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Mineros de Andacollo llegaron a un acuerdo con la empresa

Este miércoles por la tarde se llevó a cabo una reunión entre representantes del gobierno, la firma y el sindicato de los trabajadores.

La mesa de mediación entre los trabajadores minero de Andacollo, los representantes de la empresa Trident Southern Explorations y autoridades del Gobierno provincial culminó con el compromiso de la compañía de abonar los sueldos adeudados, antes del 4 de mayo.

La reunión fue dirigida por el fiscal general José Gerez, junto a Ulf Nordenstahl, director de la oficina de Mediación y Conciliación Penal del Ministerio Público Fiscal. En representación del gobierno provincial participaron la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo; el secretario del Interior y Gobiernos Locales, Osvaldo Llancafilo, y el responsable de Cormine, Martín Irigoyen; por los mineros y el sindicato AOMA que los nuclea, lo hicieron los delegados Gustavo Sepúlveda, Javier Montañez, Sergio Fuentes y Walter Rasso junto al abogado Bruno Bonetti; en tanto por la empresa participó Guillermo Salvatierra, quien intervino mediante teleconferencia.

La falta de pago e incertidumbre acerca el futuro laboral en la minera de capitales extranjeros no sólo impacta en Andacollo sino también en Huinganco, Las Ovejas y Chos Malal. Este miércoles a la madrugada, los trabajadores se movilizaron a lo largo de 500 kilómetros hasta la Capital para plasmar su reclamo, a pesar de la cuarentena vigente en todo el país.

En este sentido, y tras varias horas de diálogo, se acordó que la compañía abonará los sueldos correspondientes al mes de marzo, con plazo hasta el 4 de mayo.

En tanto, los representantes del sindicato Aoma y de la empresa Trident se comprometieron, a partir de mañana, a continuar con la revisión y redacción del convenio respecto de los meses de abril, mayo y junio, en los términos previamente hablados, y en función del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, para tenerlo finalizado el 5 de mayo; día en el que será formalizado en la sede del Ministerio Público Fiscal.

En caso de no cumplir con los puntos anteriores, los representantes de Cormine y los funcionarios del poder ejecutivo provincial manifestaron que se aplicarán las sanciones previstas en el contrato de concesión, que puede incluir hasta la rescisión del mismo.

En otro de los puntos, los representantes de la empresa señalaron -en el marco de la resolución pacífica del conflicto- que no tienen interés en la prosecución penal de las conductas que pudieran corresponder, respecto de los empleados, por la utilización de los bienes propiedad de la misma.

En relación con el último punto, la firma y el sindicato acordaron que mañana realizarán una inspección en las instalaciones de la empresa para hacer la entrega de los bienes de propiedad de la misma.

Por último, y con todo esto, desde el gremio aseguraron que finalizarán con las medidas de fuerza.

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