"Estamos frente a un bochorno en la aplicación del ajuste tarifario"
Raúl García, consultor de energía y ex presidente del ENARGAS, sostiene que cuando las tarifas no se ajustan por un lapso prolongado, los argumentos ridículos toman fuerza y se direccionan hacia los estratos de ingresos altos.
En el marco de la audiencia pública y aumentos tarifarios de gas natural, Raúl García, presidente de RG Consultores y ex presidente del ENARGAS cuestionó la propuesta de segmentación. "De verdad estamos frente a un bochorno en la aplicación del ajuste tarifario por el precio del gas en la próxima Audiencia Pública", advirtió en una entrevista con Más Energía.
Como contrapartida, García asegura que la propuesta debería abordar cuatro puntos clave:
- Primero, hacer ajustes más frecuentes, porque el problema inflacionario continuará.
- Segundo, determinar las tarifas conforme la ley de gas y su reglamentación.
- Tercero, focalizar los subsidios en quienes lo necesitan, ya hay mucho hecho en ese aspecto.
- Cuarto, dar por tierra esta estrategia de aumento tarifario segmentado porque traerá mayor inseguridad jurídica.
El propósito del Gobierno es llevar las tarifas del gas a niveles crecientes según el nivel de ingreso -a mitad camino todavía- y el nivel máximo tarifario sin subsidio o poco subsidio como se lo llama en el informe de Planeamiento lo pagarían los usuarios en los estratos de más altos ingresos.
"Hay toda una parafernalia de condiciones q si se cumplen (ingresos mayores a 2 salarios mínimos, 2 autos de menos de 5 años de antigüedad, que la casa habitación esté ubicada en las zonas de altos ingresos, esto logrado principalmente en CABA y GBA, cualquiera de este listado) lo califica para el menor subsidio o mayor tarifa, para mencionar algunos. La verdad es que poco me interesa discutir estos aspectos, me interesa más bien la visión de cómo se determinan las tarifas de los servicios públicos como el gas y qué dice la ley de gas al respecto", explica García.
Haciendo un poco de historia, quien fuera presidente del ENARGAS entre 1993 y 1998 hace hincapié en que la ley de gas establece criterios para determinar las tarifas, los que se encuentran a su vez en las licencias y la reglamentación de la ley.
"Lo importante es que las tarifas que se determinan reflejaban los costos razonables del prestador. Una serie de principios debían cumplirse: no discriminación, ausencia de subsidios cruzados, entre los principales. Además estaban sujetas a ajustes periódicos para el precio del gas, con Audiencia Pública, y el resto de los componentes (fin de invierno y principios de aquel para el gas, y semestralmente para los otros ajustes), y las revisiones tarifarias cada cinco años, también con Audiencia Pública. Si la tarifa no era asequible para algunos usuarios, bien podría el Congreso determinar en el presupuesto el subsidio que correspondía y la prestadora del servicio recibía el valor completo de la tarifa", recuerda.
Para el presidente de RG Consultores, la propuesta actual es totalmente diferente en materia de ajuste tarifario ya que la focalización está puesta en la disposición a pagar del usuario.
"Lo he percibido y constatado que cuando las tarifas no se ajustan por un lapso prolongado, los argumentos ridículos toman fuerza y se direccionan hacia los estratos de ingresos altos. O sea, el Estado intervencionista se demora con los ajustes tarifarios, crecen los subsidios, el problema micro se transforma en macro, y luego hay que hacer algo (FMI o sin FMI mediante). Expresiones tales como la tarifa cuesta menos que el internet o que una caja de lo que se le ocurra, y que no me digas que fulano o mengano no la puede pagar. Estos argumentos comienzan a hacer mella y hasta los mismos prestadores – que no ven otra salida q seguir las pautas del gobierno- se pegan a estos pésimos argumentos", subraya.
Y añade: "Como el precio de venta relativo de la energía en pesos vis a vis los otros bienes caen abruptamente (acompañan la inflación), las tarifas no permiten recaudar los costos de prestación. Vaya, vaya, qué descubrimiento. Pero sí es un descubrimiento que digan que parezca un subsidio solicitado por los que hoy no tienen planes sociales o no están cubiertos por algún mecanismo que le aliviane el peso de la inflación sobre el resto de la canasta familiar".
Desde la mirada de García, cuando por el mismo tipo de servicio se cobran tarifas diferentes, estamos lisa y llanamente incumpliendo el principio de no discriminación, y si otros pagan más que el costo del servicio que se les presta estamos ante un subsidio cruzado.
"Lo que usualmente se hace, experiencia internacional de la buena, es establecer la tarifa que recupera los costos de prestación (a cada cual según el costo que representa e tipo de servicio que recibe) y aquellos que no lo pueden pagar en el sector residencial reciben un subsidio explícito presupuestario, o bien se establece una tarifa social, también financiada por el gobierno (nosotros) a aquellos en situación vulnerable", comenta.
El presidente de RG Consultores, reconoce que se ha hecho mucho desde el Ministerio de Acción Social para identificar las familias con necesidades, y se puede diseñar un esquema tarifario a ese fin (mejorar lo actual) o bien hacer transferencias (esto incluye el gas de garrafa, GLP). Además, cuando la inflación se acelera y más se tarda en aplicar los aumentos, se torna más difícil la aplicación de ajustes retroactivos.
No obstante, sintetiza: "Aquí es necesario que haya cambios en la licencia y el regulador pueda hacer ajustes tarifarios más frecuentes (trimestrales, al menos), como de hecho se hace para los combustibles. ¿O acaso YPF que es mayoritariamente del Estado no aplica ajustes en el precio de venta de sus combustibles?".
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