Bernal amplía su denuncia contra Aranguren
Involucra a distintos funcionarios de la gestión Macri luego de haber realizado auditorías sobre el cálculo de las tarifas.
El interventor del ENARGAS, Federico Bernal, comunicó que ampliará la denuncia de irregularidades en el ente durante la gestión anterior, luego de continuar con las auditorías y revisiones podrían redundar en presuntos ilícitos. La presentación del referente del ente regulador vuelve sobre el ex ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y otros ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
Los hechos que incluye Bernal en esta denuncia son por una presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria, la cual tiene relevancia en el cálculo tarifario dado que incide en la rentabilidad y las amortizaciones. La maniobra habría consistido en establecer arbitrariamente el factor de actualización de la Base Tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto.
A raíz de las auditorías y revisiones llevadas adelante para Transportadora de Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, el ENARGAS recomendó al Poder Ejecutivo Nacional declarar nulas las resoluciones de la RTI para ambas licenciatarias. "Estas conductas efectuadas con la finalidad de llevar artificialmente el factor de actualización a 33, significó un incremento del 3.300% para este componente tarifario", apunta la información enviada por ENARGAS.
En consecuencia, Bernal denuncia a Aranguren e incluye a Daniel Alberto Perrone (ex Subinterventor y posterior Director de ENARGAS), Andrés Chambouleyron (ex Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del entonces Ministerio de Energía), David Tezanos (ex Interventor de ENARGAS), Andrés Ferraris (ex Director Nacional de Política Tarifaria y luego Director Nacional de Economía de los Hidrocarburos en el ex Ministerio de Energía), Juan Manuel Carassale (ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Energía) y Graciela Cristina Bevacqua (ex Directora Técnica del INDEC).
A través de un comunicado, el ENARGAS explicó que la denuncia las personas nombradas habrían tenido prácticas que "resultan en una preliminar significación penal de, al menos, los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal) y administración fraudulenta (173, inc. 7 del Código Penal), debiendo responder en calidad de co-autores (art. 45 Código Penal)".
"Cabe agregar que la denuncia se dirige también contra todas aquellas personas que eventualmente se identifiquen como penalmente responsables de los hechos que se pesquisarán", añade la información del ente regulador que lidera Bernal.
"El proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos que culminó en el 2017 con la elección de una combinación de índices de precios que redundaron en un factor de actualización sobre la base tarifaria de '33' (de punta a punta, desde enero de 1993 a diciembre del 2016), tuvo un efecto sobre las tarifas del servicio que se refleja en los mayores montos en concepto de rentabilidad y amortizaciones que les aportaron a las licenciatarias del servicio de gas por redes ingresos en exceso para el quinquenio 2017-2021 por al menos 21.255 millones de pesos constantes de diciembre de 2016 (equivalente a 1.343 millones de dólares)", describe el comunicado.
"Si se los compara con una propuesta alternativa analizada por los mismos funcionarios involucrados, consistente en una combinación de índices nacionales que llevaban a una actualización sobre la base tarifaria de '24' veces, que coincide con el resultado de aplicar la previsión original del marco regulatorio de los años ’90, esto es mantener las tarifas en dólares", agrega.
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