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El laberinto eléctrico: ¿Qué paga el usuario en la boleta?

La gran distorsión de precios en el país está relacionada con el costo de distribución y la carga impositiva de cada jurisdicción.

El debate del descongelamiento de las tarifas del servicio público de electricidad generó fuertes rispideces en el equipo económico del gobierno nacional, que derivaron en un incremento del 9% para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cada vez que las tarifas se ponen en discusión en la agenda pública, surge un gran interrogante: ¿por qué en algunos lugares del país la luz es más cara que en otros?

Durante la desregulación y privatización del sector eléctrico argentino en los 90, la industria fue separada en sus tres etapas: generación, transmisión y distribución, con estructuras bien diferenciadas.

Por sus características intrínsecas, el sector de la generación se concibió como un mercado en competencia; mientras que el transporte y la distribución, al ser monopolios naturales, se concesionaron y se sometieron a una regulación por incentivos y resultados. Por lo tanto, las tres etapas básicas para la provisión de energía eléctrica poseen particularidades que luego impactan en la boleta final que paga el usuario.

Las tarifas del servicio público de distribución eléctrica están conformadas por cuatro componentes: el costo de compra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el costo de distribución o valor agregado de distribución (VAD), el transporte y los impuestos. El costo de distribución es uno de los principales aspectos en donde se concentran las diferencias tarifarias entre las jurisdicciones.

Esas divergencias están relacionadas, por un lado, con los gastos que afronta una distribuidora: cuanto mayor sea la densidad poblacional de un área de prestación del servicio, menores son los costos por usuario. Llevar la energía a localidades aisladas de pocos habitantes es más oneroso que hacerlo en grandes centros urbanos donde hay un aprovechamiento más eficiente de la infraestructura. De esa forma, el VAD varía de acuerdo con el lugar geográfico de prestación, las inversiones comprometidas por las distribuidoras, las pérdidas de energía y la calidad del servicio.

Además, otra parte importante de las diferencias entre lo que pagan los usuarios a lo largo y a lo ancho del país está relacionada con las decisiones de los poderes concedentes, que pueden ser la Nación (en el caso de Edesur y Edenor), las provincias (ya sea a través de empresas públicas como el EPEN en Neuquén o concesiones privadas como Edersa en Río Negro) y los municipios (donde generalmente los servicios son prestados por cooperativas locales).

Tras la salida de la convertibilidad y hasta 2015, periodo en que las tarifas estuvieron muy retrasadas, muchos municipios y provincias aprovecharon para cargar en la boleta de la luz una gran diversidad de impuestos y tasas. La alta cobrabilidad que tiene el servicio eléctrico les sirvió a los poderes concedentes locales como una forma de garantizarse recaudación. Por ejemplo, en Neuquén capital, la tasa de alumbrado público, servicio que presta el municipio, estuvo incluida dentro de la boleta de CALF y atada a un porcentaje de consumo de energía.

En promedio, la factura de un usuario está compuesta en un 50% por el VAD, un 25% por el precio mayorista de la energía y un 25% por los impuestos y tasas.

Una cuestión importante a tener en cuenta es que, en Argentina, el usuario final no paga el 100% de lo que cuesta producir la energía. Gran parte de ese costo lo asume el Estado nacional a través de subsidios cada vez más onerosos y, en ocasiones, regresivos.

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> Subsidios: un debate que divide al Gobierno

Las tarifas energéticas están fuertemente subsidiadas en la Argentina. En el caso de la electricidad, conviven dos regímenes: la tarifa social, aplicada a los hogares de bajos recursos, y el subsidio transversal que absorbe el diferencial entre el costo mayorista de la energía eléctrica y el precio que pagan los usuarios.

Los subsidios energéticos en Argentina promediaron el 2% del PBI entre 2007 y 2018, con una trayectoria creciente hasta el 2014. El año pasado alcanzaron el 2,2% del PBI, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, planea mantener ese nivel en 2021. Sin embargo, para lograrlo, las tarifas deberían aumentar más del 30%, situación que no es compartida por el ala del gobierno que responde a Cristina Fernández, que considera que a raíz de la crisis económica agravada por la pandemia, no es momento de incrementos de tal magnitud para los golpeados bolsillos de los argentinos.

Una salida a esa encrucijada es la segmentación de tarifas, de manera que los usuarios de mayores ingresos paguen el precio pleno que cuesta la energía y que se subsidie a quienes realmente lo necesiten. La segmentación no es una tarea sencilla, ya que requiere del acceso a datos de los contribuyentes que no maneja la Secretaría de Energía y que están en manos de otras agencias del estado como la AFIP y la Anses, y que se rigen bajo ciertas normas de confidencialidad.

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