crisis petrolera

Señales antes de llegar al Congreso

El cepo light para el sector industrial, la reunión en La Rosada con las petroleras y la discusión de una ley estímulo empiezan a despejar incertidumbres y a establecer un camino para reactivar la producción.

POR FERNANDO CASTRO - fcastro@lmneuquen.com.ar

El gobierno nacional comenzó a despejar dudas respecto de lo que piensa para el sector petrolero. En dos días dio sus señales más claras: recibió a las principales productoras del país en La Rosada y dio a conocer su bypass para la llegada de inversiones en el sector, que tuvo la forma de una resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Esa comunicación que emitió la entidad financiera traza parte de una hoja de ruta que desencadenará la discusión que el gobierno nacional buscará dar en las sesiones extraordinarias. Las petroleras ya lo saben: podrán girar en utilidades y dividendos el 30 por ciento de los fondos que ingresen al país.

Así, Nación buscó erradicar de un plumazo las dudas que habían ante la falta de certezas que caracterizó al sector sobre todo desde agosto del 2019.

La entidad bancaria autorizará “el monto total de transferencias” al exterior “a través del mercado de cambios desde el 17/01/2020, incluido el pago cuyo curso se está solicitando” mientras “no supere el 30% del valor de los nuevos aportes de inversión extranjera directa en empresas residentes ingresados y liquidados a través del mercado de cambios”, dice en su párrafo central la comunicación A 6869 del 16 de enero, que se difundió casi al mismo tiempo que se desarrollaba la reunión que las petroleras catalogaron como “muy buena”.

Hay más pasos previstos en una sintonía que ya incluyó el tope a las retenciones ya tratado en el Congreso y el pedido de construir en conjunto un marco que sea una suerte de puente entre el mercado interno de los combustibles y el precio internacional del crudo, algo que el propio Presidente les pidió a las petroleras.

“Concebimos la importancia estratégica del sector; buscamos un marco que permita la llegada de recursos y genere el círculo virtuoso de incentivo a la producción y generación de empleo e industrias asociadas”, les planteó a las productoras Fernández.

Ayer, las fuentes consultadas en el gobierno nacional mencionaban que la ley que tratará el Congreso dará “certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo e impulsar las exportaciones”.

También destacaban que el proyecto que arribará a Diputados en sesiones extraordinarias “se elaboró a partir del diálogo con todos los actores del sector y abarca a los distintos segmentos de la actividad: la producción no convencional y la convencional, el offshore y la recuperación secundaria y terciaria”.

En paralelo, se buscó una suerte de paño frío para un conflicto que toma calor en la Cuenca Neuquina: los 700 telegramas de despido para el personal que ayer tuvo una cumbre entre los dos principales gremios, Petroleros Privados y Jerárquicos, con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas (ver nota parte).

En el medio están en juego los miles de millones de dólares que podría recibir el país si logra salir del atolladero de la deuda que recibe de la gestión de Mauricio Macri.

Para el 2019 se esperaban unos u$s 5343 millones en Neuquén, un monto que al candor de la crisis económica se verá afectado, aunque aún los datos oficiales no fueron comunicados por el gobierno provincial.

La aspiración del gobierno neuquino es que la recuperación de ese bien intangible pero crucial que había caracterizado sobre todo a los tres últimos años, la confianza, comience a resurgir con la serie de medidas y marcos regulatorios en ciernes.

Así, bien entrado el año, la foto de los equipos sin perforar y el personal afectado, podría comenzar a tomar otra forma.

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--> Una nueva chance para reabrir el diálogo

Los petroleros de la Cuenca Neuquina se preparan para una gran asamblea el día 23. Se trata de una medida que no está cancelada, ya que todavía no hay un compromiso con las empresas del sector de revertir los casi 700 telegramas de despido que enviaron a fines de noviembre y las 1200 suspensiones que arrastra la industria desde agosto.

Una señal de acompañamiento para resolver el conflicto llegó ayer. A las 11, dos ministros nacionales recibieron a la dirigencia sindical. Fueron Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, y Claudio Moroni, de Trabajo, los que abrieron un despacho para recibir al líder de los petroleros privados, Guillermo Pereyra, y al de los jerárquicos, Manuel Arévalo.

“Planteamos que no vamos a tolerar despidos ni suspensiones y que se analice el tema del congelamiento de las tarifas de combustibles, que son clave para que no se frene la industria hidrocarburífera, y establecer un sistema de retenciones móviles atadas al nivel de inversión de cada empresa: a mayor inversión, menores retenciones”, dijo Pereyra tras finalizar ese encuentro en la ciudad de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández avanzó el jueves por la noche en el proyecto de ley para incentivar las inversiones en el sector. La propuesta busca potenciar a Vaca Muerta y los proyectos complejos como los offshore y los pilotos de recuperación terciaria.

En ese encuentro estuvieron presentes representantes de las principales operadoras, como YPF, Chevron, Pan American Energy, Tecpetrol, Compañía General de Combustibles (CGC), Vista Oil & Gas, Pluspetrol, ExxonMobil y Shell.

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Algo que se mencionó en esa reunión fue la suspensión de los aumentos de los combustibles. En ese sentido, los gremialistas Pereyra y Arévalo pidieron a los ministros Kulfas y Moroni que analicen bien el impacto de una medida como esa, para que no sea un nuevo DNU 566 y termine afectando las inversiones en el sector.

En la última semana, el dirigente petrolero encabezó una serie de asambleas en yacimientos de toda la provincia. Amplió el juego: llamó a expresarse sobre el conflicto a los intendentes de la región y a los legisladores que representan a la provincia en el Congreso de la Nación. Estuvo en Catriel, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces antes de que lo convocaran desde el gobierno nacional.

A fines de diciembre, concluyó la conciliación obligatoria que había dictado la Secretaría de Trabajo de la anterior gestión. Con el cambio de gobierno, hubo una nueva audiencia donde las partes decidieron extender la paz social en el marco de una “conciliación voluntaria”. Desde entonces, no ha habido novedades. Así lo denunció Pereyra: “No recibimos ni una llamada de parte de las empresas operadoras y de servicios”.

“La movilización se va a levantar únicamente cuando se firme un acuerdo general con las empresas. No vamos a levantar ninguna movilización de palabra”, sentenció Guillermo Pereyra.

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