Política

El petróleo de Malvinas: el reclamo de soberanía y el potencial

En 2011 se promulgó en Argentina la ley 26659 que declara clandestinas a las empresas que operen en la plataforma continental de las islas, ya que deberían estar inscriptas en el país para poder hacerlo. La politóloga Daniela Varela aportó datos sobre las áreas en ese punto del Atlántico Sur y del avance de los proyectos.

Sofía Sandoval - ssandoval@lmneuquen.com.ar

Las exploraciones y estudios sísmicos que se llevan adelante desde la década del 90 en el mar circundante a las Islas Malvinas podría derivar, en pocos años, en el inicio de la fase de producción off shore, algo que podría complicar aún más los reclamos de soberanía que sostiene el gobierno argentino frente al Reino Unido.

Daniela Varela, politóloga y magíster en Energía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), ofreció una conferencia en el Instituto Mosconi para dar a conocer el potencial de producción de hidrocarburos que existe en el territorio conocido como Cuenca Malvinas, y cuya explotación se podría traducir en grandes ganancias para los ocupantes del archipiélago.

¿En qué contexto se da la exploración de hidrocarburos en Malvinas?

Hay una disputa desde 1833 entre Argentina y el Reino Unido, en donde Argentina no reconoce la ocupación británica su gobierno o sus normas. Por lo que consideramos que toda exploración es ilegal. Se dieron permisos de exploraciones en 1998, 2010, 2012 y 2015. Son cuatro campañas que consideramos ilegales porque se dan en el territorio que el gobierno británico reconoce como territorio de ultramar de las islas.

¿En qué lugar se avanzó con las exploraciones?

En Malvinas Norte y Malvinas oriental se hicieron perforaciones y campañas sísmicas. En el 98 se dijo que el Atlántico Sur sería el nuevo Mar del Norte por la riqueza que podría tener, pero debía explorarse. Con distintas campañas se delimitó el territorio Sea Lion, a 200 kilómetros de las islas. Es un área asignada en 1991 a dos empresas y muy delimitada, donde ya se realizó la fase de exploración y podría comenzarse la fase de producción en 2021.

¿Cuál es la potencialidad de los recursos en la zona?

Se van entregando licencias con 30 bloques cada una. En la licencia 32 hay varios puntos donde se ha encontrado petróleo a partir de una perforación. En el resto del mapa aún no se conoce demasiado la potencialidad porque, a pesar del trabajo intenso, no se observan tantos puntos negros en la zona. Dentro de este reservorio se piensa en una producción a 20 años de 520 millones de barriles a través de dos fases de extracción. Es actualmente la posibilidad más cercana de llegar a fase de extracción, mientras que el gas se lo plantean para autoconsumo, no plantean la exportación, pero sí para el petróleo.

¿Hubo antecedentes de exploraciones previas?

Antes de 1998 se comenzó con algunas campañas sísmicas y muy pocas perforaciones. Hubo dos campañas sísmicas en 1993 y 1997, una de ellas comandada por Shell que determinó los lugares para iniciar las exploraciones.

¿Qué participación tiene o puede tener la Argentina en estos proyectos?

Recordemos que estas campañas son consideradas ilegítimas. Un dato interesante es que la normativa que plantea el Departamento de Recursos Minerales de las islas es que podrían llegar a participar empresas argentinas que no tengan más del 49% de participación y no tenga poder de decisión, pero hasta el momento no sucedió. Argentina ya realizó los reclamos para que no se realicen actividades unilaterales porque eso va en contra de las regulaciones de la Naciones Unidas, que convoca a negociar y no iniciar acciones unilaterales. En ese sentido, el país realizó reclamos frente a los gobiernos británicos y envió misivas a las empresas que participan y a las bolsas donde cotizan, no sólo a las licenciatarias.

¿Qué otro avance hizo la Argentina para reclamar esta posición ilegítima del Reino Unido?

