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Nueva ley de renovables: promesas de US$5.000 millones y 50.000 empleos

La prórroga de la Ley 27.191 promete exenciones fiscales y competencia libre hasta 2045, atrayendo más de US$5.000 millones y creando hasta 50.000 empleos en la cadena de valor.

En un contexto de transición energética global acelerada, el gobierno argentino impulsó una iniciativa legislativa clave para consolidar el sector de energías renovables. Presentado recientemente por la diputada Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Río Negro) y el diputado Martín Maquieyra (PRO, La Pampa), el proyecto busca extender y fortalecer el régimen de promoción establecido por la Ley 27.191, cuya vigencia original expiraba en 2025.

Esta movida no solo alinea con la agenda de desregulación y apertura económica del oficialismo, sino que también responde a la necesidad de atraer inversiones extranjeras en un sector que ha multiplicado por diez su capacidad instalada desde 2015, alcanzando récords en generación renovable durante junio de 2025.

La letra chica

La propuesta legislativa, firmada en conjunto por Villaverde y Maquieyra, establece una política energética de largo plazo con objetivos explícitos: garantizar estabilidad y previsibilidad para el sector renovable, fomentar nuevas inversiones, diversificar la matriz energética nacional reduciendo emisiones contaminantes, adaptar el régimen a la modernización del mercado eléctrico y asegurar la seguridad jurídica como pilar central para la confianza inversora.

En esencia, extiende las exenciones impositivas —que vencían este año— hasta el 31 de diciembre de 2045, asegurando que el uso de fuentes renovables no esté alcanzado por tributos específicos, cánones o regalías en ningún nivel gubernamental, salvo contraprestaciones por tierras fiscales.

Además, promueve la diversificación tecnológica y geográfica de los proyectos, incentivando la innovación y la expansión en todo el país. Un aspecto disruptivo es la eliminación de la opción de compra de energía renovable a través de CAMMESA, manteniendo modalidades como la autogeneración, compra directa a generadores, comercializadores o distribuidoras.

“Este proyecto es un paso clave para consolidar una política energética moderna, sostenible y atractiva para las inversiones, que fortalezca la seguridad jurídica y promueva el desarrollo económico en un marco de libertad y apertura”, expresó Villaverde al presentar la iniciativa.

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“Este proyecto es un paso clave

“Este proyecto es un paso clave", dijo Villaverde.

¿Lluvia de inversiones?

Desde una perspectiva financiera, esta extensión representa un catalizador para destrabar inversiones superiores a los US$5.000 millones en el corto plazo, según estimaciones gubernamentales. El esquema tipo RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) incorporado en la propuesta ofrece estabilidad fiscal por 20 años, lo que mitiga riesgos políticos y regulatorios —un factor crónico en mercados emergentes como el argentino—.

Para inversores institucionales y fondos soberanos, aseguran, esto implica un retorno ajustado por riesgo más atractivo, especialmente en un sector donde el costo nivelado de energía (LCOE) de fuentes eólicas y solares ha caído por debajo de los US$30/MWh en la Patagonia.

La diversificación de la matriz energética, que actualmente depende en un 60% de hidrocarburos, no solo reduce vulnerabilidades a shocks de precios del gas y petróleo, sino que también alinea con mandatos ESG (Environmental, Social, Governance) de inversores globales.

Proyecciones indican que, con esta prórroga, Argentina podría elevar su participación renovable del 13% actual a más del 30% para 2030, generando ahorros en importaciones de combustibles por US$2.000 millones anuales y creando hasta 50.000 empleos en la cadena de valor.

En comparación con vecinos como Brasil —donde las renovables superan el 40% gracias a subastas competitivas— o Chile —con metas de 70% para 2030—, Argentina se posiciona con ventajas geográficas (vientos patagónicos y radiación solar en el noroeste), pero debe superar cuellos de botella en infraestructura de transmisión.

El proyecto también se entrelaza con iniciativas paralelas, como el RIGI adaptado para hidrógeno verde en Patagonia, que podría atraer US$10.000 millones adicionales en exportaciones de bajo carbono.

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