Guzmán

Las dudas que deja el plan tarifario de Guzmán

Realizadas las audiencias públicas, se desconoce cómo se aplicará el nuevo esquema para segmentar y reducir subsidios. Las empresas estiman que la implementación demorará al menos dos meses. Desde el kirchnerismo advierten varias inconsistencias.

Las audiencias públicas realizadas esta semana para definir los precios de la energía y la nueva política tarifaria dejaron más dudas que certezas. Los funcionarios del área energética no explicaron cuándo comenzará a aplicarse la quita de subsidios a los hogares más ricos del país ni los montos que implicará esa poda comprometida con el FMI. Las empresas prestatarias aseguraron que implementar una segmentación como la que anunció el gobierno demorará al menos unos 60 días.

Entre el martes y el jueves de esta semana se llevaron a cabo tres audiencias públicas convocadas por el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, quien estuvo ausente en cada una de ellas, aunque se mostró en actividades oficiales junto al subsecretario de Energía Eléctrica, el kichnerista Federico Basualdo, quien ha confrontado abiertamente con los planes del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Desde Alemania, desde el entorno Alberto Fernández hicieron saber a los periodistas que cubren la gira presidencial por Europa, que los funcionarios que no estén dispuestos a aplicar la política tarifaria deberán dejar el gobierno.

En las audiencias se debatieron tres cuestiones diferenciadas: los precios del gas en el Punto al Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), y la implementación de la segmentación en los subsidios por parte del Estado Nacional a los usuarios de los servicio de gas natural y energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.

Mas allá de ratificarse la intención del gobierno de aplicar una nueva suba a partir del 1º de junio de las tarifas del gas de 21% en promedio y del 16,5% para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur (AMBA) que no tengan tarifa social, la expectativa estaba puesta en la segmentación de subsidios.

Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Energético, presentó la propuesta oficial para dividir los usuarios en tres grandes grupos: los beneficiarios de tarifa social, que mantendrán el mayor nivel de subsidios; el decil de mayores ingresos a los que se les quitará progresivamente la ayuda estatal; y un estamento intermedio que tendrá una reducción menor.

López Osorio destacó que se busca “focalizar la ayuda del Estado en los sectores medios y en particular en los más vulnerables”, tras considerar que el esquema actual de subsidios “es pro-rico” porque los hogares de mayores ingresos tienen un mayor consumo energético que los hogares de menores ingresos.

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En el servicio eléctrico el estado subsidia el costo de generación de forma igualitaria para todos los usuarios residenciales, sin distinguir poder adquisitivo ni geografía. Mientras que en el gas el Estado también subvenciona a todos los hogares aunque con variaciones de acuerdo a las regiones geográficas, además de regímenes como la tarifa social, zona fría o entidades de bien público.

Más allá de los lineamientos del plan oficial, los funcionarios no aclararon cómo será el procedimiento a aplicar para la reducción de subsidios. Prestadoras de los servicios públicos de la zona de Neuquén consultadas por +e coincidieron en que hasta el día de hoy no cuentan con ningún tipo de información.

En el caso del gas, el contralor del servicio es el Enargas, quien debe informar a las distribuidoras la metodología y tarifas a aplicar según cada tipo de usuario.

Mientras que en el sector eléctrico el subsidio se aplica en el momento en que cada distribuidora pacta la compra de energía con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.). De aplicarse la segmentación de subsidios, cada empresa deberá redactar una declaración jurada con la información que detalle la cantidad de usuarios por cada categoría en base a la cual Cammesa facturará la energía. Ese precio de la energía, junto a los costos de distribución, transporte e impuestos, luego se trasladarán a la boleta del usuario final.

La operatoria no será sencilla. Las empresas advirtieron que necesitarán al menos dos meses para modificar sistemas informáticos y de facturación, cuando aún se desconoce cómo el gobierno piensa aplicar la medida.

El gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso que “el precio mayorista sea único para todos los usuarios”, y que debe subsidiarse “únicamente a los usuarios en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”.

“Dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector”, advirtió Bulacio.

Para las distribuidoras, el precio único estacional para todos los usuarios simplificaría las cuestiones administrativas y evitaría errores de exclusión y exclusión en los subsidios.

Pero la mayor advertencia de las dudas que genera el plan de Guzmán provienen de su propio ministerio. El informe técnico de la Subsecretaría de Energía Eléctrica que dirige Basualdo indica que se alcanzaría a recaudar un monto máximo de $163.463 millones, lo que “implica una reducción de subsidios de sólo el 13% para 2022”

Advierte que “los incrementos propuestos, tanto para el segmento comercial como el industrial, atentan contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando, y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos”.

La principal objeción radica en que no se tiene en cuenta que el coto de aumento de tarifas del 80% del del CVS (Coeficiente de Variación Salarial) del año anterior para los usuarios intermedios fue contemplado en base al precio estaiconal de la energía y no contempla el componente del Valor Agregado de Distribución (VAD) que negocia cada jurisdicción (provincias o municipios) con las prestatarias del servicio eléctrico. Advierte que si las distribuidoras no pueden actualizar sus costos, para sostener el servicio comenzarán a acumular deudas con Cammesa, resintiendo la cadena de pagos y retroalimentando la masa de subsidios.

Algo similar -señalan- sucederá con el tope de suba del 40% del CVS para la tarifa social, que desde 2019 financian las provincias. Para cumplir con esa política, las arcas provinciales deberían asumir mayores costos.

Desde las áreas económicas del ministerio respondieron que “no considerar a la política tarifaría en el contexto más amplio de la política macroeconómica ofrece conclusiones incorrectas”.

Mantener el nivel tarifario de 2021 sin cambios implicaría un incremento en el nivel de subsidios, que en el marco de las condiciones de financiamiento del sector público tendría impactos negativos en el escenario macroeconómico de corto y largo plazo. Dado un nivel de financiamiento, el incremento en la masa de subsidios implica un incremento del gasto corriente en desmedro de los recursos que se pueden destinar al gasto de capital”, replicaron desde las los sectores que responden a Guzmán.

Agregaron que el incremento de subsidios económicos plantea la necesidad de financiarlos vía instrumentos en el mercado local o, en su defecto, a través del financiamiento del BCRA.

“ El financiamiento vía asistencia monetaria al Tesoro por parte del BCRA implicaría un aumento de la oferta monetaria, que en un contexto de economía bimonetaria, generaría presiones en el mercado cambiario. Estas presiones atentan contra los objetivos de acumulación de reservas y, por ende, al deteriorar las expectativas de devaluación generan presiones inflacionarias”, aseguraron.

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