Purga: 3.578 usuarios de countries pierden subsidios energéticos
El gobierno de Javier Milei excluye a 3.578 usuarios de barrios cerrados por fraude en el RASE. Conoce los detalles de esta purga energética.
En agosto de 2025, el Gobierno nacional intensificó su lucha contra el uso indebido de subsidios energéticos, excluyendo a 3.578 usuarios de alto poder adquisitivo residentes en barrios cerrados y countries del AMBA Norte, así como en Puerto Madero. Esta acción se enmarca en la recategorización iniciada en mayo por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que ya había retirado del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) a 15.518 usuarios con clara capacidad de pago, utilizando criterios de geolocalización.
Según un comunicado oficial, estos 3.578 usuarios intentaron reinscribirse fraudulentamente, manipulando datos en sus declaraciones juradas para recuperar beneficios destinados a hogares de menores ingresos. Mediante herramientas avanzadas de geolocalización y análisis masivo de datos catastrales y tributarios, la Secretaría de Energía detectó estas irregularidades y procedió a eliminar los subsidios.
El Ejecutivo anunció que extenderá estos controles a barrios cerrados y countries del interior del país, buscando federalizar la fiscalización para garantizar un sistema más justo y transparente. “El compromiso es cuidar los recursos públicos y asegurar que los subsidios lleguen únicamente a quienes realmente los necesitan”, afirmaron fuentes oficiales.
¿Qué son los subsidios focalizados?
Esta medida se alinea con el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, establecido por el Decreto 465/2024. El nuevo sistema prioriza consumos esenciales y evalúa indicadores socioeconómicos, patrimoniales y fiscales, incluyendo “indicadores de exteriorización patrimonial” como bienes o gastos incompatibles con la necesidad de subsidios.
Este nuevo enfoque, liderado por la subsecretaría a cargo de Antonio Milanese, se aplicará tanto a la electricidad como al gas natural por redes, con planes de expansión a otras regiones.
Con esta política, el Gobierno busca optimizar los recursos públicos, reducir subsidios a sectores de altos ingresos y focalizar la ayuda social en los hogares más vulnerables, en un contexto de ajustes tarifarios y creciente escrutinio sobre el gasto fiscal.
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