YPF marcó un nuevo hito en Vaca Muerta.
Neuquén presentó una serie de 15 modificaciones al proyecto oficial que busca desregular y liberar mercado de los hidrocarburos. Hay tensión por el avance inconsulto del gobierno de Milei.
La discusión por la ley ómnibus con la cual el gobierno de Javier Milei pretende transformar de forma radical la economía argentina quedó inmersa en un escándalo tras el dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El documento fue avalado por la oposición dialoguista y luego fue modificado por el oficialismo sin tener en cuenta las disidencias planteadas, entre las que se incluían -por parte de provincias patagónicas- cambios en dos áreas sensibles para sus intereses: la Ley de Hidrocarburos y la protección de las zonas frías a la tarifa del gas.
Sobre inicios de la semana, el gobierno central ya había cedido en varios de los puntos reclamados por las provincias petroleras nucleadas en la Ofephi.
En el proyecto presentado por Federico Sturzenegger, la norma que rige la columna vertebral de la industria petrolera sufrió la mayor transformación desde su sanción en 1967, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Se propone dejar atrás el paradigma del autoabastecimiento para pasar a una liberación total de la comercialización de los hidrocarburos.
El objetivo del Estado ya no será “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”, sino “maximizar la renta obtenida de la explotación”. Toda una definición de la cosmovisión del gobierno libertario.
El Poder Ejecutivo Nacional ya no podrá intervenir o fijar los precios internos en cualquiera de las etapas de producción.
Si bien la reforma no fue consensuada con los principales actores de la industria petrolera, cosechó un amplio respaldo de las compañías privadas. Las provincias productoras, por su parte, comparten su espíritu, pero están molestas porque ningún funcionario nacional las consultó sobre un tema tan sensible que impacta directo en el manejo de los recursos que les pertenecen y avasallan sus potestades. Tampoco se dignaron a contestar la carta enviada días atrás por la Ofephi con una serie de propuestas.
Nación apenas reaccionó con la incorporación de la posibilidad de que las exportaciones de petróleo y gas -que quedarán liberadas- puedan ser objetadas por la Secretaría de Energía por razones técnicas o económicas que pongan en riesgo el suministro interno.
Además, quitó a YPF del listado de empresas estatales a privatizar. Una concesión “para la tribuna”, ya que la venta del paquete accionario bajo control estatal de la petrolera requiere de una ley especial aprobada por mayoría agravada en el Congreso.
En el revoltoso mar de las frenéticas negociaciones en Diputados, Neuquén avanzó con una serie de disidencias que se incorporarían al dictamen probado por mayoría, y que serían debatidas en particular en el recinto. Sin embargo, no fueron añadidas en el texto final que circuló el gobierno. En medio del malestar de la oposición dialoguista por esa maniobra, se sumó la amenaza del presidente Milei de "fundir" a las provincias si no le aprueban la ley.
“Las desprolijidades que están cometiendo nos llevan a poner en duda el acompañamiento tanto en general como en particular de la ley. Hay una cuestión muy básica que tiene que ver con que el dictamen de mayoría contemplaba 34 firmas en disidencia. Esas disidencias quedaron planteadas en distintos documentos, y no fueron incluidas en el dictamen”, explicó el diputado nacional por el MPN, Osvaldo Llancafilo, en diálogo con +e.
El legislador emepenista presentó modificaciones a la Ley de Hidrocarburos en sintonía con el gobernador Rolando Figueroa, que fueron elaboradas con el asesoramiento del ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, y Alejandro Monteiro, secretario ejecutivo de la Ofephi. Junto a su par rionegrino Agustín Domingo (JSRN), el legislador neuquino negoció el compromiso de sostener la zona fría para la boleta del gas.
También se mantuvieron reuniones con diputados nacionales por Neuquén Nadia Márquez (LLA) Pablo Cervi (UCR) , Tanya Bertoldi (UXP) y Pablo Todero (UXP), y del bloque Hacemos Coalición Federal
+E accedió al documento que plantea modificaciones en 15 artículos de la Ley N° 17.319 de Hidrocarburos, entre las que se destacan:
“Si hay libertad de exportar, y alguien cruza una exportación por riesgo de suministro, se le tiene que reconocer el precio de paridad de exportación, para que no se repita que un funcionario nacional tire el precio abajo y lo desacople del mercado internacional. Si a un inversor internacional no le das seguridad de que el precio va a estar alineado al internacional, no van a traer plata para desarrollar una Vaca Muerta de escala de producción de un millón de barriles”, explicaron fuentes que participaron de la redacción de la propuesta de las provincias.
Con la legislación actual, el concesionario mantiene pisados proyectos que no les son rentables. La mayoría de las compañías se ha concentrado en la explotación de Vaca Muerta, en detrimento del convencional, que se evidencia en el fuerte declino del convencional de Neuquén, que es superior a otras cuencas.
La segmentación de concesiones por formación no sólo beneficiaría a Neuquén, sino también a provincias que recién incursionan en proyectos exploratorios no convencionales como Río Negro y Palermo Aike (Santa Cruz).
Desde la Ofephi consideran que el gobierno nacional debería tener interés en apoyar esa iniciativa, en consecuencia con su interés de abrir el mercado a nuevos inversores.
“Lo que decimos es que no sólo se trata de acuerdo entre privados y la Provincia sólo es una escribanía que autoriza la cesión. La autoridad de aplicación tiene que evaluar los términos y establecer las condiciones para aceptarla o rechazarla”, comentaron las fuentes consultadas por +e.
Neuquén agregó una modificación que establece que la autoridad de aplicación reglamentará los requisitos y condiciones para el otorgamiento de la autorización de los proyectos de almacenaje. Esa figura nueva no fue consultada por el gobierno central con las provincias productoras.
Las fuentes consultadas consideraron esa redacción como “un engendro” impracticable que significaría que quien deja un yacimiento podría trabar el ingreso de nuevos inversores. “Lo más grave es que se mete con activos de la Provincia, porque ante la reversión de un área, el activo pasa al patrimonio provincial”, explicaron.
Más allá de la compleja reforma de la Ley de Hidrocarburos, las provincias patagónicas se preocuparon porque el dictamen no eliminara los subsidios a la zona fría de la tarifa del gas, que se financia a través de un fideicomiso que pagan en su boleta todos los usuarios del país.
Llancafilo y Domingo habían logrado el acuerdo para mantener los beneficios previstos en el art. 75 de la Ley 25.565 y la Ley 27.637. Así lo habían negociado con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, el asesor presidencial en Asuntos Estratégicos, Santiago Caputo, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Pero en el dictamen que difundió el gobierno, no se cumplió con lo pactado.
Más allá de las desprolijidades y dudas que genera una mega ley que se propone transformar de un plumazo la regulación de la economía argentina, en el sector petrolero hay un consenso favorable a la reforma que necesita la legislación para el despegue del potencial exportador de Vaca Muerta.
Sin embargo, su inclusión en la vorágine de una ley ómnibus no aparece como la opción política más acertada si se piensa cambiar un modelo que lleva más de 50 años y que no tuvo consulta sobre las dueñas de los recursos, ni sobre los principales actores del sector. Por caso, la reforma de 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández, llevó meses de tironeros entre Neuquén y Nación, sólo para incorporar la figura de concesión no convencional que se creó para otorgar áreas en Vaca Muerta.
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