Reforma a la Ley de Glaciares en Diputados: el Gobierno busca destrabar inversiones mineras

El oficialismo avanza con decisión en el plano legislativo pese a la fuerte turbulencia política y judicial que lo rodea. La Casa Rosada planea abrir el recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles para sancionar definitivamente la reforma a la Ley de Glaciares. Esta iniciativa habilita nuevas inversiones mineras en zonas periglaciares, un cambio que genera fuerte debate entre desarrollo económico y preservación ambiental.

La jugada legislativa se produce en un contexto complejo. Persisten interrogantes sobre el incremento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sobre la posible participación del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en el auge y caída de la criptomoneda $LIBRA, cuyo desarrollo investiga la Justicia.

Tensiones políticas en el recinto

El recinto de Diputados amplificará las tensiones. La oposición se prepara para la sesión y diseña una estrategia destinada a incomodar al oficialismo. De acuerdo a trascendidos en medios nacionale, la oposición impulsará una interpelación al ministro coordinador. Esta medida requiere mayoría simple, y las ausencias de algunos aliados podrían facilitar el número sin exponerlos directamente.

En paralelo, la Justicia mantiene actividad intensa. Si continúan las revelaciones sobre viajes, departamentos y gastos, los pedidos de explicaciones públicas ganarán fuerza. La oposición cuenta con esta carta en una sesión donde parte en desventaja numérica. Sin embargo, la correlación de fuerzas favorece al Gobierno, que se encamina a convertir la reforma ambiental en ley sin mayores sobresaltos.

Según sondeos informales, el oficialismo reúne más de 130 voluntades junto a aliados del PRO, la UCR, el MID y diputados cercanos a gobernadores de provincias con potencial minero como San Juan, Catamarca, Mendoza y Jujuy. En este debate prevalecen los intereses regionales por sobre las lógicas partidarias tradicionales.

Apoyo de los gobernadores mineros

Los mandatarios provinciales que impulsan la reforma incluyen a Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan). La Casa Rosada busca sumar su respaldo político y convoca a un plenario de comisiones para este martes con presencia de los gobernadores o sus representantes. Inicialmente se había previsto una reunión informativa para el lunes, pero se descartó.

Algunos gobernadores prefieren no exponerse públicamente porque saben que sus diputados se dividirán en la votación. Durante las audiencias públicas previas, solo el gobernador de San Juan participó indirectamente a través de su ministro de Producción, Gustavo Fernández. El resto de las provincias mineras evitó posiciones públicas, aunque colaboraron en la elaboración del proyecto.

En el oficialismo descuentan que diputados de distritos cordilleranos de Unión por la Patria acompañarán la iniciativa. Entre ellos figuran Jorge Chica y Cristian Andino de San Juan, y Claudia Palladino de Catamarca. En el Senado, sus comprovincianos Sergio Uñac y Lucía Corpacci ya votaron a favor.

Los cambios clave de la reforma

La iniciativa del Poder Ejecutivo ya cuenta con media sanción del Senado. Si supera el trámite en Diputados, se convertirá en ley. Las organizaciones socioambientales anticipan que acudirán a la Justicia para impugnar la norma por inconstitucional, al considerar que vulnera el principio de “presupuestos mínimos” de protección ambiental establecido en la Constitución Nacional.

El proyecto propone diferenciar el área periglaciar de las geoformas periglaciales que cumplen funciones de reserva estratégica de recursos hídricos. De esta manera, no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino únicamente aquellas formaciones con función hídrica comprobable.

La legislación vigente protege tanto los glaciares visibles como los cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que forman parte del ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduce ese alcance al limitar la protección a las geoformas relevantes desde el punto de vista hídrico.

Otro punto central otorga mayor poder a las provincias. El proyecto establece que la autoridad jurisdiccional provincial actualizará el inventario glaciar sobre la base de estudios técnicos-científicos. Actualmente esa tarea corresponde al IANIGLA, organismo científico nacional con sede en Mendoza. La oposición advierte que esta transferencia podría debilitar el sistema de protección ambiental.

Agenda paralela en el Congreso

Los cambios en la legislación ambiental dominarán la agenda de esta semana en la Cámara baja. El oficialismo descartó avanzar simultáneamente con el proyecto “hojarasca” —que busca eliminar normas obsoletas— para evitar contratiempos. Esa iniciativa se postergó para mediados de abril.

En el Senado, la agenda aún se define. El oficialismo evalúa sesionar el jueves con un temario acotado que incluye el pliego de Lucía Crexell como embajadora en Canadá, ascensos militares y el ingreso formal de 62 pliegos judiciales. La decisión se confirmará tras una reunión de jefes de bloque dialoguistas.

El Gobierno busca mostrar capacidad de gestión legislativa en un momento de cuestionamientos. La reforma a la Ley de Glaciares representa un paso concreto hacia la desregulación ambiental y el impulso a la actividad minera, sector clave para el desarrollo de varias provincias andinas. Sin embargo, el debate trasciende lo técnico y se instala en el centro de la disputa entre modelo productivo y protección de recursos hídricos estratégicos.