Se concretó la quiebra de President Petroleum.
Ayer, por instrucción unánime de los accionistas, la empresa solicitó su propia quiebra ante la Justicia Comercial. Cuáles fueron los factores que aceleraron la caída.
La empresa President Petroleum S.A., operadora de diversas áreas petroleras en las provincias de Río Negro y Salta, solicitó formalmente su propia quiebra ante la Justicia Comercial al considerar que se encuentra en un “estado de cesación de pagos generalizada, actual e irreversible”. La presentación, fechada el 5 de agosto y realizada por instrucción unánime de los accionistas, marca un punto de inflexión en el debate energético nacional: no solo por el caso inédito de una quiebra autoinducida, sino por su impacto sobre áreas marginales y concesiones maduras.
El expediente judicial —al que accedió en exclusiva +e — detalla una serie de factores extraordinarios que precipitaron la caída: interrupciones eléctricas en el yacimiento Puesto Flores, caída de precios del crudo, problemas ambientales heredados y una estructura de costos que dejó de ser sustentable. La empresa ya había ingresado en concurso preventivo en noviembre de 2024, pero sin lograr revertir su situación.
Según datos oficiales del Capítulo IV de la Secretaría de Energía de Nación, en el período enero a julio de 2025, President Petroleum produjo: 32.626,26 m³ de petróleo, 1.613.699 m³ de gas natural, y 586.924 m³ de agua. Además, se inyectaron 527.458 m³ de agua como parte del sistema secundario.
Estos valores —aunque marginales respecto al total nacional— reflejan una operación activa en múltiples frentes, especialmente en las áreas Puesto Flores - Estancia Vieja, Puesto Prado, y Las Bases, todas ubicadas en la provincia de Río Negro. También operaba el área Puesto Guardián en Salta, con varias subdivisiones.
Una situación particular se da con el área Las Bases, una concesión sin producción activa, que estaba en proceso de reversión. Sin embargo, según confirmaron fuentes técnicas, la reversión se encontraba bloqueada por observaciones ambientales formuladas por la Secretaría de Ambiente de Río Negro, lo que dejaba a la empresa en un limbo: sin ingresos, pero obligada a sostener los costos fijos y ambientales.
El expediente judicial menciona que Las Bases representaba un costo mensual cercano a los 35.000 dólares, sin retorno operativo ni comercial.
La compañía enumera 15 razones que explican su decisión, entre ellas:
El colapso de President Petroleum no fue abrupto. Desde la información publicada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) se desprende un deterioro sostenido:
Si bien logró reestructurar parcialmente sus obligaciones negociables Serie III, extendiendo el vencimiento hasta diciembre de 2026 y ajustando la tasa de interés, el proceso no fue suficiente para garantizar su viabilidad.
Independientemente de la situación de President y la ya resuelta situación de Aconcagua, fuentes del gobierno rionegrino indicaron a +e que se trabaja en un esquema técnico de incentivos para operadores responsables, especialmente en campos maduros. Actualmente, la carga de regalías, que es de 12%, podría flexibilizarse bajo un modelo polinómico que valore inversión, remediación, cumplimiento de compromisos y orden en el campo.
“En campos maduros, si se define una prórroga, es posible realizar ese tipo de estímulos. Se están pensando en función de la calidad del operador”, indicó una fuente de la petrolera estatal provincial Edhipsa.
También se analiza reducir las exigencias de perforación en áreas marginales, a cambio de elevar los estándares ambientales, con foco en remediaciones y convivencia con superficiarios.
President Petroleum dejó una cartera de más de 30 subdivisiones activas, entre Río Negro y Salta. En Río Negro, además de Puesto Flores y Las Bases, operaba Puesto Prado, mientras que en Salta gestionaba el amplio bloque Puesto Guardián, con subdivisiones como El Divisadero, La Estrella y Pozo Escondido, entre otras.
Según fuentes de Edhipsa, las áreas podrían ser licitadas, cedidas o transferidas bajo esquema mixto. El objetivo es evitar el abandono, garantizar la continuidad de servicios y preservar el tejido de pymes regionales afectado por la salida de la operadora. También resta definir qué sucederá con los empleados y contratistas rionegrinos involucrados en las operaciones.
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