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El Instituto Mosconi, en contra de la cuarta central nuclear

El organismo sostuvo que la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA) "no mostró indicios de haber cumplido previamente con todos los actos necesarios para llevar a cabo la firma de este contrato". 

La comisión directiva del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” expresó su opinión respecto a la firma del contrato comercial para adquirir una cuarta central nuclear en el país y advirtió que “no se conocen sus estudios de factibilidad ni el origen de los fondos del proyecto, y no se incluye un Plan Estratégico Energético de Largo Plazo”.

A través de un comunicado, desde el organismo alertaron que el Gobierno nacional “debe informar con precisión a la ciudadanía, en las instancias correspondientes, el alcance y la conveniencia del compromiso que asume con esta obra”.

El pasado 2 de febrero se firmó el contrato para la construcción de una nueva central nuclearen Atucha, en la provincia de Buenos Aires, que contará con una inversión de 13.500 millones de dólares. Se trata de la edificación de una central de uranio enriquecido de 1200 MW, junto a una serie de obras complementarias, cuya ejecución demandará alrededor de 8 años.

Para llevar adelante el proyecto, se acordó un préstamo con China por aproximadamente el 60% de la inversión, con un repago que se realizará en 20 años y se empezará a pagar una vez que la central entre en operación. El restante 40% de la inversión de la obra deberá ser afrontada por el Estado nacional.

Tras darse a conocer la noticia, desde el IAE Mosconi expresaron que las autoridades argentinas “aún no han hecho públicos los estudios que fundamentan esta decisión y tampoco ha cumplido con la normativa legal vigente que es exigible en una obra de esta naturaleza y complejidad para asegurar su factibilidad integral”.

“Esta inversión pública no respeta la normativa establecida en Ley de Inversiones Públicas 24.354, se desconoce si forma parte de los temas que debe controlar la Secretaria Nacional de Inversión Pública, que actualmente funciona en la Jefatura de Gabinete, la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y tampoco se sabe si forma parte del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN), el cual justamente exige que se entregue toda la información correspondiente a los estudios de factibilidad completos que garantizan la conveniencia de una operación de inversión pública para el interés general”, detallaron.

Asimismo, el comunicado de la entidad conducida por Jorge Lapeña agrega que, como antecedente a este tipo de obras, “solo se cuenta con un muy débil y desactualizado respaldo legal en la Ley 26.566 sancionada en 2009 que declaró de interés nacional las actividades de extensión de vida de la Central Nuclear de Embalse y el interés por la construcción de una cuarta central nuclear sin fecha, y le encomienda estas tareas a la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA)”.

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Respecto a NASA, el instituto sostuvo que la empresa “no mostró indicios de haber cumplido previamente con todos los actos necesarios para llevar a cabo la firma de este contrato”.

“Un proyecto de esta naturaleza no debería haberse contratado sin realizar previamente los Estudio de Factibilidad integrales que aseguren que la Central es viable desde el punto de vista técnico, económico, financiero, tarifario y ambiental. Estudios que hasta el presente se desconocen y mucho menos que hayan sido objeto de una audiencia pública como forma de transparentar los actos de gobierno”, enfatizaron.

En este sentido, el IAE Mosconi solicitó mayor información sobre el proyecto y pidió conocer en qué contexto estratégico se ha decidido firmar el contrato comercial para la construcción de la cuarta central nuclear, con tecnología diferente a la de las tres anteriores, que requiere el uso de uranio enriquecido, su manipulación y disposición final; y saber quién será el proveedor del uranio enriquecido.

Asimismo, pidieron información acerca del origen de los fondos nacionales para financiar el 40% de la inversión total de la obra y cuál es el costo final del proyecto.

Por último, el organismo instó a las fuerzas políticas con representación parlamentaria “a solicitar Informes sobre este hecho consumado que deberán ser respondidos por el ministro de Economía, el secretario de Energía, el presidente de NASA como empresa firmante del contrato firmado, y el presidente de la CNEA y de la Autoridad Regulatoria Nuclear respectivamente”.

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