La letra chica del acuerdo entre YPF y Neuquén por el megaproyecto de GNL

El gobierno de Neuquén envió hoy a Legislatura el proyecto de ley que aprueba el Acta Acuerdo con YPF, un documento estratégico que viabiliza el Proyecto GNL (Gas Natural Licuado). La iniciativa, enmarcada en los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), traza la hoja de ruta impositiva y regulatoria para extraer el gas de cinco áreas clave de Vaca Muerta y llevarlo a los mercados globales.

El acuerdo lleva la firma del ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, y la cúpula de la petrolera controlada por el Estado: su presidente, Horacio Marín, y el vicepresidente ejecutivo de LNG, Santiago Martínez Tanoira. La provincia otorga el marco de previsibilidad que exigen los socios internacionales y los bancos para financiar una infraestructura de escala mundial.

La meta principal del pacto radica en acelerar la producción de las concesiones Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, y Las Tacanas I y II. La petrolera tiene ahora un plazo estricto de 24 meses para notificar la Decisión Final de Inversión (FID) y garantizar el financiamiento del proyecto.

Regalías atadas al mercado asiático: la fórmula para el GNL

El nudo central del acuerdo redefine cómo cobrará Neuquén por sus hidrocarburos. Las partes fijaron que la producción destinada al mercado interno tributará sobre el precio de gas natural en condición "Firme", excluyendo los valores del fluido destinado a la licuefacción.

Para el gas que efectivamente ingrese a la planta y se convierta en GNL, el esquema cambia radicalmente. Neuquén ató sus ingresos al precio internacional JKM (Japan Korea Marker), el índice de referencia para el codiciado mercado asiático. La provincia y la empresa consensuaron un sistema de alícuotas móviles escalonadas en tres niveles:

• 7,5% de regalías si el precio internacional del GNL promedia por debajo de los 16 USD/MMBtu (Valor Base 1).

• 10% de regalías si el precio oscila entre 16 y 20 USD/MMBtu.

• 12% de regalías cuando la cotización internacional alcance o supere los 20 USD/MMBtu (Valor Base 2).

Esta estructura protege la rentabilidad del operador en escenarios de precios bajos y garantiza que la provincia capture la renta extraordinaria cuando los mercados internacionales operen al alza. El documento detalla que estos valores base sufrirán revisiones cada tres años, ajustándose de manera automática según el diferencial entre el valor local y el de exportación.

Estabilidad por tres décadas y la exención de Ingresos Brutos

El desembolso multimillonario que demanda el midstream y la planta de licuefacción requiere certezas de largo aliento. Neuquén aplicó la letra del artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos y las garantías del RIGI para otorgar al consorcio exportador un blindaje fiscal por 30 años.

Durante ese lapso, la provincia no podrá modificar los hechos imponibles ni crear nuevos gravámenes que alteren la ecuación económica de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) que YPF creará junto a sus socios. Incluso, el gobierno neuquino invita formalmente a los municipios a replicar esta estabilidad en sus propios códigos tributarios.

En paralelo, el Ejecutivo liberó una de las mayores cargas distorsivas. Las transferencias de crudo y gas natural realizadas exclusivamente entre los VPU adheridos al RIGI, y cuyo destino final resulte la exportación, quedaron exentas del impuesto a los Ingresos Brutos. También se eximió de Sellos al propio contrato.

Bono de infraestructura y arbitraje en París

A cambio de las ventajas competitivas otorgadas, Neuquén se aseguró ingresos directos para mitigar el impacto de la actividad en el territorio. YPF asumió un compromiso irrevocable de inversión bajo la figura de un Bono de Infraestructura por 175 millones de dólares. Estos fondos financiarán obras públicas bajo la supervisión directa del Ministerio de Infraestructura provincial.

Finalmente, el convenio anticipa el escenario legal para eventuales roces en contratos de esta envergadura. A excepción del cobro ejecutivo de regalías o disputas por pasivos ambientales que quedan bajo el fuero neuquino, cualquier controversia comercial se dirimirá bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El tribunal tendrá sede en París y el idioma oficial será el español, un guiño para el capital transnacional.