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Proponen modificar la regulación de las represas hidroeléctricas

Un informe elaborado por el gobierno de Neuquén señala que es necesario cambiar las leyes que generan controversias entre la Nación y las provincias.

El gobierno de la provincia de Neuquén elaboró un informe que contiene un análisis político y jurídico de las concesiones de las represas, cuyos contratos vencen el próximo año, situación que genera fricciones con la Secretaría de Energía de la Nación.

El documento al que accedió +e, y que fue girado a la Legislatura neuquina y a la comisión conformada entre los gobiernos de Neuquén y Río Negro, plantea una serie de propuestas con énfasis en el rol protagónico que deben tener las provincias en las decisiones sobre el futuro de las concesiones, como dueñas de los recursos hídricos.

En 2023, vencerán los contratos para la operación, mantenimiento y explotación comercial de las represas El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá, sobre el río Limay; y el Complejo Cerros Colorados, en el río Neuquén, que el Estado nacional otorgó en 1993 a empresas privadas.

El informe indica que es necesario discutir el esquema normativo de generación de energía eléctrica, así como su interpretación, que genera controversias sobre el alcance de las atribuciones federales y provinciales. Así es que se propone repensar un marco regulatorio superador que contemple un mayor protagonismo a los estados provinciales en la gestión, administración y explotación de sus recursos naturales.

“Las tensiones del sistema vigente entre las provincias y el Estado nacional son evidentes en el estudio de las competencias alrededor de la energía hidroeléctrica. Se utiliza intensivamente un recurso localizado bajo jurisdicción provincial pero dentro de una red federal. Entra así en tensión el dominio y uso local del agua, junto a su aprovechamiento para el sistema de alimentación energético nacional”, reconoce el análisis.

Crítica a Darío Martínez

Además, critica la creación del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC) por parte de la Secretaría de Energía de Nación, que dirige Darío Martínez, al considerar que afecta el reparto de competencias constitucionales, porque está integrado solo por actores del ámbito nacional, sin participación efectiva de las provincias titulares del recurso agua.

“Dicho acto administrativo de carácter reglamentario es inválido. Sus estudios y conclusiones que allí puedan confeccionarse resultarían inoponibles al dominio originario de las provincias titulares de los recursos hídricos”, asegura el informe elaborado por el gobierno neuquino.

La Provincia propone discutir el futuro de las concesiones de las represas en el ámbito de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), organismo encargado de administrar, controlar y establecer las normas de manejo y preservación de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Río Negro y que está integrado por el Estado Nacional y las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

Tras la privatización de Hidronor, en 1993, la AIC quedó como autoridad de aplicación de los contratos de concesión, en materia de manejo de aguas, protección del ambiente y defensa civil.

“Cierto es que el estado nacional posee un interés indiscutible en la generación de la energía eléctrica puesto que la misma resulta imprescindible para todo el desarrollo económico y social del país. Pero no menos lo es que la generación de la energía no deja de ser un uso y aprovechamiento del recurso natural provincial. Y salvo mala fe o abuso de derecho, la provincia debe tener potestad para ser parte necesaria en diversos aspectos que hacen a la generación de energía hidroeléctrica a partir del uso de un recurso incorporado al dominio provincial”, destaca el informe.

A su vez, se plantea que dentro de la discusión por el futuro de las concesiones, debe incluirse el relamo de Neuquén y Río Negro para la restitución de la Tarifa Comahue, que reconozca a la región como productora de energía eléctrica, beneficio que se perdió en 1991.

Se estima que la reducción de tarifas que pagarían los usuarios sería de entre 15% y 40%, según las categorías de usuarios y usuarias.

Regalías

Otro punto el conflicto con Nación es el cobro de las regalías, un impuesto equivalente al 12% del valor de la energía producida las concesionarias de las centrales hidroeléctricas en el mercado spot, que perciben las provincias a modo de compensación por los perjuicios que produce la utilización del agua.

En los últimos años, con el precio de la energía eléctrica congelado por el Estado nacional, las condiciones del efectivo cobro de las regalías hidroeléctricas cambiaron, lo cual originó reclamos por parte de las provincias.

El informe indica que “el espíritu de la ley dispone que se debe cobrar por el monto de las ventas realizadas por la empresa generadora. Sin embargo, en la actualidad el cálculo para el cobro de las regalías se realiza por el valor mayorista fijado en pesos por la Secretaría de Energía de la Nación, valor puede quedar fijo y a discreción, lo cual impacta directamente en la recaudación de las provincias”.

La controversia se origina por la diferencia del precio que fijó la Secretaría de Energía de la Nación a $720 Mwh (en valores de agosto de 2021) y el valor por el cual las empresas, como la provincial EPEN, compran la energía en el mercado SPOT (a $2660 Mwh).

La provincia del Neuquén realizó un reclamo formal a la Secretaría de Energía de la Nación aduciendo el pago atrasado de 1164 millones de pesos más intereses entre 2017 y 2021.

En respuesta, la Secretaría de Energía de la Nación actualizó el monto de pago de regalías a $930 Mwh, en septiembre de 2021, pero no respondió la demanda provincial por lo adeudado.

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