El gobierno unifica el ENRE y el Enargas

El Gobierno Nacional oficializó este lunes la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, a través del Decreto 452/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta nueva entidad surge como cumplimiento del artículo 161 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley N.º 27.742).

El nuevo organismo tendrá a su cargo las funciones que hasta ahora desempeñaban por separado el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Según el Gobierno, esta unificación apunta a mejorar la eficiencia del Estado, modernizar el marco regulatorio y optimizar el uso de los recursos públicos.

“La creación del Ente único permitirá eliminar estructuras duplicadas y fortalecer la coordinación regulatoria sobre servicios públicos esenciales como el gas natural y la electricidad”, señaló el gobierno tras conocerse el decreto firmado por el Poder Ejecutivo.

Transición

El proceso de implementación incluirá una etapa de transición, durante la cual se mantendrán operativas las estructuras actuales del ENARGAS y el ENRE hasta que se apruebe la organización definitiva del nuevo organismo. Este mecanismo busca garantizar la continuidad institucional y preservar la calidad en la prestación de los servicios regulados.

Según se informó oficialmente, la decisión representa un nuevo paso en la estrategia del Gobierno de avanzar hacia un Estado más ágil, menos costoso y con una regulación pública más coherente y articulada, especialmente en sectores estratégicos como la energía.

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Desregulación del mercado eléctrico

Potro lado, a través del Decreto 450/2025, publicado hoy temprano, el gobierno de Javier Milei modificó las leyes 15.336 y 24.065, con el objetivo de normalizar, liberar y modernizar el mercado eléctrico. Estas medidas buscan transformar un sistema que, durante las últimas dos décadas, consumió más de 105,000 millones de dólares en subsidios, según datos oficiales.

El Decreto 450/2025 introduce adecuaciones a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico); se establecen las bases jurídicas para una reforma estructural que promete beneficiar a los usuarios y posicionar al sector privado como actor clave.

El decreto impulsa una apertura al comercio internacional en el sector energético, limitando la intervención del Estado a razones técnicas o de seguridad. Esta medida busca integrar a Argentina en los mercados globales, fomentar la competencia y aumentar las exportaciones, especialmente en el ámbito energético, lo que podría generar ingresos adicionales para el país.

Se restauran los contratos privados eliminando restricciones vigentes desde 2013, con el objetivo de atraer inversiones y dar señales de estabilidad a los capitales internacionales. A su vez, se otorga libertad a los consumidores para elegir a sus proveedores de energía, lo que, según el gobierno, fomentará una competencia saludable que podría traducirse en mejores servicios y precios más bajos. No obstante, la distribución eléctrica es un monopolio natural debido a los altos costos de infraestructura.

Además, las reformas eliminan impuestos locales y cargos ajenos al consumo en las facturas de energía, promoviendo una relación más transparente entre usuarios y proveedores. También se facilita la inversión privada en infraestructura energética, al permitir proyectos bajo riesgo de los propios inversores, lo que alivia al Estado y acelera el desarrollo del sistema. Todo este proceso se implementará de forma gradual durante un período de transición de 24 meses, coordinado por la Secretaría de Energía.