Subsidios energéticos: quiénes pierden el beneficio y cómo reclamar
El Gobierno nacional quitó subsidios a 15.518 usuarios: por qué salieron del RASE, cómo impacta la medida y el trámite para apelar la decisión.
Esta medida se enmarca en el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, establecido por el Decreto 465/2024, que tiene como objetivo garantizar una distribución eficiente, justa y transparente de los recursos públicos, asegurando que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan.
Según el relevamiento oficial, 15.518 usuarios serán alcanzados por esta medida. En el caso de los countries y barrios cerrados, se detectaron consumos eléctricos similares a los de una PYME, que duplican y hasta triplican el promedio nacional (250 kwh mensuales).
El análisis se realizó mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica (GIS) y bases de datos espaciales (PostGIS), con datos abiertos provistos por ARBA y el OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana).
Los subsidios en la mira
La recategorización automática implica que estos usuarios serán excluidos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). No obstante, se habilita un procedimiento de revisión individual: los usuarios afectados podrán presentar un reclamo a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), bajo el trámite “Solicitud de revisión de subsidios energéticos”, con carácter de Declaración Jurada, y serán responsables de aportar las pruebas que justifiquen su inclusión.
La medida representa un ahorro fiscal superior a los $3.000 millones anuales, contribuyendo al ordenamiento macroeconómico, al saneamiento del sistema tarifario y a la reducción del gasto público improductivo.
Esta decisión marca un punto de inflexión: se terminó el subsidio para quienes no lo necesitan. No hay justicia en un sistema que financia el consumo de usuarios de altos ingresos con el dinero de los pagadores de impuestos.
Así, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con una administración responsable, transparente y basada en datos, que prioriza el equilibrio fiscal y la equidad en el acceso a los servicios públicos esenciales.
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