Media sanción para PSJ Cobre Mendocino: el megaproyecto, en la línea de largada

Esta semana, la Cámara de Diputados de Mendoza otorgó media sanción al paquete de leyes de minería impulsado por el Poder Ejecutivo, en una jornada catalogada como extensa y agitada. La iniciativa de mayor relevancia dentro de este paquete fue la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación PSJ Cobre Mendocino. Tras la aprobación en la cámara baja, los proyectos pasan al Senado provincial para su sanción definitiva, la cual se anticipa para el 9 de diciembre.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino, también denominado Proyecto San Jorge, resultó aprobado por 32 votos a favor y 13 en contra. El rechazo provino de 10 legisladores del interbloque del Partido Justicialista (PJ), dos de La Unión Mendocina y uno del Partido Verde. Este hito legislativo cobra especial relevancia dado que, en el año 2011, el mismo proyecto fue rechazado de manera unánime por la misma cámara.

PSJ Cobre Mendocino logra esta media sanción con nuevos inversores y un diseño de proyecto reformulado. La propuesta prevé una inversión de 559 millones de dólares para la explotación de cobre. El área de operación se localiza en el distrito de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras.

El jefe del Interbloque de Cambia Mendoza, Enrique Thomas, enfatizó que esta aprobación marca un cambio significativo en las reglas del juego. Thomas señaló que se acabó "la patota" y lo que ocurrió hace 14 años, cuando la Legislatura fue "copada por manifestantes que estaban el exterior e ingresaron violentamente para hacer una asamblea popular". El diputado indicó que ese evento causó un retraso de 14 años en el desarrollo minero provincial.

Thomas afirmó que el gobierno actual se propuso "arrancar de cero de nuevo". Respecto a las garantías ambientales, señaló que la minería actual es diferente a la conocida en el pasado. Además, subrayó la responsabilidad global de las empresas: "La empresa que hoy se mande una macana, paga las consecuencias en el mundo entero. Pierden valor sus acciones en todo el mundo. Por eso esta nueva minería con los controles que está proponiendo el gobierno de Mendoza y con la participación amplia que tuvo".

El oficialismo justificó la necesidad del proyecto citando la urgencia económica en la zona de influencia. Thomas aportó cifras sobre Uspallata (Las Heras): "Hoy el 70% de los empleados de Uspallata son empleados públicos y el 60% de la población está por debajo de la línea de la pobreza, pero nadie se calienta por eso".

El legislador concluyó que buscan ofrecer un futuro diferente, promoviendo el empleo privado y la inversión, alineados con la estrategia del gobierno nacional que definió la minería como uno de los tres motores del país.

El marco regulatorio: Fondo ambiental y regalías

Junto con PSJ Cobre Mendocino, se aprobaron rápidamente otras tres iniciativas con 39 votos a favor y solo 6 en contra. Estas leyes establecen el nuevo marco regulatorio para la actividad: Este fondo busca garantizar una intervención inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas. Se financiará mediante multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por DIAs, créditos, donaciones y recuperos legales.

Los recursos del Fondo podrán destinarse a la restauración o mitigación de daños ambientales cuando los responsables resulten insolventes o no estén determinados. También financiará acciones de compensación, atención de emergencias ambientales y obras de recomposición ecológica para comunidades afectadas. El proyecto invita al Departamento General de Irrigación y a los Municipios a adherir y aportar recursos, estableciendo un plazo de 180 días para la reglamentación posterior a la promulgación.

Esta iniciativa regula las regalías y se adecua a la Ley Nacional Nº 24.196 de Inversiones Mineras, que fija un máximo del 3% sobre el valor “boca mina” para la percepción.

La distribución establecida busca ser equitativa:

• 88% se destina a Rentas Generales. De este porcentaje, el 15% debe ser afectado al Fondo de Desarrollo Socio Ambiental, destinado a fortalecer los controles, monitoreos participativos, la transparencia y la Policía Ambiental Minera.

• El 12% restante se distribuirá entre los municipios donde se realice la extracción y que hayan adherido al régimen, usándose exclusivamente para obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.

Malargüe Distrito Minero Occidental II

El paquete legislativo incluyó la sanción de 27 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que constituyen la segunda etapa de MDMO. Estas DIAs resultaron de audiencias públicas y análisis técnicos de organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales, e incluyen planes de manejo específicos para zonas altas y un seguimiento ambiental estricto.

Con estas 27 nuevas DIAs, Malargüe alcanza un total de 65 proyectos de exploración minera.

A pesar del amplio consenso en los tres primeros proyectos, el Interbloque del PJ rechazó PSJ Cobre Mendocino, argumentando que el proyecto "no cumplió" con los requisitos de la Ley 7722.

Germán Gómez, jefe del bloque del Interbloque del PJ, lamentó que el oficialismo haya "decidido avanzar solo" en lugar de buscar el consenso político. Aunque reconoció que la población mendocina ha cambiado su criterio sobre la minería, criticó la forma en que se realizaron los procedimientos. Incluso mencionó que el propio PJ, cuando fue gobierno, retiró un proyecto similar:

"Este mismo proyecto lo presentamos cuando fuimos gobierno, pero no teníamos la altura política que se requería para construir una agenda acorde. No lo mejoramos y tuvimos que retirarlo".

Gómez concluyó que, si bien su bloque está a favor de la minería, no puede apoyar el proyecto con sus características actuales: "Nosotros estamos a favor de la minería y de este proyecto, pero con estas características no se puede. Hay puntos que se han cumplido parcialmente".

La votación del paquete minero en la Cámara de Diputados establece una nueva hoja de ruta para el desarrollo económico mendocino, poniendo el foco en la inversión privada y la necesidad de empleo, pero también cristaliza las divisiones persistentes en torno a la aplicación y el control de las normativas ambientales.