Juicio por YPF: El Gobierno de Estados Unidos se suma al reclamo argentino por la petrolera
El Departamento de Justicia estadounidense anunció que respaldará a Argentina con una presentación ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
En un nuevo capítulo del juicio por YPF, este miércoles el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York su intención de presentar un escrito amicus curiae en apoyo al reclamo argentino, que busca frenar el fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera.
La intervención del gobierno estadounidense se conoce apenas un día después de que el tribunal dispusiera la suspensión temporal de esa medida.
Un amicus curiae es un escrito presentado por terceros ajenos al proceso judicial, que aportan información, argumentos o análisis jurídicos relevantes para asistir al tribunal en la resolución del caso.
Los cuestionamientos del Gobierno de Estados Unidos al fallo de Preska
No se trata de la primera señal en el caso por parte del Departamento de Justicia de EEUU. En noviembre del año pasado, ya había entregado un escrito en el que cuestionaba la orden de Preska. El texto, firmado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, fue presentado en el marco de las demandas iniciadas por accionistas de YPF contra la República Argentina.
En ese documento, se advertía que la solicitud de los demandantes, que pretendían obligar al país a entregar su participación mayoritaria en la empresa, "contradecía principios fundamentales del derecho internacional sobre inmunidad soberana".
Según explicó a través de sus redes sociales el abogado especialista en derecho internacional Sebastián Soler, el Departamento de Justicia advirtió que la orden de Preska infringe las normas estadounidenses que impiden embargar activos de otro país cuando estos no se encuentran en territorio norteamericano. “Todas las decisiones anteriores de los tribunales han respetado ese requisito básico”, recordó.
Además, Soler destacó que el organismo alertó sobre las implicancias institucionales del fallo, ya que podría afectar la soberanía argentina al implicar que el Congreso modifique una ley vigente o que el Poder Ejecutivo la incumpla. De acuerdo a Soler, se trata del artículo 10 de la Ley 26.741, sancionada en 2012, que autorizó la expropiación de YPF y prohíbe la transferencia de las acciones expropiadas sin aprobación previa del Congreso con el voto de ambas cámaras.
"El Departamiento de Justicia de los Estados Unidos dice que el precedente que crea el fallo de Preska interferiría indebidamente con los derechos legítimos de los estados extranjeros – en este caso la Argentina, pero en el futuro cualquier otro país – de disponer libremente de sus bienes dentro de su propio territorio, y afectaría intereses importantes de la política exterior estadounidense en materia de reciprocidad", agregó el letrado.
Los fondos demandantes en el juicio de YPF
En sus inicios, el juicio tuvo como protagonistas a los fondos Petersen y Eton Park, que fueron accionistas de YPF al momento de la expropiación. Petersen, que luego entró en quiebra, cedió sus derechos de litigio al fondo Burford Capital a través de su subsidiaria Prospect Investments LLC. Ambos fondos aseguran que Argentina violó el estatuto de la empresa al tomar el control de más de la mitad de las acciones sin lanzar una oferta pública obligatoria al resto de los accionistas.
En 2023, la jueza Loretta Preska les dio la razón y condenó a Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares, aunque el fallo aún no está firme y fue apelado por el Estado nacional.
El pedido de Burford consiste en quedarse con el 51% de las acciones que actualmente posee el Estado argentino en la petrolera.
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