El kirchnerismo le puso presión al Plan Gas 4 en el Senado
Frenó los millonarios pagos a petroleras de un DNU de Macri que Kulfas había intentado pagar como señal para garantizar el abastecimiento de gas en el 2021.
El Senado de la Nación, a instancias del kirchnerismo, rechazó la aprobación del decreto de necesidad y urgencia que establecía un plan de compensación a distribuidoras y productoras de gas que había asumido la gestión de Mauricio Macri por la devaluación del 2018. Esa normativa fijaba que el pago que inicialmente Cambiemos quería trasladar a usuarios residenciales fuera asimilada por el Estado, en medio de la avalancha de cuestionamientos de amplios sectores sociales por la seguidilla de tarifazos.
La definición implica la puesta en duda de pagos por 24.500 millones de pesos, cuya cancelación ya había intentado aplicar el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas, como un gesto hacia las empresas productoras en medio de la discusión del Plan Gas 4, el nuevo estímulo a la producción que impulsa el gobierno nacional. El objetivo: sentar un clima de negociaciones que permitiera garantizar el abastecimiento de gas en el 2021.
El rechazo del Senado tiene un antecedente previo de importancia en la decisión del interventor del Enargas, Federico Bernal, quien había denunciado penalmente al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por aplicar los cuestionados aumentos tarifarios sin “la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras”. Se trata de la medida que generó los pagos que había definido realizar Kulfas, quien, ante la avanzada judicial de Bernal decidió volver atrás.
En diálogo con +e, fuentes cercanas al kirchnerismo en Buenos Aires fueron totalmente explícitas. “El Estado no podía asumir esa deuda millonaria cuestionada por muchos sectores sociales y asumida por el gobierno de Cambiemos. El voto en el Senado plantea esa posición”, expresaron.
La propuesta de derogación llegó de manos de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Luego de la media sanción, resta una convalidación en Diputados para dejar sin efecto la medida.
El posicionamiento mayoritario del Senado -la votación fue 41 a 25- da de lleno en la negociación que vienen sosteniendo las operadoras con el entorno de Kulfas, que busca establecer los parámetros de comercialización del gas para los próximos cuatro años: hay un declino de la producción que se hace notar con cada día que pasa por la falta de inversiones en los campos gasíferos y el antídoto para revertir ese cuadro es una garantía de precios, hoy por debajo de los márgenes de rentabilidad en los yacimientos.
Kulfas buscó dar una señal a la productoras, asumiendo parte de los pagos que había heredado la administración de Alberto Fernández por la medida diseñada por la gestión Cambiemos ante el clamor contra el impacto del precio de la energía en el bolsillo de los consumidores.
Varias de las empresas dentro de la negociación en marcha que podría definir parte del abastecimiento interno del año próximo tienen montos millonarios por cobrar.
Ante consultas de +e, directivos de algunas de esas empresas productoras no se lograban explicar del todo la situación: por un lado, un sector del gobierno hace gestos para recomponer un clima de confianza a partir de desembolsos millonarios, y por el otro, una definición en contra impulsada por la otra pata trascendental de la coalición de gobierno en La Rosada.
YPF, la petrolera controlada por el Estado nacional, es la productora que más dinero tiene por cobrar por el gas impago con $6.795 millones.
La empresa nacionalizada está cruzada por los mismos problemas que el resto de las productoras, solo que en una escala mayor: su rol omnipresente le impone ser una de las garantes del autoabastecimiento. Sobrelleva la crisis de la demanda interna de combustibles, con caídas en torno al 50% del consumo de naftas, lo que da de lleno en el corazón de su negocio y tiene impacto en la producción de crudo.
El sitio especializado Econojournal, al mismo tiempo, dio a conocer un plan alternativo impulsado por Bernal para subsidiar el consumo residencial que tendría en sus manos la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de la presidencia del Senado.
En el caso del gas, el escenario es bastante claro hacia adelante, y en parte es lo que viene motivando la necesidad de la negociación del nuevo plan gas. Tal como lo adelantó +e en octubre pasado, el país está en una carrera contra el declino de la producción.
Los enormes recursos de Vaca Muerta solo pueden constituir una solución en tanto el precio interno sea una variable que se ajuste a la ecuación de costos de las productoras. Pero es algo que también se hace extensivo a otras cuencas del país.
Argentina podría abastecerse de gas natural licuado (GNL), hoy a un precio bajo en el mercado mundial, pero, pronósticos al margen, nadie puede asegurar por cuánto tiempo ese valor será accesible; al mismo tiempo, pondría un escollo más al desarrollo de sus enormes recursos y seguiría girando dólares al exterior que no tiene, con el consiguiente impacto en las reservas del Banco Central al margen del impacto negativo en la generación de empleo y sostenimiento de la actividad económica.
Una negociación y su impacto en Neuquén
El posicionamiento del Senado llega en medio de una negociación crucial para establecer de dónde va a salir el gas que necesitará el país en los próximos años.
La crisis del petróleo se hizo más notoria en los últimos tres meses, pero al mismo tiempo, el otro gran frente que tuvo que abordar el gobierno nacional, el del gas, es vital también para saber si habrá una chance de apuntalar el nivel de actividad económica en las provincias productoras.
Es un debate central para Vaca Muerta. Parte de la apuesta del gobierno neuquino, en medio de la baja recaudación por el impacto económico de regalías a la baja en el último semestre, es sumar toda la producción posible de gas (el crudo dio algunas respuestas coyunturales con salidas al mercado mundial en el último mes).
Con todo, el debate en el senado podría configurar un escollo para el incentivo que supone el Plan Gas 4.
Las diferencias explicitadas en la votación del Senado suman una cuota adicional de incertidumbre, una palabra que viene definiendo el escenario argentino del sector energético hace casi un año, al margen de los colores políticos y las ideologías.
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