Hidroeléctricas: decisiones en medio de un clima electoral sin política energética
Nación volvió a extender el control de las hidroeléctricas del Comahue a Enarsa. Elías Sapag volvió a criticar las resoluciones que se toman desde Casa Rosada.
La prórroga por 100 días corridos para las concesiones hidroeléctricas, en medio de la elección presidencial y un clima de incertidumbre, no cayó bien en la provincia de Neuquén, que guardaba un proyecto para que los estados provinciales puedan ser parte del control de los recursos.
La Secretaría de Energía de la Nación, que conduce Flavia Royón, extendió el control de la estatal Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), como veedor de las represas. En este caso, los contratos de Alicurá (AES), El Chocón (ENEL Generación) y Cerros Colorados (Orazul Energy). Dos aprovechamientos hídricos están instalados en el Limay y uno en el Neuquén.
“Esto es un desastre, quedaron en que había una prórroga para tratar el tema de la participación de las provincias en las concesiones, pero la secretaria Royón sigue haciendo lo mismo y contradictorio. Porqué no lo prorrogaron por un año para el nuevo gobierno, así los gobernadores y las provincias se sientan en sus cargos y tratan el tema. Siguen insistiendo con una empresa nacional”, sostuvo Elías Sapag, representante de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas por la provincia de Neuquén.
El tema de las concesiones viene dilatado. Se vencían el 11 de agosto pasado, dos días antes de las PASO cuando quedaron en manos de Enarsa. El gobierno prorrogó los contratos hasta el 10 de octubre y ahora, nuevamente pateó el pozo hasta el 19 de enero de 2024. Mientras tanto, el 22 de octubre habrá elecciones presidenciales, con una total incertidumbre sobre estas medidas.
La medida se dispuso a través de la resolución 815/2023, publicada en el Boletín Oficial, por la que se prorroga el plazo de 60 días corridos establecidos en la resolución 574 del 10 de julio pasado.
El foco legal
La resolución reseñó que “como resultado de las reformas efectuadas en el sector eléctrico en la década de 1990 a partir de la sanción de la Ley N°24.065, se estableció la división vertical de la industria eléctrica y se declararon sujetas a privatización las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica”, entre las que figuraba Hidroeléctrica Norpatagónica (Hidronor).
“Lo grave de todo esto es que hay una anulación del artículo 37 de la Ley 24.065, que dice que todas empresas del Estado no pueden tener ganancia, puede operar y hacer mantenimiento, administración y a parte comercial y con un fondo de libre disponibilidad”, indicó Sapag.
El funcionario de la AIC sostuvo que los plazos de la discusión se dilataron durante más de un año, y que la propuesta de los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras y de Neuquén, Omar Gutiérrez, de crear una empresa bipartita entre Nación y provincias quedó estancado.
“Era para operar, mantener y comercializarla energía a un precio que permita una ganancia, que vaya a un fideicomiso que permita la construcción de una obra sobre el río Neuquén. Nación sigue faltando a la constitución, en lo que es la seguridad de bienes, pero también a lo que es un gobierno de concertación, porque el recurso natural es de las provincias y nos faltan el respeto”, indicó el representante de la AIC.
Y acotó: “Hay un ninguneo permanente y hacen lo que quieren”. Hasta ahora, de las operadoras hidroeléctricas, la única que manifestó la idea de quedarse con la operación, ante un eventual llamado a licitación (que asoma lejos), es la central Alicuráoperada por la norteamericana AES. Es una central de punta, y le permite a la empresa tener un activo de transición energética en Sudamérica.
Los 15 años de sequía
Sapag sostuvo que este año, el río Neuquén tuvo cuatro crecidas, después de 15 años de sequía constante y desde el compensador se está erogando altos caudales desde hace tres meses. Esto generó inundaciones río abajo, críticas y repensar la construcción de un proyecto colosal, del cual el financiamiento es muy complejo, como Chihuido.
El gobierno nacional puede seguir prorrogando las concesiones por ley, por un año desde el vencimiento de los contratos. Es decir, hasta el 11 de agosto de 2024. Pero a la vista está la cuestión política: ¿qué política energética tendrá la nueva presidencia de la Nación?
“Es lo lógico, viene un gobierno nuevo o el mismo, o el que sea. Pero hace dos años que venimos diciendo esto, a Royón, a Darío Martínez, a Basualdo (Federico, subsecretario de Energía), pero no sabemos qué pasa”, concluyó Sapag.
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