Tarifas

El escenario que enfrenta el gobierno al descongelar tarifas

Realizadas las audiencias públicas por las tarifas del gas natural, el gobierno se encuentra ante un panorama en el que se debate la recomposición de los salarios, el nivel de subsidios y el acuerdo con el FMI.

Ya realizadas las audiencias públicas, el gobierno debe definir en las próximas las nuevas tarifas de transición para el servicio de gas natural por redes, las cuales se encuentran congeladas desde hace dos años.

La decisión afectará el rumbo de la economía en lo que resta del año. Un reciente informe de la consultora Economía & Energía destaca que, para resolver la cuestión tarifaria, la Casa Rosada enfrenta un “trilema” entre el nivel de subsidios, la recomposición del poder adquisitivo de las familias y la necesidad de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El análisis apunta tres escenarios posibles:

Escenario salarial: Si el gobierno nacional quiere potenciar el incremento el poder adquisitivo de los salarios, los subsidios a la energía deberían aumentar en términos de su incidencia en el PBI, lo cual exacerbaría el déficit fiscal y complicaría la estrategia de acuerdo con el FMI.

El informe que presentó la Secretaría de Energía en la audiencia que se realizó lunes, destaca que el Estado Nacional subsidia hoy el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria. Indica que sostener las tarifas congeladas implicaría un costo fiscal anualizado para 2021 de $ 132.963 millones de pesos, de los cuales $ 56.087 millones no están incluidos en el presupuesto vigente.

Para evitar la reasignación de recursos para solventar mayores subsidios, las tarifas deberían incrementarse entre un 26 y un 35%, sólo en el ítem costo del gas.

En la audiencia pública que se realizó entre el martes y jueves, convocada por el Enargas para debatir las tarifas del sector regulado (transporte y distribución), las empresas pidieron recomposiciones de ingresos que impactarían, en promedio, en un 15% en la boleta de los usuarios.

Escenario FMI: la consultora subraya que, si el gobierno privilegia la estrategia de un rápido acuerdo con el Fondo, los subsidios deberían descender pero eso complicaría la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que se vienen contrayendo hace ya tres años y cuya recuperación no sólo es necesaria desde el punto de vista electoral sino también en términos de acelerar la recuperación económica.

Economía & Energía señala que la Ley de Presupuesto 2021 establece que la incidencia de los subsidios energéticos sobre el PBI se debería mantener estable con respecto al año pasado, es decir con una incidencia del 1,8%. Indica que, si se toman en consideración las proyecciones macroeconómicas para este año, eso implicaría un incremento de tarifas superior al 40% a partir de abril.

“En cambio, si se pretende recuperar el poder adquisitivo de los salarios y se considera que el actual peso de las tarifas sobre los salarios es excesiva, una suba de tarifas inferior, por ejemplo, del 10% permitiría reducir aún más su incidencia en términos reales. Sin embargo, en este escenario los subsidios en relación al PIB se elevarían sensiblemente violando la pauta establecida en la Ley de Presupuesto y complicando un acuerdo con el FMI”, indica.

Escenario devaluatorio: si se quisiera recuperar el poder adquisitivo de los salarios sin un acuerdo con el FMI, la potencial depreciación de la moneda podría derivar en un incremento vertiginoso de los subsidios en términos del PIB.

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El peso de las tarifas en los salarios

Las tarifas energéticas juegan un rol importante en el poder adquisitivo de las familias. Durante 2020, los subsidios supusieron una transferencia de ingreso indirecta a los usuarios de energía eléctrica por unos $ 13.500 anuales y de $4.500 en el caso del gas, según indica el informe.

Por otro lado, si se tiene en cuenta el impacto de las tarifas sobre los salarios, es abismal la diferencia entre políticas energéticas de diferente color partidario. Si se analizan las últimas tres décadas, se destaca que durante el segundo mandato de Cristina Fernández las tarifas tuvieron el menor peso sobre los ingresos, de entre el 0,9 y el 0,7% del salario promedio registrado. Mientras que durante el gobierno de Mauricio Macri alcanzaron el pico más alto, con el equivalente al 6,1% del salario -en 2018-, tras los fuertes incrementos de tarifas. En los ´90 -durante la convertibilidad- la relación promedió entre el 4,6 al 4,9%.

El incremento de los precios de la energía y el recorte de subsidios durante el gobierno de Cambiemos se conjugó con una fuerte caída del salario real, que generó que las tarifas fueran más costosas para los hogares y pymes, y se registrara un récord de cortes por falta de pago. El dato positivo de esa política fue el incremento de la producción de gas con la consiguiente reducción de importaciones.

Sin embargo, esa política energética implosionó tras las buscas devaluaciones y el derrumbe de la economía y derivó en el congelamiento de tarifas vigente desde comienzos del 2019.

Eso se tradujo en un incremento de los subsidios destinados al sector energético durante 2020. De todas formas, el nivel de subsidios no es sustantivamente distinto al registrado a lo largo de los últimos años y se encuentra muy por debajo de los altos valores registrados entre 2013-2016 (del 2,3 al 2,8% del PBI).

En 2020 los subsidios económicos al sector energético registrados totalizaron los u$s 6.970 millones (1,8% del PBI), dado que se efectivizaron pagos retrasados del año previo.

pozo vaca muerta

Vaca Muerta y la política pendular

La consultora Economía & Energía destaca que Argentina tuvo una política pendular en materia tarifaria desde la desregulación del sector a comienzos de la década de 1990, proceso que comprimió los niveles de inversión. A la vez, tuvo un sensible impacto macroeconómico, ya sea potenciando el déficit fiscal o contrayendo sustantivamente la capacidad adquisitiva del salario.

Indica que “la utilización de los subsidios a la energía como método de salario indirecto pueden ser justificable en el corto plazo ante variaciones abruptas en los precios de la energía o ante coyunturas macroeconómicas extremadamente desfavorables. Sin embargo, más allá de su impacto macroeconómico, no se trata de una política eficiente en términos distributivos. Una estructura tributaria regresiva como la Argentina, implica que los sectores de menores ingresos terminan afrontando en mayor proporción los costos de subsidiar al sector energético”.

Además, pone en relieve que, a diferencia de lo que aconteció durante las últimas décadas, hoy el país cuenta, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, con los recursos necesarios para alcanzar un salto sustantivo en la producción de hidrocarburos.

La consultora segura que el aumento de la producción de hidrocarburos podría posibilitar la eliminación o, al menos, la morigeración de la restricción externa que enfrentó la economía argentina a lo largo de las últimas décadas.

“La conformación de una política de precios para el sector energético sustentable en el largo plazo es un requisito ineludible para expandir los niveles de inversión en el sector y, con ello, la producción. En este marco, la definición de la política tarifaria en gas natural y electricidad no se encuentra aislada del desenvolvimiento general del sector energético”, señala el informe de Economía & Energía.

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