El Gobierno autorizó un nuevo aumento de los biocombustibles
Autorizaron nuevos valores para el bioetanol y el biodiesel a partir de este mes, con subas del 1,3% y la restitución del corte obligatorio de biodiesel al 7,5%.
El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento en los precios de los biocombustibles. La actualización fue oficializada este viernes mediante dos resoluciones de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por su titular, María Carmen Tettamanti. En promedio, los incrementos rondan el 1,3% y comenzarán a regir a partir de este mes.
La medida alcanza tanto al bioetanol, elaborado a base de caña de azúcar y de maíz, como al biodiésel, insumos clave para el esquema de cortes obligatorios establecido por la Ley 27.640. La última actualización de precios había sido definida el 1 de diciembre pasado.
Nuevos precios para el bioetanol de caña y maíz
A través de la Resolución 611/2025, la Secretaría de Energía fijó los precios mínimos de adquisición del bioetanol destinado a su mezcla con naftas. Para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, el valor fue establecido en $976,457 por litro, mientras que el bioetanol producido a partir de maíz quedó en $894,949 por litro.
Según lo dispuesto oficialmente, estos precios regirán para las operaciones que se realicen durante enero de 2026 y se mantendrán vigentes hasta que se publique una nueva actualización. Desde el área energética aclararon que se trata de valores mínimos obligatorios para las transacciones en el mercado interno.
La resolución también ratificó que el plazo de pago del bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente.
Aumentos para el biodiésel
En paralelo, mediante la Resolución 612/2025, el Gobierno definió un nuevo precio para el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. El valor fue fijado en $1.797.881 por tonelada para las operaciones de enero.
En este caso, el plazo de pago será menor: no podrá exceder los siete días corridos desde la facturación, según estableció la normativa.
La resolución también dispuso la restitución del porcentaje de corte obligatorio de biodiesel en el gasoil al 7,5%. Ese nivel había sido reducido transitoriamente al 7% en noviembre pasado, como respuesta al encarecimiento del aceite de soja, principal insumo del biodiesel.
El debate por una nueva ley de biocombustibles
En octubre, la Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó formalmente al ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el respaldo del Ejecutivo a un proyecto de Ley de Biocombustibles impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas.
Ese espacio reúne a Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, y la iniciativa ya cuenta con estado parlamentario tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Desde la UIA sostienen que una nueva ley permitiría agregar valor a la producción de caña de azúcar, maíz y soja, reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y dinamizar inversiones y empleo en las economías regionales.
Desde el Ejecutivo advierten que los proyectos actualmente en debate no logran un consenso suficiente. Así lo expresó el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Veller, durante su exposición ante la Comisión Plenaria de Minería, Energía y Combustibles del Senado.
“Las iniciativas parlamentarias que se están discutiendo no tienen suficiente consenso y generarían impactos económicos y fiscales”, sostuvo el funcionario.
La propuesta oficial
Veller remarcó que, tras un año de diálogo con los distintos actores del sector, existe un diagnóstico compartido: “La ley actual está completamente agotada”. El marco vigente está definido por la Ley 27.640, sancionada en 2021.
En ese sentido, el Ejecutivo trabaja en un proyecto que plantea una transición gradual hasta 2027, cuando los cortes obligatorios pasarían del 12% al 15% en etanol y del 7,5% al 10% en biodiesel. Según el subsecretario, el cronograma busca “dar previsibilidad a los actores sin comprometer el equilibrio fiscal”.
La iniciativa oficial también contempla una transición de seis años hacia un mercado libre de biocombustibles, con un horizonte de plena liberalización en 2032. En ese proceso, los cupos actuales se irían reduciendo progresivamente hasta desaparecer.
“Una parte del mercado tiene que ir hacia la posibilidad de discutir libremente las condiciones de comercialización, no de manera inmediata pero sí gradual”, explicó Veller.
Entre los ejes centrales del proyecto, el Gobierno propone reemplazar la fijación administrativa de precios por un esquema de licitaciones públicas, a cargo de una entidad independiente. “Ya no va a haber un funcionario que determine cuál es el precio”, adelantó el subsecretario. El valor máximo estaría dado por la paridad de importación, permitiendo que la competencia defina precios más eficientes.
Además, a partir de 2027 se habilitaría el co-procesamiento de materia prima no fósil en refinerías, con un crecimiento progresivo hasta alcanzar el 3% en 2031. El esquema también prevé mecanismos para mitigar impactos negativos sobre pequeñas y medianas empresas, incluyendo la posibilidad de incrementos voluntarios del corte en determinadas jurisdicciones.
“Va a haber situaciones difíciles de gestionar. Hay antecedentes a nivel mundial, por ejemplo, algunos estados norteamericanos tienen mayores cortes y los gestiona cada uno”, concluyó Veller.
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