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Para el usuario promedio de Neuquén, el aumento del gas rondará los $ 37

La distribuidora Camuzzi Gas del Sur señaló que el 6% de incremento anunciado por el Gobierno nacional tendrá para los usuarios neuquinos medios apenas un impacto de entre 14 y 37 pesos en el número total de la factura.

El incremento tarifario para el transporte y distribución del gas natural para todo el país quedó definido el lunes con dos decretos de necesidad y urgencia firmados por Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. El aumento que autorizó así el gobierno nacional será -en promedio- de 6% para los usuarios residenciales de todo el territorio nacional.

De acuerdo con la distribuidora Camuzzi Gas del Sur, para el usuario medio de la provincia de Neuquén, que es denominado R 31, se estima un incremento en la factura del orden de los 37 pesos. En tanto, para el usuario de menor consumo, que es el usuario R1, se prevé un impacto en la factura de alrededor de 14 pesos.

“Las cifras incluyen ya al subsidio patagónico, que se mantiene vigente y es totalmente es independiente de este aumento”, confirmaron desde la distribuidora ante la consulta de +e. Lo que implica ese subsidio es una bonificación del 50% en el valor del metro cúbico (m3) del gas natural.

Según los datos de Camuzzi Gas del Sur, en la tarifa final, un R31 en Neuquén -por ejemplo- paga $ 5,73 por cada m3 consumido, mientras que el mismo usuario pero que cuenta con el beneficio de la tarifa diferencia por el subsidio patagónico abona $ 2,86 por cada metro cúbico de gas natural.

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Como parte de su plan de “sinceramiento”, el expresidente Mauricio Macri comenzó en 2016 una quita gradual del subsidio patagónico: antes de eso, era de un 85% y lo bajó hasta que se plantó en el 50% que tiene actualmente. Apenas asumió Alberto Fernández congeló tarifas y dispuso la renegociación y revisión de la tarifaria integral y desde el inicio fueron intervenidos los entes reguladores de la electricidad (Enre) y del gas (Enargas) por el término de un año. Si estuviese vigente el plan ideado por el exministro de Energía del gobierno macrista, Juan José Aranguren, en 2022 el subsidio patagónico tendría que dejar de aplicarse por completo.

Además de los usuarios de las provincias de la Patagonia, también tienen el subsidio La Pampa, los de la Puna, en las provincias del noroeste, y los de Malargüe, en Mendoza.

Pero ahora, si se convierte en ley un proyecto que presentó el bloque de Diputados del Frente de Todos, ese beneficio se podría ampliar a más zonas frías del país y beneficiar a tres millones de personas más. Lo que se pretende con la iniciativa es que se aplique un descuento similar al del subsidio patagónico en unos cincuenta municipios de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta.

Así las cosas, según el Ente Nacional Regulador del gas (Enargas), las tarifas de transición tal como se anunciaron en los decretos publicados en el Boletín Oficial el último día hábil de mayo, cubren los gastos en operación y mantenimiento, así como las inversiones en seguridad y confiabilidad del servicio por parte de las prestadoras durante el año 2021.

La decisión se enmarca en el proceso de conformación de un Régimen Tarifario de Transición, que se inició en marzo con dos audiencias públicas: una fue convocada por el Ministerio de Economía y otra por el Enargas. Ahora, con el visto bueno del gobierno nacional se podría extender por dos años o en su defecto hasta que se alcance un acuerdo definitivo de renegociación que ya está en marcha.

El acuerdo para la actualización tarifaria lo firmaron las nueve distribuidoras del país - Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Gasnor, Distribuidora Gas Cuyana, Distribuidora Gas del Centro, Litoral Gas, GasNea, Naturgy Ban y Metrogas-, el Ministerio de Economía ad referéndum del gobierno nacional y el Enargas. No firmaron las transportistas Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur.

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El nuevo esquema se aplicará sobre los valores aprobados por el Enargas en abril de 2019 -desde esa fecha que no se aumentan las tarifas-, y su entrada en vigencia será a partir del 1º de junio. Durante su duración, las licenciatarias -tal como se indicó desde el Enargas- deberán cubrir los gastos operativos y de mantenimiento para mantener las condiciones de calidad y seguridad, no obstante quedó explicitó también que “no se contempla un plan de inversiones obligatorias a ejecutar”.

Asimismo, las licenciatarias no podrán distribuir dividendos, cancelar de forma anticipada deudas financieras y comerciales contraídas con los accionistas, adquirir otras empresas ni otorgar créditos, salvo que los mismos beneficien a los usuarios.

En otra de las cláusulas de las actas, las licenciatarias se comprometen a suspender todos los recursos, acciones, demandas o planteos en vías de ejecución en foros nacionales o extranjeros, sea en sede administrativa, judicial o arbitral u otro mecanismo de resolución de controversias.

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