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Giro en el juicio por YPF: Argentina busca evitar la entrega de acciones

El gobierno presentará un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, en un nuevo intento por sostener la suspensión del fallo que obliga al país a ceder acciones de la petrolera bajo control estatal.

El Gobierno argentino presentará mañana martes 22 de julio un escrito judicial ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de mantener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, en el marco del juicio por la expropiación de la compañía.

La medida busca evitar que se reactive la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a pagar US$16.100 millones. La defensa argentina solicitará extender la suspensión mientras dure el proceso de apelación.

El giro en la postura de los demandantes

En las últimas horas, los beneficiarios del fallo notificaron a la Corte que no desean quedarse con las acciones de YPF, aunque exigen que Argentina deposite una garantía para seguir adelante con la apelación.

Este cambio se produce luego de que el Gobierno de Estados Unidos respaldara la posición argentina con un “amicus curiae”, una presentación legal no vinculante pero influyente.

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Argentina apeló el fallo de la jueza Loretta Preska sobre el caso YPF.

Argentina apeló el fallo de la jueza Loretta Preska sobre el caso YPF.

Riesgos si la Corte rechaza el pedido

Si el tribunal niega la solicitud argentina, se reactivará la orden de ejecución del fallo, lo que obligaría al país a entregar las acciones de YPF o enfrentar un posible desacato judicial.

Aunque la figura del desacato no está prevista para Estados soberanos, podría derivar en sanciones económicas o reputacionales, afectando el acceso de Argentina a los mercados internacionales y su imagen frente a organismos crediticios.

Esta instancia es clave para preservar el control argentino sobre YPF mientras se dirime el litigio. También marcará el tono de la relación judicial entre Argentina y los tribunales estadounidenses durante los próximos meses.

Sospechan que hubo filtraciones de información

Fuentes oficiales admitieron a Noticias Argentinas que existe malestar en el presidente Javier Milei por la estrategia que llevó adelante la Procuración del Tesoro en este juicio sin precedentes.

Algo de alivio llegó en las últimas horas cuando el gobierno de Donald Trump decidió intervenir en el juicio por YPF y sumarse como “amicus curiae”, un formato que le posibilita a otro país soberano presentarse y dar su opinión sobre la marcha de una causa tan sensible como esta.

En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran probable que haya habido filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.

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La jueza Loretta Preska falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a YPF.

La jueza Loretta Preska falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a YPF.

Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo buitre Burford -especialista en este tipo de litigios-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.

En el marco del achique de personal, la Procuración reducirá sus Direcciones Nacionales de seis a cuatro, y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela.

El caso llamativo de Castro Videla

Por ahora, Castro Videla seguiría, porque tiene como poderoso padrino a Santiago Caputo, uno de los integrantes del “Triángulo de hierro”, el núcleo de poder, en términos explicados por el propio Javier Milei.

Según informó Clarín, el nombramiento en su momento de Castro Videla, “llamó la atención, dado que es socio de un constitucionalista que apoyó la postura del fondo Burford contra YPF, en el litigio en el que que está en juego el pago de los 16 mil millones de dólares, el juicio más grande que afronta el Estado argentino”.

Ese medio también indicó que el jefe de los abogados del Estado “pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska”.

En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.

En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.

El martes pasado, el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración.

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