Represas: un informe de la Nación apaga las expectativas de las provincias
El documento advirtió que en la gestión de Javier Milei la administración de las represas seguirá siendo potestad del gobierno nacional. ¿Qué pasa en Neuquén?
El futuro de las represas no parece inclinarse a favor de las provincias. Un informe de Nación, presentado por la Jefatura de Gabinete, echó por tierra cualquier expectativa de que las represas sobre los ríos Limay y Neuquén, cuyos contratos de concesión vencieron, puedan ser transferidas a las provincias titulares de los recursos hídricos.
La conclusión es tajante y es algo que se veía venir en la nueva gestión del presidente Javier Milei: la administración de las represas seguirá siendo potestad del gobierno nacional. Y, según el texto, no solo está blindada por la Constitución Nacional, sino también por una normativa específica que refuerza esta postura.
El documento, elaborado sobre la base de la Ley 15.336, establece un marco jurídico que reafirma el control federal sobre las represas hidroeléctricas. Este marco se apoya en varios artículos de la Constitución Nacional, como el 75 inciso 13, que regula el comercio interjurisdiccional, y el 31, que garantiza la primacía de las leyes federales.
La generación hidroeléctrica es considerada de “interés general” y sujeta a la jurisdicción nacional porque forma parte del Sistema Interconectado Nacional. Este detalle es clave: aunque las provincias son dueñas del agua, como repiten los gobiernos de Neuquén y Río Negro, la energía que se produce es regulada por el Estado federal.
Represas: regalías y límites para las provincias
Además, el informe deja en claro que la reforma constitucional de 1994, que reconoció el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, no modificó la potestad del gobierno nacional para otorgar concesiones hidroeléctricas. Este derecho fue ejercido incluso después de esa reforma, con concesiones como las de Alicurá (AES Argentina), Futaleufú y otras represas privatizadas en los años 90.
El informe 141, presentado en el Senado de la Nación, también hace hincapié que las provincias ya cuentan con un mecanismo de compensación por el uso de sus recursos: las regalías hidroeléctricas. Según la Ley 15.336, las provincias reciben el 12% del valor de la energía vendida como contraprestación por la utilización del agua.
Sin embargo, este punto siempre genera muchas fricciones y desacuerdos. Las provincias reclaman una mayor participación en la administración de las represas, con el argumento que las regalías no reflejan el verdadero valor del recurso. Pero el gobierno nacional parece decidido a mantener el control total, apelando a la necesidad de garantizar el funcionamiento de un sistema energético integrado.
El trasfondo político: ¿Una batalla perdida?
En Neuquén y Río Negro, las expectativas sobre un posible traspaso habían crecido en los últimos años. Incluso hubo proyectos legislativos y reuniones con funcionarios nacionales para plantear esta posibilidad. Pero el informe no deja margen para interpretaciones: las represas seguirán bajo control del Estado nacional, al menos mientras se mantenga el marco legal actual.
El documento cierra con una declaración más que contundente: cualquier intento de alterar este esquema “implicaría irrumpir en el ámbito federal de la materia”, lo que no solo afectaría el equilibrio del sistema energético, sino que también podría generar conflictos legales de gran magnitud.
En definitiva, las provincias vuelven a quedar al margen en la toma de decisiones sobre recursos que nacen en sus propios territorios. Las represas, con todo su potencial económico y estratégico, seguirán siendo piezas de un tablero político que parece demasiado grande para las aspiraciones locales.
Loa dos pedidos de Neuquén
La provincia del Neuquén reiteró dos reclamos al gobierno nacional por temas vinculados a las regalías hidroeléctricas y obras postergadas que debía realizar el gobierno nacional en el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados. La presentación fue realizada el ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, ante la nueva titular de la secretaría de Energía de la Nación, María Tettamanti.
En una de las misivas se solicitó derogar la resolución que establece un tope en el porcentaje de las regalías en especie que pueden cobrar las provincias de las hidroeléctricas. En otra, se reforzó el pedido de las obras de regulación del Río Neuquén que Nación debía ejecutar -y aún no lo ha hecho-, según el fallo de la Corte Suprema de 2009.
“Le estamos pidiendo al gobierno nacional que nos permita cobrar las regalías en especie que nos corresponden por las hidroeléctricas y que desregulen el cobro” aseguró el ministro, y agregó “además les solicitamos las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa Portezuelo Grande, que es una obra que debe hacer el estado nacional y que nos avala un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ya tiene 15 años, es necesaria la construcción de embalses adicionales”.
En esta nota
Dejá tu comentario
Se está leyendo
