La sequía, las hidroeléctricas y la encrucijada de Alberto
En julio vencen las concesiones del río Limay. Nación puede prorrogarlas un año más y zafar del conflicto electoral. Hay una falso fantasma de "reestatización".
El gobierno de Alberto Fernández no va a tomar ninguna decisión sobre las concesiones de las hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén, que se vencen en julio de este año. Ya se maneja que habrá una prórroga, al menos por un año más, en medio de un año electoral que no da certezas desde lo político ni económico.
En medio de esta nebulosa, está la política y la ola de calor en estos dos meses de verano, que requirió de más agua para genera electricidad desde la provincia de Neuquén, con otro choque entre el “centralismo de Buenos Aires” y el clima de campaña electoral que hay en la provincia.
En julio de 2023 terminan las concesiones hidroeléctricas de la cuenca, después de 30 años cuando fueron otorgadas en el gobierno del ex presidente Carlos Memem. Son El Chocón y Arroyito (administrada por la italiana Enel), Cerros Colorados (Orazul Energy) y en diciembre Piedra del Águila (Sociedad Energía Sadesa Central Puerto).
Tanto la provincia de Río Negro como la de Neuquén reclaman la aplicación de la Tarifa Comahue, debido a que son principales generadores de energía del país les permitiría un consumo eléctrico a precios diferenciales. Es decir, una reducción hasta el 40% en el valor de la energía. Esto implica que el “kilómetro cero” de El Chocón, por ejemplo, deje de ser Buenos Aires y vuelva a Neuquén.
Las dos provincias habían solicitado que se estudie un proyecto para que los estados provinciales tengan el control, con una empresa, en parte de las concesiones. Incluso la cooperativa CALF, que es accionista de Orazul Energy, planteó tomar la concesión de Planicie Banderita.
Los pedidos fueron girados a la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, pero hasta ahora no hubo una respuesta positiva. Hay una suerte de estigmatización son el tema, desde distintos sectores, que creen que se trata de una suerte de “reestatización”, de las hidroeléctricas, como un fantasma que sobrevuela sobre el nuevo gobierno.
El senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, le pidió a la Secretaría de Energía de la Nación que les comunique a las empresas hidroeléctricas que tienen las concesiones sobre los ríos de las provincias de Río Negro y Neuquén, “con la suficiente anticipación” que al finalizar la concesión de las represas del Comahue “no existirán prórrogas, ni nuevas concesiones y que dichas represas volverán al dominio del Estado nacional tal y como lo indican los contratos de concesión”.
El control de las represas parece ser clave en estos años de sequía, que llegaron para quedarse. Al menos en términos de analizar el déficit energético y que el Estado provincial ponga un pie en las decisiones que se toman.
Solo basta saber que la ola de calor desnudó la importancia estratégica de las hidroeléctricas. Por caso, el pedido de la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa) para elevar el turbinado del río Limay y generar más electricidad tuvo el Ok del gobierno nacional. La presa de Arroyito, que pasó de un nivel de 314 metros cúbicos por segundo a más de 412 a mediados hace más de 10 días, para sostenerse en 600, al máximo de la generación eléctrica. Esto para cubrir la demanda de las grandes metrópolis.
La política no tardó en “meter la cuchara” sobre un tema sensible, y el candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, salió al cruce de esa decisión, una reacción lógica de cualquier político que conoce los intereses neuquinos. “Queda en evidencia, una vez más, que al centralismo porteño lo único que le interesa es generar energía para Buenos Aires y dejarnos la sequía a nosotros”, aseguró.
En medio de esta discusión que ya parece terminar con una prórroga automática, también está el reclamo que tiene la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas por las regalías pendientes. Los organismos regionales encargados de la seguridad de las represas y del control de los caudales de los ríos le reclaman a la Secretaría de Energía de la Nación una deuda de $983.671.839 o el equivalente a u$s 8.336.202. El cálculo de la deuda del canon es desde 2013 a marzo de 2022.
Daniel Figueroa, quien es director Ejecutivo de la AIC, (y hoy candidato a intendente de Neuquén capital por el Frente de Todos) envió una nota en duros términos a la ministra Royón y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
“En diciembre del 2022 se le solicitó expresamente que brinde una respuesta favorable a la dificultad que ocasiona a esta Institución el desequilibrio económico provocado por la disminución del Canon que percibimos de los concesionarios de las centrales hidroeléctricas del Comahue”, indicó el directivo.
"Como es de su conocimiento desde la modificación de la base de cálculo de las Regalías hidroeléctricas (Resolución 95/201, 3) se vienen originando diferencias en el pago del Canon que deben abonar las concesionarias hidroeléctricas del Comahue a este Ente, las cuales se originan en el hecho de que no se corresponden con la establecido en la Ley Nacional 23.164 en cuanto a la determinación del porcentaje sobre todas las ventas o remuneraciones que estos perciban. Este criterio, del pago del 1,5 % y 2,5 % (según cada concesionario) del total de las ventas, que fuera aclarado por la Resolución 8/94 de la propia Secretaria de Energía (oportunidad en la que se generó el primer desdoblamiento de los conceptos remunerativos a los concesionarios y que los concesionarios rápidamente hicieron una interpretación errónea), abrió paso al reclamo de la AIC. Como ya le fuera manifestado anteriormente, esto fue inmediatamente solucionado por lo antes expresado, donde se tomó como antecedente la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Neuquén c/ Hidronor S.A.”, por la incorrecta liquidación de las regalías”, prosigue la nota.
El capítulo de las concesiones viene hace más de 30 años. Pero hoy parece ser un tema estratégico, incluso en la transición energética, que tiene la sobra de Vaca Muerta.
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