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Alma Sapag se planta ante la prórroga para los biocombustibles

La diputada nacional fijó su posición ante la extensión de beneficios que considera que pueden perjudicar a la industria petrolera y provincias productoras.

La diputada nacional Alma Sapag alertó a los gobernadores y legisladores de provincias productoras de petróleo sobre el perjuicio que podría implicar la extensión del actual marco normativo que regula a los biocombustibles y su participación en corte de naftas. Su posicionamiento surge en simultáneo con el avance de proyectos para extender el marco jurídico que regula a este sector desde el 2007. El debate genera tensiones entre las empresas petroleras, que ya se lo expresaron a las autoridades del gobierno nacional y no fueron convocadas al Congreso de la Nación para fijar su posición.

La legisladora envió una nota a "todo el sector público vinculado a la producción petrolera" para alertar "sobre el tratamiento expeditivo que la Cámara de Senadores de la Nación pretende brindar a una serie de proyectos que buscan prorrogar" el Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles.

La ley, promulgada en el 2007, tiene una vigencia de quince años y establece una promoción impositiva que vence en mayo del año próximo.

Sapag señala que el marco normativo posibilitó que "el sector de los biocombustibles, al amparo de los beneficios tributarios recibidos, haya tenido un desarrollo importante, desde las 700 mil toneladas de biodiesel producidas en el año 2008 alcanzó las 2,8 millones de toneladas en 2017, de las cuales el 57% se destinó a la exportación, colocando a nuestro país entre los principales productores y exportadores; en cuanto al bioetanol de una nula producción se alcanzó 1,1 millón de metros cúbicos destinados exclusivamente al mercado interno".

En su nota, la diputada nacional del MPN afirma que desde el 2007, por la creciente participación de los biocombustibles en el mercado de los combustibles, el "fisco argentino dejó de percibir ingresos por un monto de U$S 6.000 millones en impuestos y otros U$S 1.400 millones en derechos de exportación sobre productos que se destinó al mercado interno".

La diputada expresa que en un principio, "con un contexto de altos precios internacionales del crudo la mezcla tenía un beneficio económico que luego desapareció con la baja del petróleo y al alza de los productos agropecuarios" y "con ello el precio al consumidor termina siendo mayor, pues el costo en puerta de refinería del combustible fósil es menor al del biocombustible".

La legisladora afirma que las provincias productoras de hidrocarburos "estamos sufriendo la baja de los precios internacionales por la pandemia y por la disputa entre los países productores más fuerte del planeta; el propio Estado Nacional está haciendo un esfuerzo en conjunto con las provincias, las empresas y las organizaciones de trabajadores para sostener una actividad que brinda trabajo a decenas de miles de trabajadores. La empresa de bandera, YPF S.A., atraviesa un momento muy delicado y no se encuentra en posición de perder más recursos".

Señala que, hasta el momento, "no se ha dado participación a la industria petrolera que se encuentra obligada a comprar biocombustibles, a producir la mezcla, a distribuir y comercializar los combustibles líquidos sin costo alguno para los productores de bioetanol y biodiesel".

Asimismo, "tampoco han sido invitados los fabricantes de automóviles, nucleados en ADEFA, para exponer sus puntos de vista y ciertas objeciones que vienen planteando principalmente en relación a problemas en el funcionamiento de motores diesel".

El debate de dos sectores

Para los productores de biodiesel y de bioetanol, hay fundamentos para que se sancione una nueva ley. Y algunos –como el congelamiento del precio- son apremiantes si es que existe la pretensión de sostener un segmento joven de la economía nacional, que en los últimos diez años invirtió US$ 2500 millones e instaló 55 plantas industriales.

El mes pasado, los refinadores de petróleo YPF, Pan American Energy, Raizen Argentina y Trafigura Argentina cuestionaron la posibilidad de ampliar los plazos del régimen e incrementar el porcentaje de corte y pidieron por carta una reunión con los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

"El costo de dicho régimen de promoción, tanto para el país como para los consumidores y el resto de la cadena de valor de los combustibles ha sido significativamente oneroso con consecuencias fuertemente negativas en términos de impacto fiscal, generación de divisas y niveles de competitividad, y con desarrollos dispares en términos de precio y calidad", afirmaron en la nota que le enviaron al ministro Guzmán.

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