaciones de servicio informen aumentos con 48 de horas de anticipación
La propuesta avanza en comisiones. Desde Cecha cuestionan que la medida podría generar quiebres de stock y afectar la operatoria.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) manifestó su “firme rechazo” al proyecto de ley que se debate en la Legislatura bonaerense y que plantea exigir a las estaciones de servicio informar cualquier modificación de precios con 72 horas de anticipación, y que, además, deban publicitarlos con al menos 48 horas previas.
La iniciativa, presentada por la diputada provincial Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), establece que las empresas productoras y expendedoras de combustibles deberán comunicar los aumentos en nafta y gasoil antes de que entren en vigencia en toda la provincia de Buenos Aires. El proyecto, que ya cuenta con dictamen de mayoría en la Comisión de Servicios Públicos, seguirá su tratamiento en Legislación General y podría ser debatido en el recinto en las próximas semanas.
La propuesta contempla un régimen de penalidades para quienes no cumplan con los plazos fijados, que incluye multas económicas, suspensiones y hasta clausuras. Los montos se determinarían según el equivalente en litros de nafta súper: entre 5.000 y 150.000 litros para los abastecedores (entre $7,2 millones y $215 millones) y de 100 a 500 litros cuando se trate de estaciones de servicio.
La diputada Ayelén Rasquetti. (Foto: Diputados Bonaerenses)
"En caso de reincidencia, podrá disponerse la clausura preventiva del establecimiento, sin perjuicio de otras sanciones administrativas que correspondan conforme la legislación vigente", indica el texto presentado por Rasquetti, del Frente Renovador.
Además, el proyecto dispone que los precios deben ser informados a la autoridad de aplicación con un mínimo de 72 horas corridas de anticipación antes de su entrada en vigencia.
"El combustible constituye un insumo esencial para la vida económica y social: afecta el transporte público y privado, la producción, la distribución de bienes y, en consecuencia, el costo de vida de millones de bonaerenses. La asimetría informativa entre proveedores y usuarios requiere de la intervención estatal a nivel provincial para garantizar condiciones de equidad y previsibilidad", detalla la medida.
CECHA rechaza el proyecto bonaerense que exige anunciar aumentos de combustibles con tres días de anticipación
El rechazo de CECHA al proyecto de ley
A través de un comunicado, CECHA advirtió sobre el impacto que podría generar la implementación de esta medida en la operación diaria del mercado de combustibles. Entre los argumentos señalados, la entidad mencionó el riesgo de desabastecimiento, ya que "la publicidad anticipada de cambios de precios generaría picos de demanda artificiales, llevando a situaciones de quiebre de stock en las estaciones de servicio".
También, marcó posibles confusiones operativas y legales, dado que actualmente las normas obligan a las estaciones a exhibir únicamente el valor vigente al momento de la venta.
Otro de los puntos cuestionados es la incompatibilidad con los esquemas dinámicos de precios que aplican algunas petroleras, con ajustes dentro del mismo día. Según la confederación, esa práctica quedaría limitada si debieran anticiparse los valores con tres días de antelación.
Por último, la organización liderada por Isabelino Rodríguez sostuvo que la iniciativa implicaría una duplicación normativa, superponiéndose con regulaciones nacionales ya existentes en materia de defensa del consumidor y competencia.
"CECHA reafirma su compromiso con el funcionamiento ordenado del mercado de combustibles y hace un llamado a los legisladores a reconsiderar los impactos negativos que esta ley podría tener sobre la actividad y la población bonaerense", señalaron.
El texto legislativo prevé multas, suspensiones y clausuras para quienes no cumplan.
El planteo forma parte de un frente más amplio de cuestionamientos surgidos en el sector. A la advertencia de la confederación se sumaron las de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).
Por su parte, la autora del proyecto respondió a las críticas. Según declaraciones reproducidas por Diputados Bonaerenses, la legisladora apuntó contra las empresas del sector al señalar que “pretenden frenar la iniciativa mediante presiones y lobby”.
Además, sostuvo que la medida busca aumentar la transparencia en la formación de precios: “Resulta preocupante que algunas compañías se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos de precios. Su resistencia a la transparencia muestra un intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios”.
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