Licitación inminente: Argentina define el futuro de las represas hidroeléctricas
En pocos días, el gobierno de Javier Milei dará a conocer detalles para normalizar la situación de los contratos que empezaron a vencer en 2023.
Contexto de alta incertidumbre. Así es la situación de los contratos de las concesiones de las represas hidroeléctricas que comenzaron a vencer en mayo de 2023; y los dichos de secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en el marco de Vaca Muerta Insights, hicieron cierto aporte a la confusión general.
"Estamos muy cerca de avanzar con la licitación, pero antes debemos sentarnos con las provincias para contarles el modelo de negocio a licitar, con una lógica alineada a la idea de normalizar el mercado eléctrico mayorista y que se empiece a contratar libremente de forma gradual", explicó González al resaltar la cautela del proceso para no provocar "un lío grande" en el sistema.
Anticipó que “tenemos el pliego listo” y dijo “vamos a concesionar las cuatro centrales y con una lógica que esté alineada y se empiece a hacer algo que tenga sentido. Que el mercado lo sienta como un paso eficaz de lo que vamos a hacer”.
El método
"No vamos a estar licitando operación y mantenimiento, sino concesionando las cuatro centrales", aseguró el funcionario en Neuquén al clarificar el objetivo de la administración central. Dicho de otro modo, la idea es que continúen en manos privadas, pero no solo en la responsabilidad de licitación y mantenimiento, sino en la gestión integral, un tema para lo cual deberá esperarse la propuesta oficial, ya que las represas demandan inversiones de modernización que los privados no tendrán forma de hacerse cargo.
De este modo, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, dejó claro que en los próximos días se publicarán los pliegos para la licitación de las cuatro centrales ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, en la Cuenca del Comahue. Las represas en cuestión son las de Alicurá -operada por la empresa AES Argentina-, El Chocón-Arroyito -a cargo de la firma Enel Generación-, Cerros Colorados -gestionada por Oroazul Energy-, y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto. Vale recordar que fueron de las primeras en ser privatizadas por un periodo de 30 años en la década del 90.
Temas ríspidos
La cautela de González puede deberse a que la remuneración de la energía que generan las centrales hidroeléctricas de todo el país es la tarifa más baja de la red, ya que la inversión de las obras fue largamente amortizada y los costos de funcionamiento y mantenimiento son realmente menores respecto de otras fuentes.
Pero al momento de prorrogar las concesiones, el Gobierno deberá dar a conocer su evaluación sobre el nivel de obras necesarias para la extensión de vida de las represas, la oportunidad de ampliación de capacidad y mejora de eficiencia, entre otros aspectos clave para cualquier empresa que se postule hacerse cargo de las centrales.
Por ese motivo, liberar a las empresas a negociar libremente su energía obligaría a los nuevos operadores a incrementar esa remuneración con un impacto directo en el costo global del sistema, lo que se conoce como precio monómico, por lo cual la licitación fue explicada como "un paso consistente" con todas las medidas que viene adoptando el oficialismo en el segmento energético.
La nueva concesión de las represas permitirá analizar las inversiones para su modernización, el rol de las provincias y el Estado nacional, y la participación de la hidroelectricidad que cayó en un 50% desde las privatizaciones de los 90 debido al avance de otras tecnologías de generación eléctrica como la termoeléctrica o las renovables.
La nueva licitación para las represas
De acuerdo a los contratos vigentes, las centrales deben ser revertidas sin cargo ni costo al concedente, es decir, el Estado Nacional, tal como se especifica en los estatutos de las sociedades creadas en la década del 90 para concesionar las empresas hidroeléctricas.
Aquel proceso se dio a la par de la liquidación de las empresas Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, lo que derivó en la entrega de una treintena de represas en varias provincias, aunque las más importantes de ellas en cuanto a capacidad de generación son las ubicadas en los ríos Neuquén y Limay que concentran poco más del 70% de generación concesionada.
Ya en 2021, el Estado anunció que llevaría adelante una auditoría amplia -cuyos resultados nunca se conocieron- para saber cuál es la situación técnica de cada una de las hidroeléctricas, en momentos en que una alternativa fuerte era la reversión de las concesiones en favor de la Nación, mientras que las provincias reclamaban lo propio.
Por entonces, la respuesta de la Nación era que algunos sectores provinciales confundían entre la propiedad del recurso que es genuina e indiscutible por el cual cobran las regalías, y los activos, las inversiones en obras que fueron hechas con fondos del Estado nacional, pagadas por las tarifas de todo el país mediante fondos específicos desde la década del 60 hasta 1993.
Ya en los primeros meses de la gestión de Javier Milei, las provincias patagónicas volvieron a la carga con el tema en medio de una feroz discusión por la quita de fondos de coparticipación, a lo que mandatarios y legisladores del sur respondieron con la amenaza de conformar una empresa denominada Energía Patagonia S.A. bajo el planteo de que los recursos energéticos son de las provincias por designio de la Constitución Nacional.
Sobrepasado aquel conflicto y ante la continuidad de la indefinición, la Secretaría de Energía dispuso en julio del año pasado la prórroga de las concesiones por un año en manos de las actuales licenciatarias, además de abrir un espacio de diálogo de 180 días de los cuales se supone surgió la propuesta oficial que se dará a conocer en breve. El tiempo siguió su curso y así llegamos a estar esperando la publicación de los nuevos pliegos para la licitación.
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