Nación apuntó contra Gezhouba por la paralización de las represas de Santa Cruz

El proyecto de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz está totalmente paralizado desde hace un año y no hay novedades con respecto a su reanudación. El estado de las obras preocupa a la administración de Claudio Vidal, a los sindicatos y a los trabajadores porque no se sabe qué pasará con los trabajos sobre el Río Santa Cruz.

En el informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Nación cargó directamente por la UTE conformada por Gezhouba, Electroingenieria e Hidrocuyo. Según el Gobierno nacional el contratista paralizó “en forma unilateral” los trabajos desde noviembre de 2023.

“Ha generado una controversia contractual en términos técnicos, económicos y legales. Más allá de que existen conversaciones con el contratista, no existe un deber de suscribir una enmienda al contrato, y una eventual adenda dependerá de la evaluación sobre el interés público en suscribirla”, afirmó el documento.

Sin nuevos desembolsos

El Ministerio de Economía de la Nación informó que a la fecha no hubo nuevos desembolsos y aclaró que, de acuerdo con el contrato de préstamo, “la solicitud de desembolso también debe ser suscripta por el contratista, lo que no ocurrió ante su negativa”.

Otro de los puntos que destacó fue hasta la actualidad “no se cuenta con una evaluación final de la extensión del deterioro de la obra, si lo hubiera, a partir de la paralización unilateral por parte del contratista”.

Sobre los posibles efectos de la sobrecarga hídrica, Nación destacó que preliminarmente no se evidencia deterioro de las estructuras, sin perjuicio que la cuestión será definida al momento de contar con la evaluación final sobre el eventual deterioro causado. Y advirtió que la responsabilidad de preservación y cuidado de la obra se encuentra manos de la UTE.

“Sin perjuicio de las tareas ordinarias de mantenimiento de las obras, para evitar eventuales deterioros se ha reiterado al contratista su responsabilidad sobre estas actividades”, subrayó y cuestionó que la UTE no cumplió “con los estándares de producción y calidad que requiere la obra”.

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El futuro de los trabajadores

Uno de los interrogantes más grande es qué pasará con los operarios que desde noviembre del año pasado están en sus casas. El Gobierno nacional sostuvo que la “relación laboral de los trabajadores de la obra es responsabilidad del contratista y se encuentra bajo su gestión”.

En este sentido, Nación recordó que la UTE solicitó el 5 de febrero de este año el inicio del Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas en la Secretaría de Trabajo debido a la falta de fondos para continuar la obra.

Asimismo, se detalló que la cantidad de trabajadores que se desempeñaban en la obra era de 2858 (2014 pertenecientes a UOCRA, 505 pertenecientes a UECARA y 339 fuera de convenio). “Las medidas planteadas fueron la interrupción y neutralización de la obra en cuestión y la reducción del personal tanto de UOCRA como de UECARA”, destacó.

Crisis en las represas

Nación subrayó que la cartera laboral entendió “oportuno requerir el cumplimiento de ciertos requisitos y fijar audiencia con las entidades gremiales con el objetivo de acercar posiciones” y recordó que el 14, 19, 21 y 26 de febrero se realizaron audiencias para acercar a las partes y evitar despidos, pero no se llegó a ningún acuerdo. El 8 de marzo finalizó el procedimiento.

Otro punto que ponderó el Gobierno nacional es que “el trámite del Procedimiento Preventivo de Crisis no resulta aplicable al personal representado por la UOCRA, debiendo aplicárseles las disposiciones previstas en la Ley 22.250”.

Por otro lado, se señaló que “lo dispuesto no significa abrir juicio de valor sobre la procedencia y monto salarial, indemnizaciones o cualquier otra alteración contractual en el marco de las relaciones individuales, cuya declaración exceda las facultades conferidas por el ordenamiento legal a esta cartera de estado”.