El Gobierno presentó su propuesta para los biocombustibles: "La ley actual está completamente agotada"
El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, presentó ante el Senado la propuesta oficial para una nueva Ley de Biocombustibles. Planteó un esquema de cortes hasta 2027.
El subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Veller, expuso este miércoles ante la Comisión Plenaria de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara de Senadores los lineamientos de la nueva Ley de Biocombustibles que impulsa el Ejecutivo. Durante su intervención, advirtió que las iniciativas parlamentarias que actualmente se debaten “no tienen suficiente consenso” y generarían impactos económicos y fiscales.
El funcionario explicó que los proyectos de ley presentados en el Congreso, que buscan elevar el corte de biocombustibles hasta un 18% implicarían “un aumento inmediato de hasta 10% en el precio del surtidor”, lo que encarecería los costos logísticos y afectaría a toda la economía. "Hay oposiciones de índole individual y de índole sectorial”, señaló.
Además, precisó que los mecanismos de precios que refieren a la paridad de importación “son hasta 2,2 veces más caros que su alternativa fósil”.
En tanto, desde el lado fiscal, el subsecretario indicó que el impacto sería significativo: por cada punto porcentual de incremento en el corte, el Estado dejaría de percibir 55 millones de dólares al año por biodiésel y 9 millones de dólares por bioetanol. En un horizonte de cinco años, la propuesta del 18% representaría un costo superior a 4.000 millones de dólares para las cuentas públicas.
"La forma en que está concebido el proyecto actual genera ciertos privilegios a perpetuidad, de acuerdo al texto actual, imposibilitando la posibilidad de fomentar la eficiencia, la innovación y la libertad de mercado en la industria de los biocombustibles", expresó. "Luego de 20 años de promoción de esta industria o de existencia de esta industria, vamos a continuar, por ejemplo, otros 18 años asegurando que la producción sea exclusivamente de producción nacional, tanto de las materias primas como de los productos", agregó.
A principios de octubre, la Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó formalmente al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el acompañamiento del Ejecutivo al proyecto de Ley de Biocombustibles promovido por la Liga de Provincias Bioenergéticas, entre las que figuran Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, y que ya cuenta con estado parlamentario en ambas cámaras.
Según la UIA, la ley agregaría valor a la producción de caña de azúcar, maíz y soja, reduciría la dependencia de combustibles fósiles importados e impulsaría inversiones y empleo en las provincias productoras.
Biocombustibles: la propuesta del Gobierno
El subsecretario destacó que, tras un año de diálogo con los distintos actores de la cadena de valor, existe un diagnóstico común: “La ley actual está completamente agotada”. El marco regulatorio actual está contemplado en la Ley 27.640, sancionada a mediados de 2021.
“Es sumamente complejo encontrar una posición que deje contentas a todas las partes. A partir de múltiples contactos con todos los sectores y especialmente en diálogo directo con los representantes de las provincias de la Liga Bioenergética, venimos trabajando en una propuesta alternativa que representa una posibilidad real de una ley de consenso capaz de redefinir un escenario de certidumbre, de crecimiento y evolución para la industria del biocombustible", completó.
El proyecto oficial plantea una transición gradual hasta 2027, cuando los cortes se elevarían de 12% a 15% en etanol y de 7,5% a 10% en biodiésel. Según Veller, este cronograma permite “dar previsibilidad a los actores sin comprometer el equilibrio fiscal”, una de las prioridades de la actual administración.
Asimismo, la propuesta contempla una transición de seis años hacia un mercado libre de biocombustibles, con un horizonte de plena liberalización en 2032. En ese proceso, los cupos irán reduciéndose gradualmente hasta desaparecer.
“Una parte del mercado tiene que ir hacia la posibilidad de discutir libremente las condiciones de comercialización, no de manera inmediata pero sí gradual”, explicó.
El Ejecutivo propone además incorporar licitaciones públicas para la determinación de precios, que serán realizadas por una entidad independiente. “Ya no va a haber un funcionario que determine cuál es el precio”, adelantó el subsecretario. El valor máximo en este esquema será la paridad de importación, y se permitirá que la competencia defina progresivamente precios más eficientes entre los valores de importación y exportación.
Otro eje del proyecto es permitir, a partir de 2027, el co-procesamiento de materia prima no fósil en refinerías, con un crecimiento paulatino hasta alcanzar 3% en 2031.
Además, se prevén mecanismos para mitigar posibles efectos adversos del nuevo esquema sobre pequeñas empresas. En ese sentido, se contempla la posibilidad de realizar incrementos voluntarios del corte en jurisdicciones donde resulte estratégico para el desarrollo regional, siguiendo modelos aplicados en algunos estados de Estados Unidos. "Va a haber situaciones difíciles de gestionar. Hay antecedentes a nivel mundial, por ejemplo, algunos estados norteamericanos tienen mayores cortes y los gestiona cada uno", sostuvo.
“Estamos ante una oportunidad muy importante y están dadas las condiciones para encontrar un equilibrio. Los invito a todos los actores de la cadena a continuar este camino y trabajar en esta propuesta que incluye diferentes miradas y diferentes posiciones”, dijo Veller.
Para finalizar, el subsecretario aseguró que la nueva ley “va a generar un camino de evolución para la industria, certidumbre y eficiencia en la cadena de valor”, al tiempo que impulsará nuevas inversiones “para generar dinamismo en las regiones productivas”.
En esta nota
Dejá tu comentario
Te puede interesar