YPF impulsa el oleoducto VMOS bajo el RIGI para ampliar la exportación de crudo.
El RIGI cuesta US$1.069 millones anuales en recaudación resignada. ¿El Estado paga el precio de inversiones que igual habrían llegado?
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en julio de 2024 como parte de la Ley Bases (Ley 27.742), es la apuesta más ambiciosa del gobierno de Javier Milei para captar inversión privada de escala. Sin embargo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado esta semana, puso en el centro del debate una pregunta incómoda: ¿Cuánto le cuesta al Estado ese esfuerzo de seducción fiscal?
La respuesta, en su escenario base, es US$1.069 millones anuales en renuncia recaudatoria, una vez que los proyectos aprobados alcancen su fase operativa plena. El informe detalla que esa cifra puede oscilar entre US$786 millones y US$1.395 millones, según el nivel de exportaciones efectivamente alcanzado.
Al 11 de mayo, el Estado Nacional tenía aprobados doce proyectos bajo el régimen, con una inversión comprometida total de aproximadamente US$26.680 millones, conforme al Informe 145 del Jefe de Gabinete de Ministros ante el Congreso Nacional. Apenas días después, el RIGI sumó dos nuevas aprobaciones y alcanzó los 16 proyectos, con compromisos que superan los US$21.000 millones
Esos proyectos abarcan energías renovables, hidrocarburos, gas natural licuado (GNL), minería de litio, cobre, oro y plata, siderurgia e infraestructura portuaria. Los proyectos de energía aprobados incluyen:
Los proyectos de minería aprobados incluyen:
Completan el cuadro una planta siderúrgica de acero verde en Buenos Aires y una terminal portuaria multipropósito en Santa Fe.
El análisis del CEPA desagregó el costo fiscal según sus componentes. El más pesado es el diferencial en el Impuesto a las Ganancias: mientras el régimen general para sociedades aplica una alícuota del 35%, el RIGI la reduce al 25% —e incluso al 15% bajo el denominado "SuperRIGI"—. Esa brecha representa una renuncia de US$545 millones anuales.
Los derechos de exportación resignados suman unos US$107 millones anuales, con impacto concentrado en la minería de litio y plata, ya que el cobre, el oro y el petróleo ya contaban con alícuota 0% antes de la existencia del régimen. Las exenciones de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos representan un costo adicional no menor para el fisco, dado que los Vehículos de Proyecto Único (VPU) no pagan impuestos al ingreso de equipos.
Durante la fase de construcción (2025–2028), el informe estima un costo fiscal diferencial de US$430 millones por año, concentrado en la devolución del IVA pre-operativo mediante Certificados de Crédito Fiscal (CCF) y exenciones aduaneras.
Frente a estas cifras, el Ejecutivo sostiene una posición que repite en cada informe ante el Congreso: "No hay afectación al equilibrio fiscal". El argumento es que el Presupuesto Nacional no contempla ingresos provenientes de actividades generadas en el marco del RIGI y, por lo tanto, la renuncia recaudatoria no constituye un quebranto presupuestario.
El CEPA analiza los datos desde otra perspectiva. El informe adopta el criterio estándar de gastos tributarios —utilizado por organismos como el FMI y la OCDE— para cuantificar la recaudación potencial que el Estado efectivamente resigna. Bajo ese enfoque, el costo existe con independencia de si fue o no presupuestado.
El punto más cuestionado del régimen es su capacidad real para atraer capitales genuinamente frescos. El CEPA advirtió que al menos 7 de los 12 proyectos analizados ya tenían avances significativos o habían sido anunciados antes de la sanción de la Ley Bases. Rincón de Litio, Los Azules y El Quemado ya estaban en etapa de evaluación técnica antes de la existencia del RIGI.
Desde el centro de estudios indicaron que "esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos".
Aseguran que ninguna empresa extranjera ingresó a Argentina por primera vez gracias al RIGI. De los proyectos aprobados, todas las compañías foráneas participantes ya tenían operaciones o activos en el país antes de que el régimen existiera.
El debate interno sobre el costo fiscal convive con un reconocimiento externo que el Gobierno no desaprovecha. Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile, resumió el impacto regional con una frase que resonó en toda la industria: "Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no logramos en 10 años". El dirigente calificó al RIGI como "la primera vez en décadas que un país sudamericano ofrece un marco fiscal verdaderamente competitivo a nivel global".
La tensión entre ambas lecturas —costo fiscal para el Estado versus señal de competitividad para el mercado global— define el centro del debate sobre el RIGI. MIentras tanto, todo parece indicar que hay RIGI para rato. De hecho, el ministro Luis Caputo confirmó que hay otros 20 proyectos en evaluación.
FUENTE: Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Informe 145 del jefe de Gabinete de ministros, Secretaría de Minería de la Nación, Cámara Minera de Chile.
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