Para los biocombustibles, la prórroga de la ley debería ser más corta

Crece la discusión sobre si extender o no la ley 26.093 denominada Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible. Y la incertidumbre, también. A pocos días de terminar las sesiones ordinarias, que se volvieron a extender hasta el 3 de enero, el tema escaló en la agenda de Diputados, que debe resolver si aprueba o modifica el proyecto que aprobó por unanimidad el Senado y prorroga por cuatro años los beneficios impositivos para 54 plantas productoras asentadas en diez provincias.

Si esto no se define antes de fin de año, el Ejecutivo tiene la facultad de añadir el tema para extraordinarias, con una adenda sobre lo que ya propuso para que sea tratado en ese período. Y si no, la discusión pasará para marzo.

Por su parte, el segmento petrolero no quiere que se trate la prórroga hasta 2024 de la ley. Y una parte importante de los representantes de los combustibles verdes estaría en algún punto de acuerdo con eso. Al menos en el corto plazo, ambos sectores irreconciliables podrían encontrar un punto en común.

Con voceros como la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrogéno, la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen (CIGBO), entre quienes se enlistan en el segmento de bioetanol de maíz y algunas de las pequeñas destilerías, se engloba una importante fracción de productores que tampoco quieren la prórroga tal como quedó planteada por el Senado, sino que prefieren una ampliación más breve, de al menos un año, de modo que dé tiempo para tratar una nueva ley.

El fundamento es que si se extiende hasta 2024, se va a desdibujar la discusión y hasta que se vuelva a pensar en los biocombustibles van a quedar en el camino muchos productores que hoy como están no pueden sostener sus negocios. Con una prórroga corta, los legisladores tienen un horizonte distinto para plantear una nueva normativa.

Lo que se busca, en rigor, es que Diputados modifique el plazo de prórroga que propuso el Senado, en vez de que se extienda hasta 2024 que sea hasta diciembre de 2021. El proyecto, de ese modo, volvería a la Cámara Alta con ese cambio y allí los legisladores volverían a votar: para ratificar los 4 años, el Senado tiene que tener dos tercios de los votos y si no tiene que aceptar el nuevo plazo.

Todo este escenario pone en el centro de la escena al presidente de la Comisión de Energía de la Cámara baja, el mendocino Omar Félix, quien esta semana mantuvo algunas reuniones en el Ministerio de Economía, y entre los temas pendientes a tratar con su excompañero de bancada, el actual secretario de Energía, Darío Martínez, se dio prioridad a las alternativas para sentar posición sobre el tema.

El legislador del Frente de Todos, quien aunque se presenta como productor agropecuario marcó una clara posición en línea con el segmento del petróleo por representar a una provincia productora, también se reunió esta semana con referentes del sector de biocombustibles.

Otro diputado buscado por los referentes de los sectores involucrados es quien quedó como vicepresidente de la Comisión de Energía, también mendocino, Omar de Marchi. Desde la oposición, de Marchi –a quien ahora Cambiemos nombró también como vice de la Cámara baja y quedó como segundo de Sergio Massa-, es recordado por los productores de biocombustibles por bregar a favor durante el debate legislativo que llevó a la ley de promoción hace más de 15 años.

Más adelante, cuando se empiece a discutir otra ley -y hay que ver cuánto más, si es que no se hace una prórroga corta-, van a aparecer las disidencias entre los petroleros y los voceros de biocombustibles que buscan extender pero poco. En algún sentido, los primeros pretenden ser parte de los biocombustibles pero no solo en las mezclas con los fósiles sino también poder formar parte de la cadena de producción. Esa posibilidad de competencia libre podría hacer inviable el negocio desde los sectores productores de soja, azúcar y maíz.

Por otro lado, solo una parte de los combustibles de origen vegetal, puntualmente el segmento azucarero, productores de bioetanol, y las otras cámaras que integran las pequeñas empresas de biodiesel, son quienes están más interesados en que se dé visto bueno a lo que la Cámara Alta giró a Diputados a fines de octubre y pretende que siga vigente la misma ley sin modificar los niveles de corte: deja fijo el del gasoil y las naftas con biodiesel y bioetanol con 10% y 12%, respectivamente.

Como opción, si desde el Gobierno se quiere sostener la prórroga larga pero en Diputados no se facilita, también el Ejecutivo tiene la facultad, por decreto, de acuerdo al artículo 1 de la ley 26.093, de empezar a contar los 15 años de vigencia de la norma cuando se comenzó a hacer el corte obligatorio de los combustibles fósiles con los de origen vegetal, que fue en 2010, en vez de hacerlo desde su sanción en 2006. Si se cuenta desde que se comenzó a aplicar, la ley vence en 2024. En tanto, para hacer una prórroga corta, solo es posible hacerlo por ley.

Mientras tanto, La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles resolvió movilizarse a la sede del ministerio de Economía, donde funciona la Secretaría de Energía de la Nación, el próximo martes “para exigir respuestas ante la situación crítica que atraviesan las empresas de biocombustible y que ponen en riesgo casi 9.000 empleos en el país”.

La organización lleva más de un año reclamando un “plan integral” para la actividad del biodiesel para evitar la quiebra de empresas, en su mayoría pymes. El problema es la imposibilidad de las firmas para conseguir un valor acorde de la materia prima y que el negocio se vuelva rentable.

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