En 2011 se promulgó la ley 26659 en donde se declara a las empresas como clandestinas, ya que deberían estar inscriptas en el país para operar en la plataforma continental de las islas, por lo que sus actividades son ilegales. En 2013 se agregó una modificación, a través de la ley 26915, que incorpora la instancia judicial de este reclamo. Uno de los puntos centrales es que estas leyes plantean que no hay restricción a todas empresas con participación directa e indirecta. Las directas sí se sancionaron, pero la participación indirecta es muy amplia: hay empresas accionistas de licenciatarias, prestadoras de servicios, logística medicinal, consultoría. A lo largo de mi tesis fui encontrando cientos de empresas que participaron alguna vez y hay que hacer un trabajo más amplio para encontrar a todas.

¿Esta normativa ya tuvo consecuencias?

Dos empresas de gran porte, una americana y otra italiana, se retiraron de las campañas. Sin embargo, aún quedan cinco licenciatarias, algunas creada específicamente para la exploración en Malvinas y el desarrollo de Sea Lion, y otra británica que existe desde 1934. Las licenciatarias son Premier Oil Plc, Rockhopper Exploration Plc, Denholm Oil and Gas Ltd., Argos Resources Ltd, y Borders and Southern Petroleum.

¿Cómo sigue el proceso de exploración en las islas?

Cuando se hizo la última campaña, en 2015, el barril estaba a 145 dólares y se pensó un plan a 25 años que se redujo a 20 a partir de la caída de los precios y la necesidad de cambiar la logística para reducir costos. También se modificaron las fechas de inicio, que se había pensado para 2017, después para 2019 y ahora para 2021. Es posible que aún se postergue, pero el problema es que, una vez que se inicie la producción, es muy difícil dar marcha atrás y continuar con el reclamo, sólo se puede pedir una indemnización si se reconoce nuestra soberanía. Para que comiencen a producir necesitan mayor desarrollo de infraestructura pero no podemos trabajar con la hipótesis de que no van a producir. Al contrario, debemos reforzar nuestra logística para el off shore para reclamar nuestra posición.

¿Qué posición debería tener Argentina con respecto al off shore?

Hay que mirar al Atlántico Sur en su conjunto y pensar en una estrategia sustentable. Hay que afianzar la estrategia en el off shore porque desconocemos los recursos que tenemos en la plataforma. La Argentina sumergida es más extensa que la Argentina emergida, nuestro territorio es muy grande y hay que verlo no sólo desde los hidrcarburos sino desde la defensa, la ciencia y el medio ambiente. Es costoso pero, si queremos consolidar soberanía argentina, eso implica mirar un poco más al Atlántico.

¿Qué expectativas tiene en relación a la postura que tomará el nuevo presidente?

Es difícil saberlo con el cambio de gobierno pero el Reino Unido, y atrás el gobierno de las islas, lo piensan a largo plazo y más allá de las gestiones, y van consolidando su posición en la plataforma continental argentina. Dado que nosotros tenemos una estrategia, necesitamos cargarla de elementos, explorar áreas no disputadas, generar desarrollo del Atlántico, y propiciar el involucramiento de la sociedad a la gente que investiga este tema y puede hacer un aporte valioso. Ningún gobierno se puede alejar de esa postura, queremos sentarnos a reclamar por ejercicio pleno de soberanía. Ojalá que lo tengan presente. Lo han expresado varias veces y se puede esperar que suceda.

¿Por qué es necesario reclamar ahora?

Nunca se puede dejar de reclamar y evitar que exista cualquier actividad unilateral británica. Si se extrajeran los 520 MMbbl de petróleo de Sea Lion y si a los efectos de este cómputo se utiliza un promedio diario del precio de cierre del petróleo Brent estimado en US$ 80 por barril y la tasa efectiva de las regalías del 9%, el gobierno de las islas habrá percibido alrededor de US$ 3.744 millones a lo largo del proyecto, lo cual equivale a 11,8 veces el PBI anual de las islas correspondiente a 2012, que fue de £198.400.000 según el anuario estadístico de 2014 del gobierno de las Islas Malvinas. Es un ingreso considerable, por lo que en 20 años no van a suceder negociaciones si es realmente rentable para el gobierno británico. Y eso es sólo lo que sabemos por la información pública a la que tenemos acceso.

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