Fuerte controversia por la coparticipación minera: ¿Cuánto llega realmente a las provincias?

En el contexto de un boom minero impulsado por el litio, cobre y oro, Argentina enfrenta debates sobre la equidad en la distribución de sus recursos extractivos. El sistema impositivo minero combina regalías provinciales con impuestos federales coparticipados, pero las proporciones que llegan a las provincias revelan una asimetría: mientras las regalías representan una porción modesta, el grueso de la recaudación fluye al Tesoro Nacional antes de redistribuirse. En este punto, la pregunta es: ¿Cómo se reparte la renta minera?

Las regalías mineras constituyen el principal ingreso directo para las provincias, dueñas constitucionales de los recursos naturales. Limitadas al 3% del valor boca mina por la Ley 24.196 de 1993, esta tasa puede elevarse al 5% para proyectos no iniciados antes de julio 2024, según la Ley 27.743. El "valor boca mina" se calcula deduciendo costos operativos directos del mineral extraído.

En términos proporcionales, las regalías representan solo el 7,8% de la carga impositiva total en un proyecto minero típico, de acuerdo a un informe de Deloitte para 2025. Esto implica que, de una utilidad bruta, entre el 38% y 40% se destina a impuestos generales, pero solo una fracción minúscula llega directamente a las provincias vía regalías. Por ejemplo, en 2023, las regalías y canon minero sumaron USD 434,7 millones para el sector del oro, equivaliendo al 16% de pagos totales, pero distribuidos internamente entre provincias y municipios.

Provincias como San Juan, Santa Cruz y Salta, que concentran el 90% de la producción aurífera, ilustran esta dinámica. En San Juan, las regalías se distribuyen con 55-70% a rentas generales provinciales, 20-33% a municipios y 10-12% al Ministerio de Minería, dependiendo de la fecha de aprobación ambiental. Salta asigna 70% al tesoro provincial, 20% a municipios y 10% a un fondo de promoción minera.

Coparticipación: El grueso en manos nacionales

El resto de la recaudación minera proviene de impuestos nacionales como el Impuesto a las Ganancias (tasa 25-35%), IVA (21%) y el canon minero federal (ARS 1.900-9.680 por pertenencia, ajustado por IPC). Estos tributos se integran a la masa coparticipable, donde las provincias reciben el 54,66% del total, más un 2% para recuperación de niveles relativos en provincias como Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y un 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.

Sin embargo, no hay un desglose específico para minería: la coparticipación es general, diluyendo el beneficio para provincias mineras. Por ejemplo, del IVA minero, el 89% es coparticipable (después de detraer 11% a ANSES), con provincias capturando su share proporcional. Los derechos de exportación, eliminados para 231 posiciones arancelarias por Decreto 563/2025 (excluyendo litio y plata al 4,5%), eran no coparticipados y 100% nacionales.

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Como es esperable, esto genera críticas: mientras las provincias asumen impactos ambientales y sociales, reciben indirectamente solo una porción de los impuestos nacionales recaudados localmente. En 2025, las transferencias por recursos nacionales crecieron 11,2% real interanual en julio, pero sin focalización minera.

Por otro lado, el RIGI ofrece incentivos como estabilidad fiscal por 30 años y alícuota reducida al 25% en Ganancias para determinadas inversiones, lo cual potencialmente reduce la recaudación total.

Desafíos y reformas recientes en provincias clave

En este escenario, algunas provincias impulsan reformas para maximizar su share. En Mendoza, un nuevo marco legal (ingresado a legislatura en octubre 2025) divide regalías entre provincia y municipios adherentes, destinando a obras públicas y control ambiental.

Por su parte, en Santa Cruz, fondos fiduciarios como UniRSE capturan aportes voluntarios (USD 24 millones en 2024), complementando regalías. Estas iniciativas buscan equidad, pero la proporción global sigue sesgada: provincias mineras reciben menos del 20% directo de la renta total, según estimaciones regionales.

Perspectivas para 2025

Con exportaciones mineras proyectadas en USD 15.000 millones, el debate se centra en reformar la coparticipación para elevar el share provincial. Incentivos como el RIGI y eliminación de retenciones impulsan inversiones, pero sin ajustes, las provincias seguirán dependiendo de transferencias indirectas.

En resumen, las provincias retienen directamente solo las regalías (3-5%,aproximadamente 8% de la carga total), más su porción coparticipada (alrededor del 55% de la masa federal), pero el diseño favorece al centro.