Opinión

Un plan de 90 días para darle nuevo aire a Vaca Muerta

El freno a Vaca Muerta le impuso a la condición macroeconómica del país. La Provincia le plantea al gobierno de Alberto Fernández que la formación es el gran salvavidas para la reactivación y la llegada de dólares

POR FERNANDO CASTRO - Editor +e

El gobierno neuquino viene dialogando hace dos meses con el nacional: en un primer momento buscó quitar cualquier tipo de dudas (si es que todavía había alguna) acerca del potencial de la formación Vaca Muerta para erigirse como parte de ese gran salvavidas para la economía y sacarle el freno de mano a las perforaciones shale. Fue en medio de una transición complicada para el país y en particular en Neuquén, cuya foto final son los 600 telegramas de despido, hoy en instancia de conciliación obligatoria.

Lo cierto es que esos acercamientos continuaron. El gobernador Omar Gutiérrez está articulando un nuevo acuerdo para el sector: habla con las principales petroleras con áreas en Neuquén y con los referentes del sector energético del gobierno de Alberto Fernández.

El objetivo: llegar a una gran mesa de diálogo, cuyos primeros pasos comenzarán la semana próxima, en medio de la marejada económica que impone al país un desafío de magnitud y en la que se juega la oportunidad del shale neuquino de encontrar algo de aire para salir del parate durante el 2020.

El panorama hoy es de los peores de los últimos tres años. Casi una veintena de equipos parados, los desarrollos masivos que buscaban subirse a los precios internacionales del crudo debieran estar acelerando pero están a la espera: las grandes empresas miraron hacia sus otras áreas del mundo tras la pésima señal del DNU 566 y el cepo ampliado del gobierno nacional anterior.

El sindicato petrolero a cargo de Guillermo Pereyra, en buena medida, fue el primero en plantearlo. En medio de la crisis de los telegramas, apeló a esa cautela que en ocasiones no encuentra en otros órdenes de su vida interna: sostuvo que al gobierno nacional había que darle tiempo.

Algo de eso también se vio esta semana. La mesa para comenzar a resolver el conflicto de los despidos, prevista para el jueves pasado, terminaría concretándose la semana que viene. Fue para darle más tiempo a las autoridades entrantes en Trabajo de Nación, dijo por lo bajo el sindicato, en medio de pedidos de que las empresas mantuvieran los puestos del trabajo.

Ahora el gobierno neuquino comienza a tejer con las autoridades nacionales y las empresas esa mesa de la que algo deslizó Gutiérrez en el Congreso Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la que “cada sector pueda expresarse y buscar soluciones en conjunto” que permitan “un acuerdo sostenible y reglas claras”, algo que cada vez que tiene oportunidad señala.

¿Hay antecedentes de algo así en Vaca Muerta? La verdad es que sí. A fines de 2016 había unos 1700 telegramas de despido. YPF hizo conocer que ya no podía gastar unos 100 millones de dólares anuales para mantener dotaciones de perforación sin actividad. Es lo que le abrió paso a una mesa de negociación de unos, sí, 90 días.

El entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, Gutiérrez y los sindicatos del sector acordaron una doble salida: por un lado, Nación le dio impulso a la Resolución 46 de subsidios al shale gas de Vaca Muerta. Al mismo tiempo, el gremio discutió y avaló la adenda al convenio colectivo de trabajo.

Hubo acuerdos para mantener al personal durante meses en sus casas percibiendo un sueldo ajustado al contexto.

Hoy, el escenario es diferente. El principal escollo que atraviesa el país, lo que impuso en rigor el freno a Vaca Muerta, es la condición macroeconómica nacional. Con el fin del límite al precio del crudo interno (la variable elegida por el gobierno de Mauricio Macri para no trasladar la suba de combustibles a las góndolas de los supermercados), el cepo reperfilado espanta el ingreso de dólares y la salida de dividendos.

En buena medida, en esto se juega parte del futuro de corto plazo de Vaca Muerta.

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