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Tarifas eléctricas: el desafío de invertir y cubrir los costos operativos

La próxima audiencia pública para ajustar tarifas en la distribución eléctrica tiene como telón de fondo un escenario signado por congelamiento de tarifas; calidad de servicio con senderos de exigencia, pero menores a los vigentes en 2001; problemas en la fiscalización por parte del ente regulador; señales punitivas insuficientes, y alta inflación. 

Si hay un momento inoportuno para subir las tarifas eléctricas en la Argentina de hoy, sin duda es éste. Aún persisten en el ánimo social los coletazos de los apagones por los picos de consumo producto de las altas temperaturas que sufrieron miles de usuarios en las últimas semanas.

Las interrupciones del servicio ante picos de demandas pusieron una y otra vez en los medios el drama del servicio público eléctrico en el AMBA, y es razonablemente presentado como crónica repetida. No así en las provincias, donde la situación es más acotada.

En este contexto de reclamos donde las empresas distribuidoras de electricidad están en el ojo de la tormenta, el Gobierno convocó una audiencia pública el 17 de febrero para avanzar en los aumentos de luz de este año.

Del lado de las empresas, aseguran que el escenario es bastante crítico. Aseguran que las tarifas están congeladas desde 2019 y apuntan que las tarifas están atrasadas en un 70%, y más aún si la idea del Gobierno es eliminar los subsidios.

Según trascendió, las empresas pedirían un incremento superior al 40% como mínimo, aunque desde el Gobierno solo habilitarían un 20%.

“Con estas tarifas se hace inviable mantener el nivel de inversiones en la operatividad del sistema”, aseguran en off desde una de las distribuidoras.

La zona sur del AMBA sufrió y sufre por los cortes de luz en estos días.
La zona sur del AMBA sufrió y sufre por los cortes de luz en estos días.
La zona sur del AMBA sufrió y sufre por los cortes de luz en estos días.

“Con la pesificación asimétrica derivada de la crisis del 2001 y la ruptura de los contratos se empezó en una carencia de ingresos para afrontar inversiones, falta de crédito asequible para el financiamiento de la infraestructura e impulsar a las empresas a afrontar las inversiones con capital propio, pero para eso, hay que pactar la tasa de rendimiento del capital propio, y el reconocimiento de recuperar lo invertido mediante compromisos ineludibles en el futuro que no sea una promesa y deben ser respaldados regulatoriamente- explica un ex funcionario de la Secretaría de Energía-. Motivo del impacto económico, para disminuir el impacto de la devaluación de las tarifas que habían sido pactadas en dólares convertibles a pesos se congelaron las tarifas. Los costos empezaron a subir y las empresas se sometieron a una negociación contractual para darle una salida al congelamiento tarifario”.

Está claro que en el sector privado nadie quiere quedar expuesto. La decisión del Poder Ejecutivo de convocar a una audiencia para ajustar tarifas es visto como un gesto político positivo, teniendo en cuenta el atraso en el cuadro tarifario vigente.

“Para poder dimensionar la cuestión hay que partir de la base que de todos los segmentos de los servicios energéticos regulados (transporte y distribución de gas natural y electricidad) es el único donde los concesionarios tienen la obligación de expandir para atender el crecimiento horizontal y vertical de la demanda. En los otros servicios es una decisión del concesionario hacerlo- explican algunas voces del sector-. Esto nos coloca en la situación que la regulación, que en el ámbito federal mide resultados, debe propender a garantizar el desarrollo de los sistemas (además de la actualización tecnológica). Esas señales se diseñan a partir de los mecanismos tarifarios: caracterización de las cargas (categorización) y asignación de costos en relación con la participación que cada categoría tiene en el uso de las instalaciones a disposición. Esto no ocurre desde la salida de la convertibilidad, cuando por congelamiento y definición política de las tarifas se modificaron los criterios tarifarios y las señales regulatorias”.

La pregunta que se hacen algunos expertos es: ¿Cómo pretendemos que se invierta, si no se cubren los costos operativos? “La adecuada asignación de costos de distribución es una definición técnica, pero que la política debe permitir”, sostienen.

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Para otros especialistas consultados, “esa adecuación, debe complementarse con la debida señal de penalización, que entre 2002 y 2017 no se aplicó y cuando se la rediseñó en la RTI de 2017 resultó baja y no es señal económica que habilite inversiones ( es apenas 8 veces el valor tarifario en cada categoría). Inútil resolver la cuestión del ingreso de las prestadoras si no se tiene la vara fiscalizatoria ajustada”.

Las provincias, en tanto, con menos recursos, han sido más proclives a “tomar el toro por las astas” y hacer los ajustes de VAD que requieren los sistemas para prestar un servicio “razonablemente”.

“Eso también es praxis política, aun cuando también la asignación de costos no sea técnicamente ortodoxa”, esgrimió un ex directivo de una de las empresas eléctricas más importante del país.

El inicio de segmentación duró muy poco, por un lado, por decisión del Poder Ejecutivo y por otro porque en realidad no había un subsidio explícito, sino que cada usuario pagaba el cuadro tarifario con una leyenda que decía “factura con subsidio del Estado Nacional”, pero en ningún lado de ella figuraba cual sería la factura para pagar sin el subsidio mediante y a que ítem era aplicable, si a la generación, al transporte o la distribución.

Para los más críticos, “aquí comienza una de las grandes incongruencias del sector, porque las tarifas congeladas solo tenían cabida en el ámbito del AMBA mientras que en el interior, los valores agregados de distribución se fueron ajustando al punto que se implementó un plan de convergencia tarifaria (obras a cambio de mantener el valor de las tarifas). Se produce así un desacople entre las tarifas del interior y las del AMBA en donde EPEC y EPESF llegaron a estar en la delantera con valores de 3 a 4 veces superiores a las del AMBA”.

Como un secreto a voces se ha escuchado en el ámbito privado y público a más de un especialista quejarse. “Cada vez que hay cortes la reacción del regulado es la misma. Se sienta sobre la caja, trabaja financieramente (el negocio financiero es mejor que el tarifario) y luego se verá. No hay razón para irse. En épocas duras, contar con liquidez siempre es negocio, y si no pago a CAMMESA… ni les digo”, dispara un destacado consultor.

Y remata: “El regulador ha venido mostrando poca cintura para corregir errores pasados y aprender de los mismos. Va por el mismo modelo, el resultado es el mismo. Los cortes son una punta del iceberg. Un aspecto que expone un modelo de relación regulador-regulado impuesto por la política que está en crisis”.

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