Juicio por YPF: El Gobierno reestructura la Procuración del Tesoro tras la sospecha de filtraciones
Mientras avanza el juicio por YPF en Nueva York y aumentan las sospechas por filtraciones, se determinó una reorganización en el organismo jurídico. Ayer, se oficializaron 60 despidos.
En medio de una investigación por posibles filtraciones vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno nacional oficializó este miércoles una reestructuración en la Procuración del Tesoro. A través del Decreto 475/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, se aprobó una nueva estructura organizativa del organismo jurídico, con una fuerte reducción de cargos y el cierre de áreas clave.
La medida se produce tras la desvinculación de más de 60 trabajadores de la entidad, en el marco de sospechas sobre una presunta entrega de información estratégica al fondo Burford Capital, litigante en la causa que se tramita en tribunales de Estados Unidos por la estatización de la petrolera.
Según señalaron ayer voceros oficiales, “se está haciendo una purga” en el organismo.
Caso YPF: la reorganización establecida en la Procuración del Tesoro
El decreto emitido hoy fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y establece una reorganización de primer y segundo nivel operativo de la Procuración del Tesoro, ahora con menos direcciones nacionales: se pasa de seis a cuatro y con una nueva lógica de funcionamiento que, según la medida, busca “optimizar el uso de los recursos públicos” y “fortalecer la capacidad operativa” del organismo.
Además, se dispone la eliminación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, creada en 1994. "A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución", indica la resolución.
La disposición señala que “los programas de capacitación en curso al momento de la entrada en vigencia del presente decreto continuarán hasta su finalización bajo la supervisión de la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP)”, a fin de garantizar “la certificación de los estudios cursados”.
A su vez, el Gobierno también instruyó a la Procuración a realizar en un plazo de 90 días una auditoría sobre los recursos materiales que eran utilizados por la Escuela.
La estructura aprobada por el Decreto 475/2025 permite al Ministerio de Justicia realizar modificaciones futuras sin generar nuevas partidas presupuestarias. Además, los cargos de conducción se reorganizarán bajo el régimen del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con el objetivo de eliminar “una estructura burocrática innecesaria”.
El nuevo esquema también prevé mecanismos más rigurosos para la selección de abogados estatales y para la evaluación de competencias.
Caso YPF: una investigación en curso
La reestructuración se da en un contexto de tensión institucional. El procurador adjunto Santiago Castro Videla, designado tras la salida de Rodolfo Barra, lleva adelante una investigación interna ante la sospecha de que empleados del organismo habrían filtrado información sensible del expediente por el juicio a YPF, según publicó ayer Infobae.
Voceros gubernamentales explicaron que no hay pruebas concretas sobre el destino final de la filtración, pero calificaron como “razonable” la posibilidad de que haya sido vendida a alguna de las partes involucradas en el litigio.
Si bien desde la Casa Rosada evitaron señalar responsables de manera explícita, surgieron menciones al rol que tuvo Carlos Zannini al frente de la Procuración del Tesoro durante la presidencia de Alberto Fernández. En paralelo, volvió a tomar impulso una causa judicial que lo involucra por presuntas irregularidades en el proceso de estatización de la empresa.
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