Cuántos usuarios perderán el subsidio en el nuevo esquema tarifario

El primero de abril podría entrar en vigencia un nuevo esquema tarifario más parecido al que existía bajo el gobierno de Mauricio Macri con el que millones de usuarios de luz y gas perderán sus subsidios.

Lejos del complejo sistema que pensaba Eduardo Rodríguez Chirillo de una segmentación casi individual para cada hogar, la nueva secretaria María Tettamanti planea simplificar la discusión con el tradicional esquema de tarifa social.

En consecuencia, las tres categorías tarifarias de la segmentación que inició Sergio Massa se eliminarán y quedará una única división entre usuarios subsidiados y no subsidiados.

Según indicaron fuentes oficiales a +e, todos los N2 (bajos ingresos) quedarían englobados bajo esta nueva categoría que también protegería a la porción más vulnerable de los N3 (medios ingresos).

Una nueva canasta de subdisios

“La idea es que sea algo parecido a la línea de la pobreza que hoy está algo arriba del 40%. Ese es el porcentaje de argentinos que se busca subsidiar y cuando la pobreza baje, el porcentaje de subsidiados también se reducirá. Será una canasta un poco más abaracativa que la N2 actual, por eso también incluirá a la parte más baja de los N3”, explicaron a este medio.

A esto se suma que unos 1,7 millones de usuarios N2 perdieron la totalidad del subsidio y saltaron directamente a la categoría N1 en septiembre por no inscribirse al RASE, el registro oficial. Se trata de una masa de hogares que nunca se había anotado y que fueron incluidos entre los N2 por el gobierno anterior por el hecho de recibir algún tipo de beneficio de tarifa social en alguna provincia.

Con este panorama, hoy hay un 42% de usuarios de luz en la categoría N1, 39% en la N2 y 19% en N3. Partiendo de una base donde los N3 se repartan equitativamente en dos mitades, de julio del 2024 a abril del 2025, unos 3,7 millones de usuarios habrían perdido la totalidad del subsidio.

Por su parte, en gas natural, un 44% es N1, un 33% es N2 y un 24% es N3. Así, en menos de un año, 1,5 millones de usuarios habrían perdido la ayuda del Estado.