El gobierno habilita estaciones de servicio móviles y rompe 30 años de monopolio

El Gobierno Nacional publicó la resolución que incorpora formalmente las estaciones de servicio móviles y modulares al Registro Único de la Matriz Energética. Por primera vez en décadas, localidades sin bocas de expendio fijas o con estaciones abandonadas podrán contar con unidades de rápida instalación, certificadas y de alto estándar de seguridad.

La medida forma parte del plan de desregulación y modernización energética impulsado por el presidente Javier Milei y busca tres objetivos centrales: garantizar acceso universal a los combustibles, bajar costos logísticos para empresas y usuarios, y fomentar la competencia en zonas donde hoy reina el monopolio de facto.

Lejos de tratarse de camiones cisterna sin control, las nuevas estaciones móviles representan una solución técnica de alto nivel. Cada unidad debe cumplir estrictamente estándares internacionales de máxima exigencia, como los establecidos por la NFPA 385 y la UL-2085, que exigen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de fugas, kits certificados de contención de derrames, extintores de última generación y planes de contingencia auditados por terceros independientes. Además, resulta obligatorio contar con seguros de responsabilidad civil y ambiental vigentes.

De esta forma, cada estación móvil queda sujeta a inspecciones periódicas por empresas habilitadas y se incorpora al registro oficial con idénticos requisitos de seguridad que una estación fija tradicional, garantizando operación responsable tanto para los usuarios como para el entorno.

Sanciones: hasta 160.000 litros de multa

El nuevo régimen cierra toda puerta a la informalidad y establece castigos de extrema severidad. Cualquier operador que funcione sin autorización o vulnere las normas de seguridad enfrentará multas equivalentes a 160.000 litros de nafta súper —cifra que supera los $180 millones al precio vigente—, junto con clausura inmediata de la unidad, inhabilitación definitiva para seguir operando y responsabilidad penal directa en caso de daño ambiental o a terceros.

Con esta resolución, el Gobierno avanza en la liberación progresiva del sector. Ya no será necesario esperar años de trámites para abrir una boca de expendio ni depender exclusivamente de las grandes banderas. Cualquier empresa que cumpla los estándares técnicos podrá instalar una estación móvil en cuestión de semanas.