Las claves del nuevo proyecto de renovables que da estabilidad fiscal hasta 2045
La idea es convertirlo en ley antes de fin de año para evitar que caigan los beneficios de la actual normativa.
El oficialismo presentó un proyecto de ley para prorrogar los beneficios impositivos del sector de energías renovables hasta el año 2045, con algunas modificaciones adicionales en miras a una mayor desregulación del mercado.
La iniciativa fue presentada por los diputados Martín Maquieyra y Lorena Villaverde, tras un consenso con las provincias generadoras y las principales cámaras y empresas del sector privado que estaban muy preocupadas por el vencimiento de la ley anterior.
Los detalles del proyecto de ley
El proyecto es muy breve y busca postergar cualquier modificación de fondo para más adelante, con la urgencia de dar una respuesta al sector antes del 31 de diciembre, donde perderán su condición de estabilidad tributaria.
“La iniciativa busca generar condiciones de estabilidad y previsibilidad para consolidar el dinamismo del sector, atraer nuevas inversiones y avanzar en la diversificación de la matriz energética nacional”, explicaron.
Además de mantener estas condiciones que venían gozando desde 2015, proponen quitar a Cammesa como intermediario –en miras a una mayor desregulación-, adaptan la legislación a la incorporación de tecnologías que antes no existían como la inteligencia artificial y modifican algunas cuestiones de reclamos jurídicos para bajar la litigiosidad.
“El proyecto establece una política energética de largo plazo con objetivos claros: garantizar estabilidad y previsibilidad para el sector renovable, fomentar la llegada de nuevas inversiones, diversificar la matriz energética, reduciendo emisiones contaminantes, adaptar el régimen a la modernización del mercado eléctrico y asegurar la seguridad jurídica como pilar central para la confianza y el desarrollo”, agregaron desde el oficialismo.
Ya sin Cammesa como potencial comprador, las únicas modalidades beneficiadas por la normativa serán la autogeneración y la compra directa entre privados a generadores, comercializadores o distribuidoras.
En el texto se destaca que fue una política pública que se mantuvo a lo largo de tres administraciones de signo político distinto y que permitió el crecimiento de un sector casi inexistente a alcanzar más del 17% de la demanda eléctrica nacional.
Ahora, si bien desde el sector esperan otras mejoras no contempladas por esta ley, hay consenso entre las cámaras y los partidos políticos en votar este proyecto como un piso mínimo de resguardo al sector, aunque el contexto electoral siembra la duda de si se podrá aprobar en estas condiciones de tanto conflicto.
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