Política

Para el Instituto Mosconi, el problema medular es el gas en boca de pozo

Opinó sobre el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del gobierno nacional y señaló que no hacía falta una ley para congelar las tarifas.

Para el Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi", el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva le falta establecer cómo se determina el precio del gas natural en boca de pozo. Es la observación sobre ese segmento vinculado a Vaca Muerta en pronunciamiento que difundieron en las últimas horas.

"Es importante resaltar -apunta el IAE Mosconi- que el proyecto del Poder Ejecutivo omite el tratamiento del problema medular de la economía energética nacional, que es la determinación del precio del gas natural en boca de pozo (PIST), que se determina en un mercado oligopólico y de alta concentración y sin ninguna transparencia y que debería ser objeto de una propuesta específica en el marco de una Emergencia como la que se propone".

De acuerdo al análisis, el IAE Mosconi considera que la gestión anterior cerró sin actualizar las tarifas y que "los aumentos correspondientes a transporte y distribución del servicio eléctrico y de gas también han sido postergados. Por lo tanto, no es necesario una emergencia económica y/o tarifaria para posponer aumentos y/o modificar las estructuras tarifarias. Existen los instrumentos administrativos y regulatorios para hacerlo".

Parece acertada la decisión de revisar las transferencias de las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires y que permanezcan bajo competencia nacional, en línea con las manifestaciones públicas del Instituto en relación a las dificultades técnicas, económicas y regulatorias de dicha transferencia

El IAE Mosconi descree de la afectividad de la intervención de los entes reguladores, los cuales quedaron normalizados en la gestión anterior y cubiertos los cargos por concurso. "Es un paso atrás que vuelve a romper los marcos regulatorios, otorgando discrecionalidad a la regulación de los servicios públicos", plantea el organismo.

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